Rosa Bueno: Un susto más sí importa
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La institucionalidad es un valor fundamental de las sociedades democráticas y, en ella deben apoyarse los gobiernos para mantener funcionando adecuadamente el Estado. Esto implica respeto por las instituciones y los funcionarios que las integran. Desgraciadamente no todos los gobiernos lo entienden.
En el gobierno de Pedro Castillo, por ejemplo, fueron retirados del aparato estatal funcionarios técnicos de carrera y se entregó la administración pública a personas que, en el mejor de los casos, no cumplían los requisitos mínimos para asumir los puestos para los que fueron convocados. Esto generó un evidente desgobierno, que se tradujo en retraso de trámites, regulaciones y avance de obras públicas en niveles no vistos en las últimas décadas.
El Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual INDECOPI no fue la excepción a esta regla. Se nombró un presidente que no cumplía los requisitos mínimos para cumplir dicho encargo. Sin embargo, hay que reconocer que, en general, mantuvo los cuadros técnicos de la institución, lo que le permitió seguir actuando de manera técnica.
Hoy nuevamente estamos preocupados por la institucionalidad del INDECOPI, el que en sus 30 años de existencia ha demostrado independencia técnica y funcional. Sus fallos afectan positivamente o al contrario, a consumidores y empresas por igual, pese a la narrativa que se pretende instalar de que no es así y se encuentra al servicio de los grandes intereses. Hay resoluciones emblemáticas que así lo demuestran.
La nueva gestión gubernamental ha nombrado una nueva presidenta ejecutiva de INDECOPI, la cual solicitó la renuncia de varios funcionarios, entre los cuales incluyó a funcionarios técnicos y de carrera de los órganos funcionales de la institución. Ninguna gestión en estos años ha pretendido un cambio de tantos funcionarios, lo que podría implicar un cambio en el norte que ha marcado la institución, afectar la especialización ganada, el profesionalismo demostrado y la predictibilidad que se necesita para brindar al mercado certeza y seguridad jurídica. Si las decisiones legales son claras y previsibles, los participantes del mercado pueden planificar su conducta y tomar decisiones informadas. De lo contrario, se puede generar incertidumbre y desconfianza en el sistema, socavando la institucionalidad del INDECOPI.
Por otro lado, ha trascendido qué pese a que los pedidos de renuncia referidos, tienen nombre y apellido, solo afectarían a funcionarios administrativos y en cargos de confianza. Esperemos que así sea y que en los cambios que pretende implementar la nueva presidenta, valore lo aquí señalado.
Si los cambios anunciados finalmente no comprometieran la especialidad e independencia de INDECOPI, no podemos ni debemos seguir de susto en susto y en esta incertidumbre con cierta periodicidad, lo que nos obliga –antes de que sea tarde– a poner sobre la mesa el debate sobre los mecanismos que se requieren para que sea realmente una institución autónoma, ajena a los vaivenes políticos de los gobiernos de turno.
Urge un serio debate sobre la conveniencia de blindar al INDECOPI de tentaciones populistas, sea elevándola a rango constitucional u otras soluciones planteadas; que la elección de su Consejo Directivo se defina por cualidades técnicas y de gestión en vez de por designación del Ejecutivo; que haya estabilidad y línea de carrera para los integrantes de sus órganos resolutivos y secretarios técnicos; se implementen los concursos públicos de méritos dirigidos por algún ente independiente, o SERVIR en el caso de sus principales funcionarios; y que la renovación de sus órganos colegiados sea escalonada, entre otros temas relevantes.
Con seguridad, una reforma de este tipo consolidaría a INDECOPI como la institución técnica e independiente que ha sido hasta el momento. Por lo pronto, esperemos que la mesura y prudencia iluminen las decisiones de la nueva presidenta ejecutiva del INDECOPI.
