¿Qué pasa con el Gasoducto del Sur que hasta el momento no logra desarrollarse?

Hay varios temas profundos. Tal vez el más importante es que este proyecto necesitaba tener reservas probadas, y nació de la expectativa del lote 88 de Camisea. Entonces, el Lote 58 se convirtió en una esperanza, porque este proyecto era políticamente interesante, ya que representaba la esperanza de que todos los pueblos del sur del país tuvieran gas.

 

El Gasoducto del Sur era un proyecto de mucha inversión, y cuando Odebrecht lo obtuvo buscó el financiamiento, pues tenía que cumplir con la garantía de fiel cumplimiento que eran US$ 60 millones. Para financiarlo la empresa recurrió a la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, y la condición que esta entidad le puso para acceder al préstamo fue que las reservas de gas tenían que ser probadas a través de una empresa que certifique la existencia del gas.

 

Entonces, el proyecto quedó trunco tras la salida del consorcio liderado por Odebrecht (enero del 2017) por no cumplir con el cierre financiero. Es decir, no lograron obtener de los bancos internacionales los préstamos para financiar su construcción.

 

¿Qué hace el Estado entonces?

Decide licitar su propio gasoducto y ¿cuál es la diferencia entre el gasoducto privado y el gasoducto citado por el Estado? En el privado, el problema que se estaba dando era la de la certeza de la reserva que nunca se dio; y la del Estado, tiene que recorrer el mismo camino que es el de comprobar las reservas.

 

Esta licitación había sido programada para el segundo semestre de este año, ¿qué pasó?

Yo no puedo decirle a ciencia cierta porque no he visto los documentos. No se puede hacer una licitación si no se tiene varias cosas controladas. Primero las reservas, segundo los derechos y tercero el mercado. Entonces, no es cuestión de hacer la licitación por hacer, ya el mercado más importante que tiene el gas es la generación eléctrica. Entonces, para hacer el gasoducto tienen que ver los temas legales, los mercados, y tienen que ver cuál es la ruta que van a utilizar; y vuelvo a reiterar, la reserva.

 

Y  ¿el Estado ha comprobado la existencia de reservas de gas probadas para seguir con el proyecto?

Esto se supone que lo han encargado a una consultora inglesa. Se supone que hay un estudio que lo tiene el Ministerio de Energía y Minas, pero nunca lo he visto. No sé qué dice y no sé a qué conclusiones se ha llegado; pero hay un tema central, si no había reservas de gas por lo menos probadas para el proyecto privado que eran de 6 TCF y con un mínimo de 3 TCF que te permitía buscar o acudir a otras reservas para completar los 6 TCF; con el del Estado no se sabe.

 

El gasoducto de Camisea costó US$ 1.000 millones, este gasoducto costaba siete veces más, es decir unos US$ 7.000 millones. Hoy por la coyuntura inflacionaria en el mundo, de repente termine costando US$ 10.000 millones, es decir 10 veces más. A mí me pareció US$ 7.000 millones demasiado caro, pero este número no era solo de la inversión. La inversión era algo de US$ 4.000 y los US$ 3.000 millones eran los costos de operación y mantenimiento actualizados.

 

Entonces este proyecto se está encareciendo sin que salga a licitarse.

Mi impresión es que no hay capacidad para seguir adelante con esto y determinar si es o no viable.  Yo creo que el proyecto estuvo inflado y el Estado peruano sacó una cifra demasiado alta. Me contaron la historia de que tenía un margen de error de 30% a 40% y le aumentaron 40% a la cifra que recibieron, por eso la cifra tan grande del proyecto.

 

El proyecto no se puede desarrollar mientras no se rompa una serie de entrampamientos y para poder licitar deberíamos discutirlo porque finalmente lo vamos a pagar todos nosotros y si hablamos de un gasoducto de ese volumen y ese costo para una masificación del gas estamos perdiendo dinero.

 

Lo que se llama la masificación; es el propósito social, y es que el gas llegue a cada uno de los hogares, por eso se entiende la masificación del gas. Pero, el consumo residencial es mínimo con respecto al consumo total que se debería tener. Entonces, el consumidor fuerte es el que realmente paga el proyecto, como las industrias grandes y las exportaciones.

 

¿Finalmente este proyecto podría resultar no ser viable?

Podría ser no viable, podría ser que en el mundo de hoy (no le digo que tendría que ser así) de repente hay una solución más barata vía energía renovable, porque para nosotros usar un proyecto en base a electricidad es relativamente sencillo porque la infraestructura está construida y hay electricidad en el 95% de la población del país.

 

Lo que sí es cara es la electricidad, el gas es más barato, pero no tiene infraestructura y tendríamos que construir, y finalmente saldría más caro porque el único consumo sería el residencial. Hablamos del 2% al 5% del consumo total, y lo demás tendría que asumirlo el Estado y el costo no es pequeño, sino bien alto.

 

¿Qué recomienda, tal vez dejar de lado esta iniciativa e irse por otra vía?

No, básicamente más que decir eso, diría  que se tiene que entender como un todo y que tiene que manejarse de forma transparente y paralela. El tema de la reserva, y el trazo del ducto es muy importante. El consumo, la garantía del suministro y las reservas probadas no se pueden hacer como en el libro de proyectos del Ministerio de Energía y Minas que no tienen credibilidad, y haciendo declaraciones sin tener nada certificado.

