Peter Anders: «Los visitadores»
“Nunca te puede ir tan mal que no te pueda ir peor”, dice una antigua frase fatalista, la cual –lamentablemente– parece materializarse cada cierto tiempo en nuestro país.
Y es que por si no bastara la tragedia que sufren millones de peruanos afectados por los efectos que la pandemia del coronavirus ha tenido en su vida, su salud, su bienestar y su economía, hace una semana se sumó la furia de la naturaleza que, con la violencia de un terremoto, golpeó a nuestros hermanos de la Amazonía.
La cereza del pastel ha sido el descubrimiento de presuntos actos de corrupción que, una vez más, involucran a las más altas autoridades del Gobierno, esta vez, a poco menos de cinco meses de haber iniciado su gestión.
Entre esas autoridades aparece comprometido el propio presidente de la República, Pedro Castillo, a quien la Fiscalía de la Nación acaba de citar para que rinda su declaración en las investigaciones que sigue por el probable tráfico de influencias que se pretendió ejercer en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.
También está el caso del secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, aquel a quien se le encontró US$ 20.000 ocultos en un baño de dicho magno recinto y a quien también se le ha descubierto –por lo pronto– un depósito de S/ 20.000 en su cuenta bancaria, hecho nada menos que por su chofer.
Por otro lado, gracias a investigaciones periodísticas, todo el país ha sido testigo de cómo el presidente Castillo ingresa, oculto por la oscuridad de la noche y una gorra con la que reemplaza su característico sombrero chotano, a un inmueble particular para reunirse con empresarios y lobbistas, quienes días después se beneficiaron con el otorgamiento de la buena pro para la ejecución de una millonaria obra pública.
Estos encuentros furtivos a media noche se habrían extendido a un ministro, congresistas, abogados y hasta funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la custodia del patrimonio que pertenece a todos los peruanos, como la gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y el subgerente de la Central de Abastecimiento de Bienes de EsSalud.
¿Qué temas “de carácter personal” tenía que tratar con ellos el presidente, que no podía hacerlo con la claridad de la luz del día y en su despacho de Palacio de Gobierno, donde el nombre de cada visitador debía quedar registrado, tal como lo disponen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley que Regula la Gestión de Intereses en la Administración Pública?
Todo hasta ahora sigue cubierto por el manto de la oscuridad y nocturnidad con que han actuado todos los implicados en esta trama.
En medio de este panorama que solo genera inestabilidad e incertidumbre, y como para agregar aquella otra frase de que “la magdalena no está para tafetanes”, esta semana se debatirá en el Parlamento un nuevo pedido de vacancia presidencial (el cuarto en los últimos cinco años), cuyo desenlace aún es impredecible.
Un estudio del Banco Mundial reveló que existen evidencias de que los peruanos con menos recursos destinan un porcentaje mayor de sus ingresos a pagar coimas para acceder a los servicios básicos que, por derecho, les corresponden.
Esta situación ha motivado a que, una vez más, la Cámara de Comercio de Lima demande un verdadero compromiso de lucha contra la corrupción, a fin de desterrar actitudes que ocasionan un grave daño moral a nuestra sociedad, generan mayor pobreza, desigualdades y una creciente desconfianza en nuestras autoridades.
En tal sentido, la CCL ha exigido la inmediata acción de la justicia para identificar y procesar a los responsables, así como que el Congreso de la República ejerza a cabalidad el rol fiscalizador que le corresponde.
La corrupción no es un tema que se pueda tratar a la ligera, porque sus secuelas en la vida de las personas son devastadoras, sobre todo si quien la comete es un funcionario público.
Seamos conscientes de que por cada sol que se va a los bolsillos de los corruptos, son millares las personas que dejan de recibir un pan en su mesa, atención médica adecuada, una educación de calidad o servicios esenciales como el agua, la electricidad o el internet. No podemos permitir que las cosas sigan así.