Peter Anders: Reforma del Estado
La Comisión de Transportes del Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que declara “de interés nacional” la creación de una línea aérea estatal. Las críticas no se han hecho esperar, pues la iniciativa supone un retorno a la actividad empresarial del Estado en una operación de por si es muy difícil, especializada, de enorme capital de riesgo y, sobre todo, donde el Perú ha tenido experiencias desastrosas.
Más allá de este caso específico, lo que se evidencia es que aún existe por parte de algunos legisladores y sectores políticos –incluyendo candidatos presidenciales- una vocación intervencionista y controlista de la economía.
Hace poco, sorprendió que una aspirante presidencial declarara no solo que su eventual gobierno decidiría dónde deberían invertir las empresas privadas, sino que además tuvo frases desconcertantes sobre la autonomía del Banco Central de Reserva.
Llama la atención que quienes ocupan o aspiran a ocupar los más altos cargos públicos del país, ignoren no solo el mandato constitucional sino además que es la inversión privada la que decide dónde orientar su capital, dónde correr riesgos y trabajar de forma eficiente para generar recursos y puestos de trabajo.
Para ello no se requiere de un Estado controlador o intervencionista, sino más bien de uno promotor que, a la vez, fiscalice eficientemente que no haya distorsiones ni abusos.
De acuerdo a cifras del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, en la década de 1970 (durante la dictadura militar de entonces) las empresas estatales aumentaron a un ritmo de 15 por año, incursionando en todo tipo de actividades que iban desde comercializar sal, papas y arroz, hasta administrar cines, centros recreacionales o buques petroleros.
Faltaría espacio para enumerar los sucesivos fracasos que ha tenido el Estado cuando sus funcionarios decidieron jugar a ser empresarios a costa del dinero de todos los peruanos. Aquí algunos ejemplos: Compañía Peruana de Teléfonos, Electro Perú, Entel Perú, Compañía Peruana de Vapores, la banca “de fomento” y la aerolínea “de bandera” Aero Perú. Todas terminaron de la peor manera, no solo quebradas, con millonarias pérdidas y gravísimos casos de corrupción.
No existe un solo caso en que estas empresas estatales hayan sido medianamente exitosas; sino que, por el contrario, además de su pésima administración eran utilizadas para pagar favores políticos y como agencia de empleos para militantes y simpatizantes del gobierno de turno.
Lejos de aprender esta dura lección, hay quienes insisten en volver a cometer el mismo error en lugar de impulsar la constitución de un Estado que sea capaz de atender demandas básicas de la población, como el acceso a los servicios de agua, salud y educación.
La pandemia del coronavirus ha evidenciado dramáticamente esta situación, pues pese a que en las últimas décadas se contó con flujos importantes de ingresos que permitieron contar con un Fondo de Estabilización Fiscal, nuestro Estado no ha sido capaz de construir hospitales de calidad o comprar oportunamente oxígeno o vacunas para salvar vidas.
Es necesario que nuestras actuales autoridades y los candidatos que buscan gobernar nuestro país a partir del 28 de julio próximo, entiendan que tienen una responsabilidad con el futuro de millones de peruanos, lo que supone emprender una reforma del Estado para que este se dedique a lo que verdaderamente debe hacer. No nos merecemos regresar a un pasado lleno de fracasos y corrupción.