Peter Anders: Verdad, coherencia y transparencia

La serie de medidas dispuestas para enfrentar la “segunda ola” o “rebrote” de la pandemia del coronavirus en nuestro país, que en principio rigen hasta el próximo 31 de enero, constituye un cambio de estrategia respecto a la aplicada hasta el año pasado por el anterior gobierno, en que se dispuso a nivel nacional una paralización total de actividades, aislamiento social y luego una reanudación paulatina de actividades.

 

Esta vez, creemos que, con un sentido de realidad, se ha optado por dividir al país en zonas, considerando las diferentes características y niveles de alerta en que la pandemia está golpeando a la población, así como la disponibilidad de recursos para brindar servicios de salud indispensables.

 

Parece un primer paso positivo porque son disposiciones focalizadas de acuerdo a cómo se va comportando el virus y los niveles de contagio. Con ello no se generaliza y no se afecta toda la economía del país como ocurrió en la cuarentena del año pasado.

 

Propuestas de la CCL para la transición

La bala de oro y la bala de plata

 

No obstante, debemos demandar a nuestras autoridades del gobierno de transición, actuar y comunicar con mayor transparencia las acciones que se está tomando frente a la emergencia, principalmente en lo que se refiere a la compra de las vacunas, pues nuestro país no puede vivir permanentemente en la zozobra de no saber si estas medidas se mantendrán o de pronto se endurecerán frente al panorama que supone la falta de camas en las unidades de cuidados intensivos, la escasez de oxígeno y de personal médico.

 

Se requiere un plan de corto y mediano plazo que se transmita con claridad a la población, evitando versiones contradictorias, en la medida que todos necesitamos conocer con certeza cuál es la situación en la que nos encontramos, de modo que podamos asumir el comportamiento responsable que implica una emergencia sanitaria y, sobre todo, tener planes de contingencia ante situaciones no deseadas.

 

En esa medida, la incertidumbre sobre el costo, fecha de llegada e inicio de las jornadas de aplicación de las vacunas contra el coronavirus no puede seguir.

 

El presidente Francisco Sagasti aseguró que un primer lote de un millón de dosis llegaría “durante el mes de enero”, pero posteriores declaraciones de ministros y otras autoridades del gobierno han sembrado dudas no solo sobre la certeza de la fecha de arribo sino sobre la operación misma de compra de las vacunas, aduciendo razones de “confidencialidad”.

 

Preocupa también que pese a las duras consecuencias de la llegada del coronavirus al Perú el año pasado y pese a ser el país con mayor cantidad de muertos por cada millón de habitantes, no haya cambiado en nada la situación de los servicios de salud. Los hospitales siguen con las mismas carencias y limitaciones de infraestructura y personal.

 

Durante los meses de cuarentena y en los posteriores se pudo trabajar para subsanar las carencias más urgentes, se pudo elaborar planes en coordinación con el sector privado para enfrentar una segunda ola como ya se veía en otros países.

 

No es posible que una nueva ola de contagios nos sorprenda en las mismas condiciones en que nos encontró hace casi un año atrás. Nuestro Estado no puede seguir siendo tan lento, ineficiente e indolente.

 

Ya lo dijimos antes: no hay un minuto que perder y ahora reclamamos mayor sinceridad de parte de nuestras autoridades, cuyo encargo transitorio no los exime de la responsabilidad que asumieron al llegar al Poder Ejecutivo.

 

Los peruanos esperamos un rumbo definido frente a la pandemia, alguna medida que nos muestre que somos capaces de enfrentarla. Son 11 meses viviendo sin saber cuál será nuestro futuro. No podemos seguir así.