El Perú enfrenta un problema estructural que obstaculiza su desarrollo económico y social: la alta informalidad laboral y empresarial. Con un 73.6 % de su fuerza laboral fuera del sistema formal, el país pierde oportunidades de recaudación fiscal, reduciendo su capacidad de inversión en infraestructura, salud y educación.

Según el Banco Mundial, 8.2 millones de negocios operan en la informalidad, lo que impide un crecimiento equitativo y sostenible. Este fenómeno no solo afecta la economía, sino que también debilita la institucionalidad y erosiona la confianza en el Estado.

Sin una estrategia clara para combatir este problema, el Perú seguirá enfrentando desigualdades estructurales que limitan su competitividad global.

Uno de los factores que agravan esta situación es el exceso de regulaciones y la burocracia, que terminan fomentando la informalidad en lugar de reducirla. En vez de incentivar la formalización, el Estado impone cargas tributarias y laborales que desalientan la inversión y la generación de empleo formal. En este contexto, resulta fundamental promover un Estado más eficiente y transparente, capaz de brindar seguridad jurídica y simplificar los procesos administrativos. Solo así las empresas podrán crecer sin temor a la asfixia regulatoria, permitiendo una mayor integración de los trabajadores al sistema formal.

Pero la informalidad también tiene su origen en la falta de justicia y seguridad. La impunidad y la corrupción desincentivan la inversión y perpetúan la economía informal. Si el sistema judicial no garantiza un entorno estable y predecible, las empresas optan por operar fuera del marco legal. Es necesario, por lo tanto, una reforma integral del sistema judicial, que incluya la renovación de jueces y fiscales, así como una lucha frontal contra el crimen organizado. Garantizar estabilidad institucional es clave para fomentar un entorno favorable a la inversión y la generación de empleo formal.

Dentro de este escenario, el sector privado también juega un papel determinante. En lugar de financiar organizaciones que debilitan la propiedad privada y desincentivan la inversión, las empresas deben orientar sus esfuerzos hacia la mejora de la educación, la salud y la infraestructura. No se trata solo de responsabilidad social empresarial, sino de un compromiso real con la generación de empleo formal y el desarrollo en regiones afectadas por la informalidad. Solo con un sector privado comprometido, se podrá reducir la brecha social y garantizar un crecimiento económico inclusivo.

Por otra parte, el centralismo sigue siendo un freno para el desarrollo equitativo del país. Aunque se han implementado esfuerzos de descentralización, en la práctica, las regiones siguen dependiendo excesivamente de Lima, lo que limita su autonomía económica y su capacidad de gestión. Para cambiar esta situación, es necesario un modelo de autonomía fiscal bien estructurado, que permita que los impuestos recaudados sean gestionados localmente, facilitando una mejor asignación de recursos y fomentando la inversión regional. De esta manera, las regiones podrán definir su propio desarrollo y generar oportunidades de crecimiento sin depender de decisiones centralizadas.

Combatir la informalidad no significa aumentar los impuestos ni endurecer las regulaciones, sino modernizar el sistema tributario y laboral. Para ello, es fundamental eliminar las trabas burocráticas para la formalización, implementar un régimen tributario único y progresivo basado en utilidades reales, y ofrecer incentivos fiscales para nuevas empresas en sus primeros años de operación. Asimismo, la flexibilización del mercado laboral permitirá esquemas adaptados a distintos sectores económicos, facilitando la integración formal de una mayor cantidad de trabajadores y emprendedores.

En este contexto, el “Cambio de Ciclo” se presenta como una necesidad urgente. La informalidad no solo afecta la economía, sino que también erosiona la confianza en el país y en su futuro. El «qué» ya está definido: un Perú más libre, seguro y próspero. Ahora es momento de definir el «quién», es decir, los líderes capaces de impulsar esta transformación. La lucha por el “Cambio de Ciclo” no es solo política, sino estructural. Se trata de garantizar un futuro sostenible, en el que el crecimiento y la equidad sean accesibles para todos los peruanos.

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CCL: “Es crucial crear un entorno regulatorio que promueva el bienestar general”

La mala regulación es un problema persistente y multifacético que afecta la eficiencia de diversas áreas económicas, sociales y políticas del país. Entre las razones que contribuyen a esta problemática, se encuentran el sesgo ideológico, un riguroso conocimiento del comportamiento de los mercados, el populismo, la influencia de grupos de interés, los intereses particulares y la ausencia del uso de una metodología técnica para la expedición de normas de calidad, como el Análisis de Impacto Regulatorio. Con ese marco de este panorama, se han identificado algunas normas positivas que fomentan el desarrollo, y otras negativas que pueden tener efectos perjudiciales.

