La Cámara de Comercio de Lima (CCL) dio a conocer el desempeño de 16 instituciones públicas evaluadas en la XXII Encuesta Anual de Ejecutivos (EAE 2024), donde la mayoría muestra un bajo desempeño institucional.

La encuesta EAE 2024, encargada a la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID) Latinoamérica, recoge una muestra representativa de ejecutivos de pequeñas y medianas empresas de Lima Metropolitana, a fin de conocer la percepción del sector empresarial sobre el desempeño del gobierno y su entorno político.

BCR LIDERA APROBACIÓN

Según la opinión del sector empresarial, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se consolida como la institución con mayor credibilidad con una aprobación del 76 % de los encuestados, atribuido a su trayectoria, autonomía y la calidad en su plana profesional.

“Esta percepción se le atribuye a la buena gestión y esfuerzos del BCR en controlar la inflación dentro del rango meta (entre 1 % y 3 %), así como el buen manejo de la política monetaria”, subrayó Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL.

La segunda entidad con mayor aprobación fue la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) con 37 %; mientras el 39 % de los encuestados lo considera regular y el 19 % deficiente en su gestión.

No obstante, entidades técnicas como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) mantienen una aprobación baja del 29 % y 25% respectivamente.

De igual manera, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene una aprobación del 22 %, mientras el 33 % y el 41 % opina que la gestión fue regular y deficiente, respectivamente. “A pesar de la recuperación del PBI, el incremento del déficit fiscal a lo largo del año explicaría este bajo porcentaje de aprobación”, anotó Óscar Chávez.

La baja aprobación también se observa en la Contraloría General de la República con una desaprobación del 53 % versus al reducido 11 % de ejecutivos que aprueban como buena.

CON PEOR DESEMPEÑO

Por otro lado, el Congreso de la República enfrenta un nivel extremo de desaprobación con 88 %, situación que se ha mantenido en los dos últimos años, lo que refleja la percepción de inacción, polarización e incapacidad para resolver problemas estructurales.

En el caso del Ministerio del Interior (Mininter), la institución presenta también un alto nivel de desaprobación (84 %), resultado que evidencia un aumento respecto al año anterior debido principalmente a la deficiente respuesta frente al incremento de la inseguridad.

Un hecho que resalta respecto a años anteriores es la amplia caída en la calificación del Poder Judicial que ocupa el tercer lugar de las instituciones públicas menos eficientes, pues saltó de 77 % de desaprobación (en 2023) a 82 % al presente año. Solo el 11 % de los encuestados califica la gestión como regular y 4 % como buena.

“Esta situación refleja el impacto negativo que genera la creciente criminalidad y la falta de resultados concretos en materia de confianza en el entorno empresarial”, sostuvo Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL.

Así también, el Ministerio de Educación tiene una calificación desaprobatoria del 71 % que, según los encuestados, la institución evidencia la falta de resultados tangibles en áreas críticas como la mejora de la calidad educativa.

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¿Cuál es el avance de la Secretaría de Integridad Pública en el trabajo de evaluación para la implementación del Modelo de Integridad?

En junio pasado cerramos la primera parte del proceso de evaluación del Índice de Capacidad Preventiva. A diciembre de 2022, se evaluaron los avances de 182 entidades respecto a la implementación del Modelo de Integridad que tiene nueve componentes, entre ellos la implementación de canales de denuncias, la gestión de riesgos y la adecuación normativa. En su conjunto, estos componentes deberían fortalecer la cultura de integridad de una entidad pública.

Asimismo, este año hemos cerrado el proceso de presentación de su autoevaluación. Estas entidades resuelven un cuestionario y registran una serie de documentos que son las evidencias que refuerzan las respuestas que han brindado a este cuestionario. Son 152 aspectos evaluados. Una vez que ellos cierran esta autoevaluación, hacemos la revisión y esperamos tener listo nuestro informe de cierre de la evaluación del primer semestre, este mes. Aproximadamente 190 entidades ya pasaron este proceso de evaluación.

¿Cómo impacta el Modelo Integridad en las entidades públicas y cuántas ya fueron evaluadas?

Impacta positivamente porque estas entidades del sector público, es decir, el Ejecutivo, organismos autónomos, Gobiernos regionales y Gobiernos locales, que se suman a este esfuerzo para la evaluación de diciembre, son la línea base sobre la que el Perú viene trabajando para prevenir y activamente ser parte del esfuerzo de la prevención en la lucha contra la corrupción. Creemos que ya el número de entidades que están en este momento implementando y acogiendo el modelo ya tienen un compromiso expresado. Estas entidades vienen siendo evaluadas desde el 2021 y año a año el número ha ido creciendo. Eso significa que el modelo está teniendo receptividad.

