El Tribunal Constitucional (TC) dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emita, en un plazo máximo de 60 días, un decreto supremo con una nueva metodología de actualización y pago de los bonos de la deuda agraria, así como un nuevo procedimiento administrativo para su registro y cancelación.
Esta decisión busca corregir el sistema actual de valorización de los bonos entregados a quienes fueron expropiados de sus tierras durante la reforma agraria.
Fallo a favor de expropietarios
La medida se adoptó tras declararse fundada una demanda de amparo presentada por Mónica Jimena Burga Fernández, sucesora de Jorge Burga Olazabal. El TC concluyó que se vulneraron derechos fundamentales como el derecho de propiedad, el debido proceso y el derecho a recibir una indemnización justa.
Se deja sin efecto norma del MEF
El TC declaró inaplicable el Anexo 1 del Decreto Supremo 242-2017-EF, al considerar que contradice sentencias previas del propio Tribunal, que establecen que la deuda agraria debe actualizarse bajo el principio valorista.
Según el fallo, la fórmula vigente convierte la indemnización en un monto irrisorio, vaciando de contenido el derecho de propiedad de los afectados.
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Nuevo pronunciamiento judicial
La sentencia también anula una resolución judicial emitida en 2021 por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y ordena que se emita un nuevo fallo alineado con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.
¿Por qué es importante este fallo?
Este pronunciamiento podría significar una mejor indemnización para miles de personas que aún poseen bonos agrarios, al obligar al Estado a recalcular su valor de forma más justa y conforme a lo establecido por la Constitución.
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