Cada cierto tiempo en el Perú se discute la posibilidad de tener una nueva Constitución. Sobre todo, en épocas políticamente convulsas. Por ello, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) decidió encargar al abogado y periodista Andrés Calderón la elaboración de un libro que analice y describa de manera detallada los aportes y aciertos del Capítulo Económico de nuestra Carta Magna. Es así como sale a la luz «Verdades y mitos de la Constitución Económica de 1993». Conversamos al respecto con el autor del libro.

 

¿En qué contexto nace la idea de realizar el libro?
Nace como iniciativa de la CCL cuando me convocan para hacer un estudio sobre la Constitución Económica, con el propósito de analizar qué reformas podían darse a este capítulo, de manera tal que fuera más comprensible para el público. Al mismo tiempo, se buscó dar a conocer su rol más inclusivo, que permite la mejora de la situación de las personas.

 

¿Cuál fue la finalidad de dicho estudio sobre la Constitución?
Cuando hacemos el estudio y examinamos los proyectos de reforma de la Constitución que se habían presentado en los últimos 30 años, que son más de 200, llegamos a la conclusión de que, en realidad, más que cambios, la Carta Magna ya permitía varios mecanismos que justamente aseguraban el bienestar de los ciudadanos. Entonces, de la idea de hacer una reforma, más bien pasamos a un proyecto que involucraba hacer más entendible y conocer mejor la Constitución Económica.

 

¿Cuál es la trascendencia que va a tener este libro?
Lo que esperamos es que llegue a toda aquella persona que pueda sentir que hay algo por debatir en torno al Capítulo Económico de la Constitución. Entonces, tanto para quienes están conformes con esta sección de la Carta Magna, y que entienden, que la han estudiado, y que comprenden su contenido, pero también como para aquellos que están planteando, cada cierto tiempo, que se cambie ese capítulo.

¿Por qué la Constitución tiene sus detractores?
Hay mucha desinformación en torno al contenido de la Constitución, los beneficios que genera una economía descentralizada, y una economía en la que el protagonismo lo tienen los consumidores y los empresarios, versus lo que podría ocurrir en una economía centralizada, estatista, que quite esa autonomía a los protagonistas. Entonces, como creemos que existe esa desinformación, y como muchas veces se sataniza este Capítulo Económico de la Constitución, la expectativa es que cada vez que se quiere iniciar un debate sobre este tema, partamos sobre la evidencia y la realidad.

 

BENEFICIOS Y APORTES

¿Cuáles son los principales puntos a destacar del libro?
Creo que ayuda a entender los pilares de este modelo económico, y cuál es la razón que subyace a ellos. Porque existen reglas en la Constitución que establecen que se debe proteger la libre iniciativa privada, que no se debe discriminar entre empresarios, es decir, entre grandes y pequeños, entre inversión nacional o extranjera; y porque existen ciertas limitaciones razonables a lo que el Estado puede hacer. O sea, el Estado ciertamente puede intervenir en la economía, puede proveer varios servicios que a veces se especula que no puede hacerlo (por ejemplo, en salud y educación existe ese mandato para que el Estado intervenga), pero existen ciertos límites que son razonables y que no permiten generar un derroche de recursos.

¿Cuáles son las expectativas con su publicación?

Este es un libro que esperamos sea leído y difundido por profesores universitarios en sus escuelas, incluso profesores de secundaria en los colegios. Yo soy profesor universitario y escribí este libro pensando en mis alumnos y no solo en los abogados, sino en alumnos de Economía, de Comunicaciones, de Ciencias Políticas, que muchas veces discuten el Capítulo Económico, pero a veces no cuentan con las herramientas para conocerlo mejor en un lenguaje que resulte sencillo y amigable para ellos. Pero también para quienes no están en el ámbito educativo, sino simplemente en el ámbito de las actividades económicas, como empresarios de cualquier tamaño. La idea es que ellos mismos puedan ayudar a difundir el contenido, que es didáctico de la Constitución, entre sus funcionarios, entre sus trabajadores.

 

¿Cree que es trascendental que aparezcan publicaciones como esta en tiempos de crisis política y social?
Sí, sobre todo porque cuando hay alguna discusión pública, creo que lo que menos puede hacer quien siente que cuenta con la evidencia de su lado es rehuirle a la discusión. Entonces, yo realmente saludo la iniciativa de la CCL, porque muchas veces, cuando se discuten algunos temas económicos, se tiene el comprensible temor de no querer entrar en la discusión, porque un discurso populista podría terminar perjudicando algunas bases institucionales como la economía social de mercado, que en realidad han generado prosperidad para el país.

