Peter Anders: Urgencias y prioridades
Esta semana deben comenzar a instalarse en el Congreso de la República las comisiones de trabajo, las cuales están integradas por grupos de congresistas de acuerdo a su especialidad. Su primer paso debe ser definir a sus integrantes, designados proporcionalmente por cada bancada, los cuales, a su vez, deben elegir a su presidente e integrantes de su directiva.
La importancia de las comisiones es que en ellas se debaten a profundidad los diferentes proyectos de ley que se presentan, para lo cual se invita –entre otros– a ministros, autoridades, funcionarios, especialistas, académicos, analistas y representantes de los sectores involucrados en la materia.
Luego de ello, el proyecto es dictaminado. Si lo es favorablemente, pasa para ser debatido por el pleno de la representación nacional, donde muchas veces, además del carácter técnico, entran a tallar consideraciones políticas.
En este punto de partida, se debe considerar la importancia de que se debatan los proyectos de ley en materia económica, de salud, educación e institucionalidad, sin que ello signifique que las comisiones ajenas a estas materias no tengan también una enorme responsabilidad.
A raíz de la grave crisis sanitaria, económica y política en que se encuentra el Perú debido a la manera en que se enfrentó la llegada de la pandemia del coronavirus a nuestro país, hace ya más de un año y medio, resulta fundamental priorizar todo aquello que permita reactivar nuestra economía, impulsando la inversión y la generación de empleo, a la vez enfrentar con mejores armas la inminente llegada de la tercera ola de la COVID-19, pues su impacto podría ser devastador.
Los peruanos no podemos soportar un nuevo confinamiento que termine de liquidar las empresas, emprendimientos y puestos de trabajo que con tanto esfuerzo se mantienen, ni mucho menos registrar nuevamente dramáticas escenas de personas que sufren por falta de atención médica elemental.
Una siguiente vertiente del trabajo parlamentario debe enfocarse en recuperar la institucionalidad, que también está en cuidados intensivos. No cabe duda que por donde se debe comenzar es por elegir, a la brevedad, a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que reemplacen a los que tienen de lejos su mandato vencido.
Por su lado, los padres de familia esperan que sus hijos retornen paulatinamente a clases presenciales, pues la educación a distancia no ha funcionado para todos. Son miles de alumnos de la educación pública que no tienen acceso a ella por falta de equipos, equipos defectuosos entregados por el Estado o falta de servicios de internet. Se han perdido dos años que son irrecuperables.
Mientras el Poder Ejecutivo parece empeñado en impulsar a toda costa una Asamblea Constituyente, para que redacte una nueva Constitución que responda a sus intereses políticos e ideológicos, el Poder Legislativo debe entender la gran responsabilidad que tiene de trabajar en todo aquello que la población necesita.
Una reciente encuesta de la empresa Datum señala que para el 44% de los peruanos la prioridad del gobierno debe ser la reactivación de la economía y la creación de empleo. Otro 41% considera que debe ser la mejora del sistema de salud.
Pero más allá de estas mediciones, nuestras autoridades deberían ser conscientes de lo que es verdaderamente primordial. Definitivamente generar conflictos, divisiones y enfrentamientos no debe estar entre las prioridades.
Junto a representantes de otros gremios empresariales, asistí la semana pasada a una reunión convocada por el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, quien subrayó que los cambios que nuestra economía necesita para reactivarse no pasan necesariamente por cambios en la Constitución. Es bueno saber que el responsable del manejo económico tiene claro el panorama.
Ahora toca ver si el Poder Legislativo contribuye en esta tarea y no malgasta tiempo y recursos en proyectos como los que plantean como “gran solución” que el Estado controle los precios de los productos o cree empresas públicas. Tampoco que se distraiga en formar comisiones investigadoras que muchas veces duplican e interfieren en el trabajo de otras instituciones.
No tenemos tiempo que perder; en manos de nuestros 130 legisladores está la responsabilidad de trabajar para que el Perú no solo pueda recuperarse, sino –sobre todo– no siga retrocediendo.