Este escenario se hace cada vez más retador, ya que cada año se suman otras entidades públicas. En 2021 fueron 150 entidades y en 2022, 182. Si bien es cierto, que en junio estamos cerrando con más de 190, para el segundo semestre se han sumado gobiernos locales, Diris y hospitales. En ese sentido, esperamos cerrar 2023 con más de 290 entidades públicas en el esfuerzo de asumir la cultura de integridad.

Desde nuestra institución lo que queremos es ir poco a poco haciendo que en las entidades públicas se interiorice que la mejor lucha contra la corrupción es el trabajo preventivo. En este proceso de mejora continua al que nosotros apelamos con el Modelo Integridad, lo que estamos buscando es que la entidad entienda que, mientras más trabajemos en hacer una adecuada gestión de riesgos y en identificar los posibles riesgos de corrupción, podremos buscar acciones para mitigarlo.

¿Cuánto contribuye esta iniciativa en el cumplimiento de compromisos internacionales de nuestro país?

Nosotros creemos que, en los espacios internacionales, ya sean en los espacios de la Organización de Estados Americanos (OEA); de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la OCAT; de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del Foro Anticorrupción o la Red Latinoamericana de Integridad que somos parte.

Lo que se está tomando en consideración es que, a partir del estudio que la OCDE le hizo al Perú en 2017 y luego en 2021, y en el que hicieron muchas recomendaciones sobre cómo abordar, a partir de la Integridad, la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos acogido esas recomendaciones en el Modelo de Integridad en nuestro país.  Entonces, sí, es muy importante sostener este avance.

En ese sentido, la Secretaría de Integridad Pública tiene un reto mayúsculo que no es solamente sostener la continuidad de las entidades que han apostado por ser parte de esa línea de base del país, sino, además, continuar sumando a más entidades públicas en ese esfuerzo.

¿Cómo se vienen trabajando estas acciones de lucha contra la corrupción desde el sector privado?

Si algo ha cambiado en los últimos años es que el sector privado ya no solo es el auditor y crítico de la administración pública. Y es que, los últimos sucesos de corrupción que han implicado a grandes empresas, tales como el soborno transnacional y la corrupción organizada, invitaron al sector privado a reflexionar y a mirar hacia adentro.

Desde ese autoanálisis han decidido tomar distancia de la corrupción y han implementado modelos de compliance en su gestión, los que incluso estaban un poco más avanzados que el compliance público; y han sido un referente e insumo para nosotros. Desde esos puntos comunes se ha encontrado una sinergia con el sector privado y la voluntad de trabajar en la lucha contra la corrupción.

¿Coméntenos sobre la reunión que sostuvieron la Secretaría de Integridad Pública de la PCM y la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)?

La CCL nos facilita este espacio para compartir estos temas de compliance y lucha contra la corrupción con sus agremiados. Además, encontramos puntos de trabajo y una agenda común que tenemos con el país. También en estos espacios el sector privado nos puede contar sus experiencias, esfuerzos y el y trabajo que viene desplegando  para convertirse en un agente de cambio.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) aprobó la ampliación de la vigencia de las certificaciones de profesionales y técnicos que laboran en los órganos encargados de las contrataciones (OEC) de las entidades públicas, que han vencido desde el 7 de diciembre de 2022 hasta la fecha, con eficacia anticipada, por un plazo de 60 días calendario.

Mediante Resolución Nº D000244-2022-OSCE-PRE, publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial «El Peruano», también se amplía la vigencia de aquellas certificaciones que están por vencer hasta el 13 de enero de 2023, inclusive, por el mismo plazo.

Estado de Emergencia

La medida responde al Estado de Emergencia por 30 días dispuesto por el Gobierno central mediante el Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, en vigencia desde el 14 de diciembre; para salvaguardar la integridad personal de los ciudadanos y autoridades.

Este acto resolutivo forma parte del Acuerdo N° 0001-0013-2022/OSCE-CD del Acta de Sesión de Consejo Directivo N° 0013-2022/OSCE-CD-Sesión Extraordinaria, donde el Consejo Directivo del OSCE acordó ampliar la vigencia de las referidas certificaciones, propuesta por la Dirección Técnico Normativa de la institución.

El OSCE ratifica su compromiso institucional cautelando la aplicación eficiente de la normatividad y la satisfacción de las necesidades de la población.