 

¿Entonces en qué está este emblemático proyecto?

Ahorita no hay licitación, y los plazos que se tendrían que dar son muy largos. Teóricamente el proyecto de la licitación comenzó el 2012 e iba estar construido el 2019, son siete años entonces. Si hoy día usamos el mismo plazo, y arrancamos la licitación el 2023, porque  este año ya es imposible, para el 2030 estaría terminando en el mejor de los casos.

El Ministerio del Ambiente (Minam) anunció la paralización de todas las actividades de carga y descarga de hidrocarburos de Repsol en el mar peruano, hasta que ofrezca garantías técnicas. Esto debido al derrame de cerca de 11 toneladas de barriles de petróleo en Ventanilla el pasado 15 de enero.

 

Al respecto, el ex ministro de Energía y Minas (Minem), Carlos Herrera Descalzi, calificó dicha decisión como “muy grave” si no se tiene un plan previo para garantizar el abastecimiento del mercado.

 

“Si el Estado va cerrar La Pampilla tiene que tener un plan previo, sería muy grave que el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, se lance a cerrar La Pampilla sin ni siquiera haberle consultado al ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, porque este sector es el que tiene que garantizar el abastecimiento del combustible en el país”, subrayó.

 

Herrera Descalzi agregó que, para cerrar una instalación grande en un país que no le sobra este tipo de infraestructuras, tiene que haber una razón muy poderosa y, al parecer, según el exministro, esta sería de “teatro”, un argumento político y para las tribunas.

 

Recordó que La Pampilla fue inaugurada en el primer Gobierno de Fernando Belaunde Terry y ya tiene 54 años de operación y, si bien ha tenido pequeños incidentes, no ha pasado nunca a mayores, ¿cómo pueden decir que 54 años después no le da garantía?, cuestionó.

 

“Además, me parece que desde el punto de vista legal el Gobierno podría enfrentar ciertas consideraciones de demanda por parte de la empresa por daños y perjuicios. Quien ejerce el poder no lo puede ejercer sin motivación y sin un sustento debidamente comprobado”, refirió.

 

Consumidores más perjudicados

Para el exministro Carlos Herrera Descalzi, indudablemente los más afectados serán los consumidores porque comenzarán a escasear los combustibles y, cuando hay escasez, hay especulación y subida de precios, pese a que por Ley la empresa tiene que tener un abastecimiento o almacenaje de combustible por 15 días.

 

“Yo dudo que el Perú en una industria como la de hidrocarburos pueda tener 50% de reserva que sería lo que se necesitaría para atender al mercado”, resaltó.

 

En ese sentido, dijo que esta situación indica “la torpeza” que han cometido las autoridades, “uno no puede tener un regulador ambiental que no tenga criterio técnico y sentido común”, puntualizó.

 

Además, ante el riesgo de lo que podría pasar si deja de operar la Refinería La Pampilla, Herrera Descalzi, indicó que el Minem debe informar cuánto stock existe, tomando en cuenta que por ley el almacenamiento de combustibles es por 15 días, reiteró.

 

Explicó que la Refinería La Pampilla cubre el 40% de la demanda nacional y el Perú no tiene excedentes ya que, o trae petróleo de la selva (que es poco) o lo importa. Asimismo, mencionó que de los 250.000 barriles que consume por día el Perú, importa 200.000.

 

“Si se cierra La Pampilla no se tendría por donde descargar petróleo, pues solo recibe el petróleo por mar. En el caso de paralización, lo tendría que hacer por tierra por sur o por el norte. Al no existir ductos, no se sabría cómo traerlo a Lima. La única opción sería a través de camiones cisternas”, puntualizó.

 

De igual manera, precisó que en caso se excedan los tiempos de stock podrían cerrarse alrededor de 300 grifos de Repsol. “Esto generaría principalmente colas en los otros grifos y un aumento de precios del combustible por la alta demanda y por el abarrotamiento de otros grifos ante la escasez. Asimismo, también subiría el precio de los alimentos”, aseveró.

 

¿Qué acciones debió tomar el Gobierno?

Para Herrera Descalizi lo primero que tuvo que hacer el Gobierno desde el primer día del incidente es saber cuál fue la magnitud del derrame y Repsol ahí hizo mal en no informar la cifra exacta de este derrame.

 

“El capitán del barco tiene cómo medir la cantidad de petróleo que tiene, cuánto le ha llegado y cuando salió de la embarcación por el derrame. El petróleo no cuesta poco, entonces lo miden con bastante cuidado y precisión”, subrayó.

 

Esta cifra, según el exministro, el Minem lo debió tener el primer día. Lo segundo era tener las medidas para detener el avance del derrame y el tercer tema es determinar qué lo causó.

 

“Después de 15 días ya han debido tener un diagnóstico, me parece que el Gobierno reaccionó tarde y no midió lo que significaba dicha situación”, anotó.

 

Por último, mencionó que el Gobierno realiza una función de supervisión, la tarea de ellos es examinar permanentemente, ver que se estén cumpliendo, pues una cosa es el plan de contingencia, lo que hay en el papel, y otra cosa es que la autoridad vaya y se cerciore que la empresa esté cumpliendo con los lineamientos.