Bono docente 2025: quiénes recibirán S/ 400 y cómo se pagará

Para mejorar las condiciones laborales de los docentes en el Perú, el Gobierno ha anunciado la entrega de un bono de S/ 400, beneficiando a más de 400 000 maestros en todo el país. Con este ajuste, el sueldo base de los docentes aumentará a S/ 3 500.

¿Cómo será el aumento?

El ministro de Educación, Morgan Quero, explicó que el incremento se dará en dos partes: S/ 200 en marzo y S/ 200 en noviembre.

 

Asignaciones adicionales para docentes

Además del aumento, los docentes nombrados y contratados pueden recibir hasta cinco asignaciones temporales simultáneas, según la ubicación y características de su escuela. Estas asignaciones pueden aumentar sus ingresos hasta en S/ 950 mensuales y se aplican en los siguientes casos:

Ruralidad
Frontera
Bilingüe
VRAEM
Unidocente
Multigrado

Este ajuste salarial busca reconocer y mejorar la situación de los docentes en diversas regiones del país.

 

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Rosa Bueno: Congreso, una nueva oportunidad

El Congreso de la República inicia un nuevo ciclo con la instalación de la Mesa Directiva liderada por Lady Camones. La congresista tiene la labor de dirigir una institución que requiere mejorar su aceptación y cumplir con la responsabilidad de ejercer el control político del Ejecutivo de una manera eficiente y responsable. Más aún, cuando hoy la conformación del gabinete es un misterio.

 

La nueva directiva del Congreso enfrenta una grave crisis de credibilidad. La opinión pública desconfía de los congresistas, pues muchos han sido salpicados por acusaciones de corrupción. No aporta a mejorar su imagen la producción legislativa. Muchas leyes trascendentales duermen en comisiones o en el mismo pleno, mientras, por otro lado, se apresura la aprobación de normas populistas. El control político brilla por su ausencia.

 

En materia laboral tienen la oportunidad de corregir algunos errores del Ejecutivo. El 22 de agosto entra en vigencia el Decreto Supremo que ha impulsado el Poder Ejecutivo para restringir, hasta casi exterminar, la tercerización entre empresas. Esta norma ha merecido la crítica de los especialistas y, por supuesto, de las empresas, sobre todo las más pequeñas. Ha sido declarada como una barrera burocrática por el Indecopi, por carecer de un análisis regulatorio adecuado. También ha sido suspendida en su aplicación por varias medidas cautelares judiciales.

 

En el Parlamento existe un proyecto de ley que busca corregir este despropósito, sin embargo, este proyecto se encuentra en un cuarto intermedio, esperando ser visto por el Pleno del Congreso. Derogar esta norma es un deber imperativo del Congreso para no condenar al cierre a pequeñas empresas y generar así mayor desempleo.

 

Otra norma laboral que el Parlamento debe corregir es el Decreto Supremo que ha modificado el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que, al igual que la ilegal reglamentación sobre la tercerización, se publicó sin haber sido debatido en el Consejo Nacional del Trabajo, ignorando el necesario diálogo social que requieren este tipo de normas para tener legitimidad.

 

La referida norma cambia las reglas referidas a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, afectando el equilibrio y el funcionamiento democrático de las relaciones colectivas de trabajo que dispone nuestra Constitución, con un ánimo de masificar la creación de sindicatos y facilitar el uso de la huelga como instrumento de presión, sin un adecuado balance para no paralizar la actividad económica, justamente en momentos en los que más se necesita impulsar la reactivación económica y las inversiones.

 

Además, preocupa que los empleadores deban entregar las boletas de pago de remuneraciones de los trabajadores del ámbito negocial, correspondiente a los últimos seis meses anteriores a la fecha de la solicitud de información, dado que dicha información no solo es privada, pudiendo, en todo caso, ser entregada a voluntad del propio trabajador. Como verán, existen efectos negativos para los trabajadores, los que no han sido adecuadamente comunicados.

 

Finalmente, frente a los últimos hechos (delaciones) que involucran directamente al presidente Pedro Castillo en actos de corrupción, el reto que enfrenta el Congreso es grande. Tienen la responsabilidad de ejercer el control político. La ciudadanía y el Perú así lo exigen. ¡Manos a la obra!