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La normatividad efectiva para propiciar el desarrollo del país requiere un balance entre la intervención estatal y la libertad de mercado, así como el respeto por la institucionalidad, fundamentado en un profundo conocimiento técnico y un análisis riguroso del impacto regulatorio.

Las normas positivas mencionadas demuestran cómo una regulación bien pensada puede fomentar el desarrollo económico, la estabilidad política y la inversión. En contraste, las normas negativas resaltan los riesgos de la regulación inapropiada, que puede generar ineficiencias, injusticias y efectos adversos en la sociedad. Por ello, es crucial que los legisladores trabajen con transparencia, conocimiento técnico y una visión a largo plazo para crear un entorno normativo que promueva el bienestar general y el desarrollo sostenible del Perú.

 

 

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¿Qué opina sobre el resultado de estas elecciones que muestran a un Perú totalmente dividido?

Yo no quisiera llamarlo un Perú dividido, sino que es un Perú que ha manifestado dos perspectivas y circunstancias diferentes. Creo que quienes votaron por Perú Libre no están buscando un cambio hacia un modelo comunista, estatista o nacionalista.

 

Más bien ha sido un voto de protesta por la situación de precariedad en la que subsisten en los últimos años, y más dramática aún por lo que la pandemia y la crisis sanitaria y económica han traído; debido a un Estado no presente, que no los ha atendido en sus necesidades y dentro de sus expectativas. Ahí me refiero a un Estado en todos sus niveles: local, regional y de gobierno central.

 

También se ha visto un descontento general en las regiones, ¿qué ha sucedido?

Desde la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) hemos venido manifestando que la perspectiva de las regiones, donde están las cámaras de comercio que representan al sector empresarial conformado en un 99% por micro y pequeñas empresas, es priorizar las reformas estructurales pendientes y acortar las brechas de todo tipo, que les restan competitividad y posibilidades de verdadero desarrollo económico y social.

 

La inversión pública ha sido de las más bajas. Y aquellas que se han realizado, en muchos casos, no han sido en función de una priorización de calidad de gasto, sino solo por ejecutar y con alta incidencia de corrupción. Esas brechas, en general, están vinculadas, primero, a capital humano, es decir, educación y salud.

 

Luego a infraestructura, que tienen que ver con conectividad y logística para el desarrollo de actividades económicas; y, finalmente, a la precaria institucionalidad en las regiones. Todo ese contexto ha generado un ambiente exacerbado y esas brechas han puesto mucho más en evidencia las desigualdades, sobre todo durante el casi año y medio de pandemia que venimos viviendo.

 

Eso tiene que corregirse y esos correctivos no van necesariamente por un cambio de modelo económico. Eso es lo que prioritariamente las cámaras de comercio regionales han manifestado durante todo el proceso electoral.

 

Con el cambio y fortalecimiento de la institucionalidad en las regiones, me refiero a que el modelo de descentralización vigente, que es simplemente geopolítico desde que se implementó la descentralización, tiene que evolucionar a un modelo de descentralización no solo basado en crecimiento económico sino en desarrollo económico sinérgico, generando corredores económicos complementarios entre las regiones.

 

No estoy hablando de crear macro regiones, sino que las regiones en sí, de manera natural, se complementen y generen corredores económicos en el sur, centro y norte del país para que puedan desarrollarse de manera más armónica, generando sinergias y complementariedad.

 

Y a partir de ahí lograr un proceso de internacionalización de sus empresas, que hoy en día están en las regiones esperando esa gran oportunidad por aprovechar los mercados globales.

 

¿Cómo mejorar el proceso de descentralización que parece haber fracasado?

El proceso de descentralización va a fracasar en la medida que se siga haciendo más de lo mismo, es decir, pretender que la descentralización geopolítica siga el mismo camino. Entonces, lo que se tiene que hacer es entender la dinámica económica de cada región y buscar una complementariedad a nivel macro regional.

 

Asimismo, se debe comenzar a ver la descentralización desde una perspectiva económica y de desarrollo, y reconocer las asimetrías que tienen las regiones hoy.

 

Eso obliga a que se priorice la atención a determinadas regiones que tienen brechas mucho más grandes en temas de capital humano, educación, salud y de conectividad, no solo de infraestructura física, sino también de internet y telecomunicaciones, que son una necesidad esencial.

