Sara Farfán: La OCDE, aliado estratégico del Perú en la lucha contra la corrupción
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización internacional que asiste a los gobiernos para enfrentar los retos económicos, sociales y de gobernabilidad de una economía globalizada. La Organización ofrece una plataforma para que los gobiernos de países miembros y socios comparen experiencias de políticas públicas, busquen respuestas a problemas comunes, identifiquen mejores prácticas y coordinen las políticas nacionales e internacionales.
Asimismo, es una organización multidisciplinaria que estudia todas políticas públicas desde medio ambiente y agricultura, hasta biotecnología y política fiscal. Los instrumentos legales y estándares emanados por los más de 200 órganos de la OCDE están apoyados por análisis empíricos, datos y revisión entre pares.
Es por ello que conversamos con la Dra. Sara Evelyn Farfán Cuba, Secretaria de Integridad Pública (e) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para que nos de mayores alcances de los avances de nuestro país para formar parte de este importante organismo internacional.
¿Por qué es importante para el Perú formar parte de la OCDE y cómo nos benefician sus programas y políticas para la lucha contra la corrupción?
El proceso de adhesión del Perú a la OCDE tiene un impacto trascendental pues a través de los informes de evaluación, estudios técnicos, eventos y actividades, nuestro país ha podido incorporar de manera progresiva estándares internacionales en diversas áreas y temáticas.
En el caso de la lucha contra la corrupción, el Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú (2016) es uno de los documentos técnicos más importantes que permitió la incorporación del enfoque de integridad en nuestra legislación y en la gestión pública nacional. Así se evidenció con la aprobación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (D.S. Nº 092-2017-PCM), la creación de la Secretaría de Integridad Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros (2018) y el marco normativo emitido en materia de conflictos de intereses, protección al denunciante, gestión de intereses, registros de visitas en línea, gestión de riesgos a la integridad pública, entre otros.
Adicionalmente, la implementación de los parámetros de la OCDE también permitió el desarrollo del Modelo de Integridad para las entidades del sector público establecido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (D.S. Nº 044-2018-PCM), que orienta a las entidades del Estado en la implementación de una estructura de prevención de la corrupción.
Coméntenos sobre la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” de la OCDE.
Es uno de los instrumentos legales más importantes de la OCDE, el Perú la ratificó por Decreto Supremo N 011-2018-RE y está vigente desde el 27 de julio de 2018. La Convención busca prevenir la realización de actos de cohecho en transacciones comerciales internacionales de los países signatarios y promueve el establecimiento e imposición de sanciones a servidores públicos, personas naturales y personas jurídicas que encubran o participen en un acto de esta naturaleza.
En ese marco, requiere que las leyes anticohecho se apliquen no sólo a particulares, sino también a las personas jurídicas, para que estas asuman responsabilidad ante las leyes de los actos de corrupción que se lleven a cabo para su beneficio.
Además, los Estados miembros tienen la obligación de tipificar el cohecho internacional y se comprometen a establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para el delito de soborno extranjero.
La Convención también exige eliminar la deducción fiscal de los pagos de soborno, incluir jurisdicción sobre actos de corrupción cometidos en el país y en el extranjero y tomar medidas para garantizar que las decisiones para investigar o juzgar los casos de cohecho no estén influenciadas por consideraciones de interés económico. Asimismo, se deben prohibir las prácticas de contabilidad y auditoría que facilitan el ocultamiento de actos de corrupción.
Por lo tanto, la “Convención Anticohecho de la OCDE” es el instrumento internacional que aborda con mayor detalle el delito de cohecho trasnacional, tanto su alcance en materia penal como en sus aspectos tributarios, contables, cooperación internacional, entre otros, por lo que es un referente imprescindible en el derecho comparado.
¿Cómo se manifiesta el delito de cohecho (soborno) transnacional y cómo castiga nuestra legislación estos ilícitos?
El delito de cohecho activo trasnacional se encuentra tipificado en el artículo 397º del Código Penal, sancionando a la persona natural o representante de persona jurídica que ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente un soborno a un funcionario o servidor público extranjero con la finalidad de que realice u omita actos propios de su cargo, en violación o no a sus obligaciones, para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales
Es de precisar que para su configuración es indiferente si el beneficio indebido redunda en provecho del autor o de otra persona, además que el delito se encuentra dentro del ámbito de la Ley 30424 sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas.
Está sancionado con pena privativa de la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años, imponiéndose adicionalmente la pena de multa y la inhabilitación.
¿Qué acciones recomendaría al sector empresarial que comercia e invierte en el extranjero y poder evitar verse comprometido en delitos de cohecho internacional?
En las evaluaciones realizadas al Perú por el Grupo de Trabajo sobre cohecho en Transacciones Comerciales, se hace énfasis en la necesidad que el sector empresarial difunda la Convención Anticohecho de la OCDE, con la finalidad que conozcan el impacto, el alcance y las consecuencias del delito de cohecho trasnacional.
Asimismo, exhorta a las empresas que respondan de manera activa y efectiva a los informes de un auditor externo sobre presuntos actos de cohecho internacional. También alientan a la implementación de controles internos adecuados, programas de ética y cumplimiento con el fin de prevenir y detectar el soborno trasnacional, además que las empresas tengan en cuenta dicho delito en la identificación de sus riesgos asociados a corrupción.
Desde la Secretaria de Integridad Pública de la PCM, ¿cómo ve la participación del sector empresarial en apoyo al Estado en la lucha contra la corrupción?
La promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción es un esfuerzo conjunto del sector público, sector empresarial, sociedad civil y ciudadanía, pues un alto estándar de actuación ética e integra es exigible a los funcionarios y servidores públicos, pero también a las empresas y sus representantes.
Por eso resulta importante la labor del sector empresarial en apoyar los esfuerzos que se realizan desde el Estado en materia anticorrupción, y a su vez, sensibilizar a las empresas en la necesidad de evitar se originen riegos de corrupción en la interacción con la administración pública. Además, fomentando la denuncia de todo acto de corrupción ante las autoridades, sea que involucre a un servidor público, un ciudadano o inclusive a una persona jurídica.
Una muestra clara de ese compromiso, es la participación de representantes del sector privado en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, siendo uno de ellos la Cámara de Comercio de Lima (CCL).