Respaldo a promoción de industria editorial

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su opinión favorable al Proyecto de Ley N.° 5304-2022-CR, que propone modificar la norma N.° 31053, que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, a fin de ampliar su alcance prorrogando la vigencia y beneficios tributarios. En este sentido, la mencionada iniciativa legislativa busca brindar, a través del Fondo Nacional de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura (Fondolibro), estímulos económicos para el libro y el fomento a la cultura. Asimismo, propone la inafectación al IGV a la importación, producción y venta de libros en el país, así como la prórroga de otros beneficios tributarios.

 

No a las modificaciones inviables al TUO de las Relaciones Colectivas de Trabajo

La CCL manifestó su posición contraria respecto al Proyecto de Ley N.o 5269/2022 CR, que modifica el TUO de las Relaciones Colectivas de Trabajo. Esta propuesta legislativa propone la inclusión de los trabajadores no dependientes al ámbito de aplicación normativo, la constitución de organización sindicales sin necesidad de autorización previa, y la modificaciones en la declaración y procedencia de la huelga, entre otros puntos. Para la CCL, estas propuestas restringen la potestad del empleador, son atentatorias de la libertad de trabajo y contraproducentes a la capacidad individual de los trabajadores. Asimismo, la CCL resaltó la importancia del diálogo social para brindar legitimidad, eficiencia y evitar que se aprueben normas que podrían convertirse en fuente de potenciales conflictos en las relaciones laborales.

 

Participación en mesa de trabajo sobre la Ley General de Turismo

El pasado 12 de junio, la CCL participó en la mesa de trabajo de la Ley General de Turismo, organizada por la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República. En dicha sesión, nuestro gremio institucional recomendó incorporar en el Título I, sobre Disposiciones Generales de la actual Ley General del Turismo, los principios de conectividad y turismo circular. Asimismo, el gremio empresarial solicitó regular la aplicación de garantías de comercialización contra todo riesgo o contingencia posible, tomando en consideración la experiencia acontecida estos años, debido a la pandemia. Igualmente, nuestra institución saluda y felicita el convocar una mesa de trabajo para realizar seguimiento y brindar aportes a propuestas legislativas, y espera la continuación de esta buena práctica.

 

No al establecimiento de límites a la compensación en las cuentas

La CCL expresó su opinión contraria al Proyecto de Ley N.o 4939/2022- CR, que pretende establecer límites a las compensaciones en cuentas donde se depositan las remuneraciones, al disponer que estas procederán cuando el monto de la cuenta supere el equivalente a las 5 Unidades de Referencia Procesal (URP) y que el exceso será materia de compensación solo hasta una tercera parte. Al respecto, la CCL señaló que la iniciativa legislativa carece de sustento técnico y que sus medidas terminarían siendo contraproducentes para los consumidores. Asimismo, indicó que hay métodos más efectivos para afrontar la problemática y necesidades del consumidor. Un ejemplo de ello es promover la educación financiera.

 

En contra de reforma de Sistema Previsional de Pensiones

La CCL manifestó su posición contraria al Proyecto de Ley N.o 4743/2022-CR, que tiene por objeto la reforma y universalización del Sistema Previsional Peruano (SPP), mediante la creación de una cuenta individual de capitalización acumulativa (CICA) a favor de los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el SPP, el cual sería ofrecido por Empresas de Operaciones Múltiples (EOM). La CCL mencionó que esta iniciativa legislativa generaría competencia entre las EOM y las AFP en un mercado con distintas reglas, lo cual afectaría a las AFP en su
rentabilidad, debido a que no poseen igualdad de condiciones. Finalmente, mencionó que la propuesta legislativa desnaturaliza el fin previsional del fondo de jubilación y carece de sustento técnico.

 

No a la desnaturalización del beneficio de asignación familiar

La CCL mostró su posición contraria al Proyecto de Ley N.o 1925/2022-CR, que propone extender el beneficio de asignación familiar a trabajadores que tengan padres ancianos a su cargo. La CCL afirmó que esta propuesta desnaturaliza el beneficio de asignación familiar concebido para coadyuvar a atender la carga familiar constituida por hijos de los salariados, además de carecer de sustento técnico. Asimismo, la CCL señaló que es labor del Estado, por la vía de los sistemas previsionales, atender la problemática de los adultos mayores que, por diversas
circunstancias, carecen de recursos económicos.

