Rosa Bueno: La raíz del mal
En la grave crisis que atraviesa el país, se han desnudado nuestras miserias, entre ellas, el problema crónico de mala regulación que nos aqueja.
Hoy más que nunca la función normativa del Estado ha decaído. Por un lado, tenemos un Congreso con representantes que no dan la talla y por su parte, el ejecutivo está empeñado en llenar los ministerios de personas que no reúnen las calidades técnicas ni éticas para desarrollar sus labores. Los legisladores de turno (Ejecutivo y Congreso) tienen un sesgo ideológico y populista, ausencia de conocimiento técnico, desconocimiento de los mercados que regulan y sobre todo desconocen o no quieren aplicar las metodologías adecuadas para expedir normas técnicas y razonables.
Como señalamos, este problema es de antigua data y hasta el 2016, para emitir las normas de su competencia, el Ejecutivo carecía de una política regulatoria integral. A pedido de la OCDE se realizaron propuestas de regulación, con el objetivo de identificar en las normas emitidas por el ejecutivo, la existencia de un beneficio positivo neto a la sociedad y si las mismas eran coherentes con otras políticas gubernamentales.
Así se implementó un Análisis de Calidad Regulatoria – ACR, con enfoque principalmente ex – post permitiendo en el 2018 la eliminación de 533 procesos administrativos que tendrían un impacto directo en micro, pequeñas y medianas empresas, así como 509 procesos administrativos en personas naturales. Ello significó una reducción de S/ 286.3 millones en cargas administrativas y los derechos de tramitación.
También se implementó el Análisis de Impacto Regulatorio – RIA, que agrega el enfoque ex ante para abordar todo el ciclo de producción de una norma. En este punto quisiera recordar que el pasado 01 de Julio de 2022 entró en vigor la obligatoriedad de aplicar RIA en cuatro entidades públicas (PCM, MINCETUR, PRODUCE y VIVIENDA), y el controvertido Ministerio de Trabajo recién lo hará en enero 2023.
Asimismo, desde hace años existe la norma de Barreras Burocráticas que señala que las normas emitidas por el Ejecutivo que sean ilegales y/o irrazonables que impidan la entrada o consolidación de una empresa en el mercado, al exigir requisitos, prohibiciones o cobros pueden ser denunciadas ante INDECOPI, quien a través de la Comisión respectiva puede ordenar su inaplicación de manera general o para el denunciante, dependiendo si es ilegal o irracional.
Actualmente, las denuncias ante la Comisión de Barreras Burocráticas se han incrementado notablemente. En el primer semestre del 2021 se presentaron aproximadamente 187 denuncias. En lo que va del 2022 ya se han registrado 300 denuncias por barreras burocráticas, varias contra el Decreto Supremo que restringe la tercerización. Esperamos que INDECOPI se siga manteniendo como una entidad técnica e independiente para ayudar a erradicar del sistema las normas ilegales o irracionales que emite el Ejecutivo.
Sin embargo, no todas las normas inconstitucionales, ilegales o irracionales constituyen barreras burocráticas o son emitidas por el ejecutivo. Por ello miramos el Congreso y encontramos un panorama desolador. Hace dos años el excongresista Alberto De Belaúnde encontró que ninguno de los 35 proyectos de ley aprobados en el primer semestre del periodo legislativo 2020-2021 tenía un análisis de costo beneficio que pueda calificarse como aceptable. Esta situación no ha mejorado a la fecha.
En atención a ello, el congresista De Belaúnde presentó un proyecto de ley para que en la exposición de motivos de los proyectos se incluya un Análisis Costo Beneficio realizado por una oficina técnica, proponiendo para ello crear una Oficina de Estudios Económicos en el Congreso, para realizar dicha labor. Actualmente un proyecto de Ley en el mismo sentido ha sido planteado por el congresista Cavero. Estaremos atentos para ver el avance de esta propuesta.
Las normas antitécnicas e irracionales son la raíz del mal en nuestro país, sea que este se manifieste como corrupción o informalidad. Urge solucionar este grave problema, para ello hay que seguir con el Análisis de Calidad Regulatoria para retirar del ordenamiento legal las normas no idóneas y verificar que el Ejecutivo realice el Análisis de Impacto Regulatorio RIA en las normas y reglamentos que emite y, claro está, exigirle lo mismo al Congreso. Si no lo hacemos no eliminaremos la raíz del mal en nuestro país.