Peter Anders: Restablecer el estado de derecho
Nuestro país ha entrado a una etapa sumamente peligrosa, en la que las protestas –justificadas o no- se caracterizan por un extremo grado de violencia, quebrantamiento de la ley y vulneración de los derechos de los demás.
Nadie puede estar en contra de la libertad que tenemos todos los ciudadanos de expresar abiertamente nuestra posición en contra de alguna situación en particular, de rechazar alguna medida o decisión que nos afecte como personas o como sociedad. Se trata de una facultad inherente al ser humano y reconocida por nuestra legislación como un derecho.
Sin embargo, no podemos dejar de cuestionar esos reclamos cuando se transforman en actos delictivos como el vandalismo, el pillaje, la destrucción de la propiedad pública y privada o el ataque a las autoridades. También cuando se bloquea carreteras, impidiendo a otras personas que nada tienen que ver con el conflicto, ejercer su derecho al libre tránsito. O cuando se agrede física y psicológicamente a quien no comparte su punto de vista. Esto rebasa todas las normas básicas de convivencia.
Es inaceptable que se reclame justicia y promueva cambios sin respetar las leyes y el estado de derecho que toda sociedad civilizada y desarrollada debe defender.
Desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) hemos hecho un llamado a las máximas autoridades de nuestro país para que garanticen la seguridad de la población, restablezcan el principio de autoridad y la vigencia de la ley frente a los hechos de violencia registrados en los últimos días.
Miles de personas, entre niños, adultos mayores, enfermos que requerían atención urgente y ciudadanos en general, han permanecido durante casi una semana en total abandono, sin tener qué comer, dónde dormir o satisfacer necesidades elementales, debido a la interrupción de vías en diferentes puntos del país. Han permanecido literalmente secuestrados bajo amenaza de ser apedreados, insultados o asaltados.
No obstante, ellos no han sido las únicas víctimas de esta situación; lo fueron también los trabajadores que no pudieron llegar a sus centros de labor; los agricultores, ganaderos, pescadores y comerciantes que perdieron sus productos y mercaderías al no poder llevarlas a sus destinos, y las familias que sufrieron el desabastecimiento de alimentos y el aumento de precios en las ciudades. Esto ha costado miles de dólares en pérdidas que repercutirán directamente en contra de la generación de puestos de trabajo y la recaudación que tanto requiere nuestro país ahora.
No es posible aceptar que este tipo de situaciones persistan con total impunidad, pues ponen en riesgo la vida, la salud y el trabajo de millones de peruanos.
Ello, sin embargo, no significa desconocer que se requiere reformas, que hay normas que deben modificarse y perfeccionarse.
Pero todo es posible dentro del marco de la ley y en un contexto donde primen el diálogo, el respeto y, sobre todo, el reconocimiento de que no se pueden imponer decisiones bajo coacción.
Atravesamos una emergencia sanitaria y una crisis económica muy graves que han puesto al Perú en una posición muy delicada de la que será muy difícil recuperarse. Nos costará mucho esfuerzo y sacrificio.
Lamentablemente, no faltan quienes ven en esto la ocasión propicia para aprovecharse políticamente, azuzando enfrentamientos de los que convenientemente ellos nunca participan.
Que hay informalidad en muchos sectores, nadie puede negarlo; que hay leyes que no se cumplen y que el Estado se encuentra muchas veces ausente, también es cierto.
Tampoco puede ignorarse que no siempre es culpa de una ley, sino de la manera en que se implementa, cómo se hace para sacarle la vuelta o por la falta absoluta de control, fiscalización y sanción por parte de quienes deben hacerlo.
Es entonces el momento de que el actual régimen de transición dé los primeros pasos para implementar reformas urgentes que sean luego consolidadas por el gobierno que se elija limpia y democráticamente el próximo año, porque se trata de un proceso de largo aliento.
Pero que quede claro que no se puede ceder fácilmente ante el primer reclamo, simplemente para salir de los problemas al paso, dejando en el camino bombas de tiempo para la próxima administración.
Nuestra responsabilidad como ciudadanos y empresarios es ser conscientes que necesitamos un clima de paz y concordia para analizar todo aquello que debe cambiarse o mejorarse en beneficio de todos los peruanos, sin que ello signifique destruir todo aquello que ha costado mucho esfuerzo construir.
No se trata de refundar el país o nuestra sociedad porque ello implica despreciar el trabajo realizado por generaciones. Debemos avanzar y corregir tomando como base lo bueno que tenemos.