 

Mayor análisis para regular el mercado de criptomonedas

La CCL manifestó su opinión en contra sobre el Dictamen del Proyecto de Ley N.° 1042/2021-CR, que propone establecer lineamientos para la operación y funcionamiento de las empresas de servicio de intercambio de criptoactivos a través de Plataformas Tecnológicas, creando el Registro Único de Plataformas de Intercambio de Criptomonedas (RUPIC), el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (SGIC) y una Comisión Multisectorial.

Al respecto, el gremio empresarial señaló que la presente iniciativa legislativa no identifica claramente el problema público que se pretende legislar y que, además, es contraproducente económicamente y carece de sustento técnico, tanto en la definición de los conceptos como en la composición de las entidades públicas propuestas a constituir. Sin embargo, debido a que este tema es de vital importancia y requiere de regulación, nuestro gremio empresarial solicita ampliar el debate del mercado de los criptoactivos. Por lo tanto, sugiere formar un grupo de trabajo multisectorial para su evaluación.

El tradicional Mensaje a la Nación del 28 de julio último, brindado por la presidenta Dina Boluarte, estuvo marcado por los temas vinculados a seguridad y, en particular, la seguridad ciudadana. Asimismo, llamaron la atención las referencias a aspectos laborales, como el Consejo Nacional del Trabajo y el sueldo mínimo vital.

 

A continuación, revisamos los anuncios con carácter normativo más resaltantes del mencionado mensaje.

 

Delegación de facultades

La presidenta presentó el Proyecto de Ley N.º 5632/2023-PE solicitando delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, por 120 días, para legislar a través de decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres (consecuencias negativas del fenómeno de El Niño Global), infraestructura social y calidad de proyectos, y en el  fortalecimiento de la gestión pública para un mejor servicio.

 

Boluarte manifestó que el Gobierno tiene como objetivo emitir 50 normas, de las cuales 33 estarían enfocadas a la lucha contra la delincuencia, 6 para enfrentar oportuna y eficientemente las emergencias que se deriven de la anomalía climatológica; 10 decretos legislativos sobre desarrollo de la infraestructura; y una sobre meritocracia para reducir el déficit de calidad de los recursos humanos que el Estado incorpora a sus instituciones. Entre estos proyectos, destacamos los siguientes:

 

-Lucha contra extorsión, estafa, fraude y otros delitos: Ello se efectuará a través del intercambio de información entre la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, el Poder Judicial, los Ministerios Público y del Interior, y la Policía Nacional.

 

-Central Única de Emergencias: Propone la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, a través de un único número que regule su interconexión y funcionamiento, así como medidas para el traslado de su administración y funciones de las entidades involucradas.

 

-Celulares robados: La presidenta Boluarte anunció que se buscaría la modificación del Código Penal respecto a sus alcances en los delitos de robo y hurto, y la penalización del uso de celulares robados o ilegales.

 

-Expulsión de extranjeros que delinquen: A efectos de frenar la acción delictiva cometida por extranjeros, la presidenta anunció que se planteará la incorporación de la figura de expulsión del país en el Código Penal, en casos de flagrancia. Asimismo, se busca la expulsión a los extranjeros condenados a una pena suspendida o condicional.

 

-Tránsito irregular de personas: Busca la modificación del artículo 303-A del Código Penal, a fin de sancionar a quienes promueven, favorecen, financian o facilitan el tránsito irregular en el país de otra persona, con el propósito de obtener, directa o indirectamente, cualquier beneficio para sí, o para terceros, en aquellas zonas que no son frontera.

 

-Extranjeros que no pueden ser identificados: Se busca incluir una modificación al Código Procesal Penal a efectos de contar con una normativa que pueda ser aplicable a los extranjeros que delinquen en territorio nacional y que no cuentan con arraigo suficiente o con documentos que puedan acreditar fehacientemente su identidad.

 

-Licencias y prohibiciones en el uso de armas de fuego: Se anunció una propuesta de modificación del Decreto Legislativo 30299, Ley de Armas de Fuego y Municiones, para fortalecer el control y evitar su desvío hacia el mercado ilegal.

 

-Control migratorio: Se señaló que, a fin de fortalecer el control migratorio, se establecería un procedimiento administrativo sancionador aplicable a procedimientos migratorios.

 

-Ciberseguridad y uso de tecnología: Con la finalidad de establecer un marco regulatorio que permita la adecuación de la regulación vigente al convenio contra la ciberdelincuencia, y a convenciones internacionales relacionadas con la protección de niños, niñas y adolescentes contra los riesgos del mundo digital.

 

Facultades de los gobiernos regionales: Modificación del Decreto Legislativo N.º 29010, a efectos de incluir en las facultades de los gobiernos regionales y locales la de realizar gastos de inversión en los servicios policiales, operativo básico especializado, de investigación criminal, de formación policial y aportes a la infraestructura y equipamiento policial.