 

En la medida que no prioricemos cubrir esas asimetrías que existen en algunas regiones, vamos a tener un proceso descentralizado desequilibrado, porque habrá algunas regiones, por ejemplo, de la costa, van a tener ventajas comparativas en relación a otras de la selva o sierra, ya que las barreras de acceso a infraestructura, la falta de facilidades y calidad o cobertura de servicios de salud y educación, que son necesarios para desarrollar el máximo potencial de las personas y colectividades de las regiones, les resta competitividad y oportunidades de desarrollo.

 

Esa es la prioridad para poder dar el siguiente paso en la verdadera descentralización del país, que sea económica y de desarrollo. El desarrollo no solo contempla crecimiento económico, es decir, mayor producción, ya sea de recursos naturales o a través de servicios y manufactura, sino significa crecimiento y bienestar.

 

Ahí tiene mucho que ver el voto de los peruanos, como manifesté al principio, que se sienten abandonados por el sistema, pues no tienen niveles de bienestar ni obtienen la satisfacción de sus necesidades básicas.

 

Del avance de la vacunación depende nuestra reactivación económica, sobre todo en regiones. ¿Cómo ha visto su desenvolvimiento y qué hace falta?

El proceso de vacunación es un factor crítico para poder anticipar una recuperación económica mucho más rápida. Es lo que está pasando en muchos lugares del mundo, pues en los países que tienen un avance importante en vacunación, las actividades económicas ya están al 100% reactivadas.

 

Confiamos en que sigan llegando las cantidades de vacunas que se han prometido y que el nivel de vacunación crezca a, por lo menos, un promedio de 150.000 dosis diarias.

 

Si lo vemos desde la perspectiva regional, hay que reconocer que ahí, nuevamente, aparecen las brechas y las asimetrías, pues en determinadas regiones los niveles de vacunación promedio, respecto a la población que tienen, son todavía bajos.

 

Entendemos la logística complicada de distribuir las vacunas, la complejidad de que algunas tienen mecanismos de protección en cuanto a temperaturas que lo dificultan aún más, pero esperamos que eso se subsane rápidamente y podamos decir que toda la población peruana, independientemente de donde viva, tenga la misma velocidad de vacunación.

 

De cara al próximo gobierno, ¿cuál será la posición de Perucámaras?

Mantenemos la misma posición desde antes de la primera vuelta. Es decir, como Perucámaras, en representación de las 50 cámaras de comercio regionales, vamos a seguir defendiendo los principios que han permitido que el desarrollo económico – aunque desequilibrado– haya generado frutos en nuestro país y haya permitido tener una estabilidad macroeconómica sólida, lo que también ha permitido apalancar el impulso fiscal y monetario para reactivar la economía–y aún hay espacio para apalancarnos un poco más–, a fin de salir de esta crisis económica en la que nos encontramos por la pandemia.

 

Estaremos defendiendo un modelo liberal democrático que se basa en las libertades individuales y colectivas, como libertad a la libre empresa, libertad de expresión y libertad de elegir y ser elegido, que son fundamentalmente las que han generado, a nivel mundial, muestras de desarrollo sostenible en el tiempo.

 

También estaremos, evidentemente, defendiendo la estabilidad política, fiscal y monetaria del país y la autonomía del Banco Central de Reserva. No podemos entrar en un proceso de irresponsabilidad fiscal monetaria. Defenderemos la estabilidad de nuestra moneda que es fundamental para poder seguir generando incentivos a la inversión y protegiendo el ahorro de los peruanos.

 

La mayor parte de ellos ahorra en moneda peruana y no en extranjera. Bajo ese mismo contexto, seguiremos defendiendo estos principios y libertades.

 

Ese fue nuestro pronunciamiento al inicio de la campaña electoral y lo ratificamos hoy, cuando estamos, probablemente, a pocas semanas de que se defina quién es el ganador de esta segunda vuelta y quien asumirá el 28 de julio los destinos del país.

 

Nosotros no cambiamos nuestra visión de país ni nuestra defensa de los principios mencionados, que básicamente son la esencia de nuestra labor gremial, además, Perucámaras está conformada por instituciones centenarias, muchas de las cámaras de comercio asociados de Perucámaras, desde hace más de 100 años, vienen defendiendo sus principios y promoviendo el desarrollo regional y nacional.

 

Por lo tanto, estamos comprometidos, hoy más que nunca, con esa institucionalidad y nuestro país.