Ejecutivo pedirá facultades en materia tributaria, salud y seguridad social

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció que el Ejecutivo pedirá al Congreso de la República facultades en materia tributaria, salud, y reforma de la seguridad social, durante su presentación en el Parlamento para solicitar el voto de confianza.

 

“Las medidas que buscamos implementar implican en parte que solicitemos respetuosamente facultades delegadas al Congreso en materia tributaria, en salud y en lo concerniente a la conformación de una comisión reformadora del sistema de seguridad social y de salud”, señaló.

 

Ello permitirá al Gobierno dar los primeros pasos para cumplir de inmediato con los compromisos que plantea y que, harán posible materializar las bases de un país moderno, próspero, que sea capaz de brindarnos las oportunidades para crecer con nuestro esfuerzo individual sin que deje de lado jamás el espíritu de comunidad fraterna y recíproca, remarcó.

 

Objetivos inmediatos

 

Bellido sostuvo que los objetivos inmediatos del Gobierno de Pedro Castillo son derrotar la pandemia producida por la COVID-19 y reactivar la economía peruana.

 

“Para ello nuestro gobierno tendrá que realizar denodados esfuerzos para aprovechar con eficiencia nuestro exiguo presupuesto”, remarcó.

 

Asimismo, indicó que esto se complementará con un conjunto de medidas orientadas a tener un Estado mejor financiado que dé comienzo a la sutura progresiva de brechas estructurales. Esta tarea no solo atañe a los representantes del Ejecutivo sino a todos los poderes del Estado, cuya contribución es crucial, acotó.

 

En ese sentido, remarcó que el Gobierno trabajará en el cobro de deudas tributarias y contribuciones.

 

«El Ejecutivo adoptará medidas para la cobranza efectiva y rápida de las deudas tributarias y creará contribuciones en función a las sobreganancias en actividades extractivas, en los casos donde los precios internacionales se han incrementado de manera relevante», manifestó.

 

Cambios en estructura social y económica

 

Del mismo modo, afirmó que el Gobierno espera lograr cambios en la estructura social y económica del país con el fin de lograr una sociedad más igualitaria e incluyente.

 

«Nuestra gestión no pretende ser la continuidad de gobiernos anteriores, ni tampoco intenta copiar modelos adoptados en otros países. Nuestra principal aspiración es lograr, de forma democrática, cambios importantes en la estructura estatal y económica», dijo.

 

Estos cambios permitirán a la población «encarar el inicio del tercer siglo republicano de un modo diferente a lo que ha sido este país para la mayoría de sus ciudadanos: una sociedad desigual, centralista, elitista y profundamente excluyente», remarcó.

 

Bellido recordó que, según la Encuesta Nacional de Hogares 2020, entre julio 2019 y junio 2020, la tasa de empleo informal en Perú ascendió a 74,3%. Esto quiere decir que 74 de cada 100 trabajadores laboran en situación de informalidad; incluso, al cierre del 2020 esta tasa ascendió al 75,2%.

 

Manifestó que en el año 2020 la pobreza aumentó a 30,1%, es decir, alcanzó a 9 millones 820.400 peruanos. Además, el nivel de pobreza extrema afectó al 5,1% de la población nacional, lo que significa que más de 1 millón 663 mil peruanos no tienen cómo cubrir el costo de una canasta mínima alimentaria, refirió.

 

Ejes del Gobierno

 

El premier Bellido expresó que para iniciar un periodo de cambio responsable es necesario explicitar algunos ejes de trabajo que orientarán la labor gubernamental:

 

-Lo primero, la necesidad de búsqueda de consenso político para desarrollar las políticas públicas, para lo cual el Ejecutivo ofrece «un sincero propósito de trabajo coordinado con el Congreso de la República».

-En segundo lugar, prevenir los actos de corrupción y, en caso estos se produzcan, poder articular un pronta y firme respuesta de tolerancia cero y duras sanciones para los responsables.

-En tercer lugar, un respeto irrestricto a las libertades democráticas establecidas en la Constitución Política y en los tratados internacionales que Perú ha suscrito.