 

-Violencia contra las mujeres: Se plantea modificar el Código Procesal Penal con la finalidad de que las requisitorias cursadas a la Policía no caduquen hasta la efectiva detención de los agresores. Esta propuesta modificará también el Decreto Legislativo N.º 1428, que desarrolla medidas para la atención de personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad.

 

Proyectos de ley

Adicionalmente, la presidenta Boluarte presentó los siguientes proyectos de ley como iniciativas legislativas para que sean puestos en agenda por el Congreso:

 

-Proyecto de ley que incorpora la categoría de Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana (PL 5633/2023-PE): Busca incorporar rápidamente a jóvenes a las actividades policiales para cerrar la brecha de falta de personal.

 

-Proyecto de ley que modifica diversos artículos del Código Penal para fortalecer la lucha contra la corrupción dentro del sistema penitenciario (PL 5634/2023-PE): Busca incorporar la figura del cohecho pasivo propio e impropio en el ejercicio de la función penitenciaria.

 

-Proyecto de ley de fortalecimiento de la función de integridad en el sector público (PL 5635/2023-PE): Propone la implementación del modelo de integridad en las entidades del sector público para prevenir los actos de corrupción.

 

-Proyecto de ley que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable (PL 5636/2023-PE): La propuesta consiste en regular las intervenciones del Estado para el acceso universal al agua potable, en cuanto a infraestructura y equipamiento, mediante opciones tecnológicas convencionales y no convencionales, incluyendo la operación y mantenimiento. Se trata de intervenciones de carácter temporal hasta que se dé la prestación regular de servicios de saneamiento.

 

-Proyecto de resolución legislativa que modifica el artículo 77 del Reglamento del Congreso, a fin de garantizar el estudio y dictamen en el trámite de las autógrafas de ley observadas por el Poder Ejecutivo (PRL 5639/2023-PE): La mandataria señaló como fundamento de esta norma la necesidad de mejorar la calidad de las leyes expedidas por el Congreso de la República. Mencionó que, de 243 leyes recientemente expedidas, 129 han sido promulgadas, 57 son declarativas y varias de ellas afectan la caja fiscal y la prohibición de iniciativa de gasto.

 

Anuncios en materia laboral

Sobre este tema, la presidenta Boluarte manifestó textualmente lo siguiente: “Comprometidos con el diálogo social y las relaciones laborales armoniosas, luego de más de un año de distanciamiento entre trabajadores y empleadores, nuestro Gobierno ha logrado que las centrales sindicales y los gremios empresariales retomen el diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNT), un paso importante para la gobernanza democrática de las relaciones laborales en nuestro país. Mi Gobierno espera que, fruto de ese diálogo entre los gremios sindicales y empresariales, pronto podamos anunciar al país el incremento del sueldo mínimo vital (SMV), que mejore las condiciones de vida de nuestras trabajadoras y trabajadores”.

 

Al respecto, consideramos necesario hacer algunas precisiones. En principio, es cierto que el CNT ha retomado sus reuniones, pero para ver una agenda integral, que incluya temas prioritarios, tanto para empleadores como trabajadores. En ese sentido, se acordó poner en agenda la revisión de las normas sobre tercerización y negociaciones colectivas de trabajo, así como la revisión del SMV. No obstante, en ningún caso única ni exclusivamente este último tema, que, por lo demás, como es pertinente recordar, requiere previamente de la fijación de los parámetros y factores que deben ser considerados para efectos de su modificación.

 

Sobre el tema, la CCL considera que, para la fijación del SMV, deben manejarse, principalmente, conceptos como la inflación y la productividad de las empresas, así como niveles de oferta y demanda laboral, tasas de desempleo e informalidad. También es necesario poner en debate técnico la pertinencia o no de remuneraciones mínimas diferenciadas, según la actividad y las regiones donde operan los centros de trabajo, con lo cual se reduce el efecto negativo de su aplicación universal en todo el territorio nacional y se privilegia la realidad de cada zona. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la repercusión que tiene el SMV en otros conceptos de orden laboral, como los aportes a EsSalud, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y vacaciones, que implican una mayor carga para el empleador, por lo que no deben soslayarse al momento de fijar una nueva remuneración mínima.

 

En conclusión, estimamos que, antes de esperar el anuncio de un nuevo SMV, debemos esperar que, en el interior del CNT, se realice la determinación de los criterios técnicos necesarios para la fijación de dicho concepto, a fin de evitar, de este modo, el sesgo político que ha predominado en su establecimiento en los últimos años.