La extorsión en el Perú: crimen organizado en expansión
La extorsión, entendida como el uso de amenazas o violencia para obtener dinero u otros beneficios, es un fenómeno delictivo con larga data. En su forma moderna y sistematizada, cobró notoriedad a inicios del siglo XX con el auge del crimen organizado en Estados Unidos. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió durante la Ley Seca (1920–1933) en el referido país norteamericano, cuando mafias como la de Al Capone consolidaron su poder no solo mediante el contrabando de alcohol, sino también a través del cobro de “cuotas” a negocios, bares clandestinos y sindicatos, bajo amenaza de destrucción o asesinato.
Frente a este escenario, figuras como Eliot Ness, agente del Departamento del Tesoro estadounidense, lideraron operativos emblemáticos contra estas mafias, como el grupo de “Los Intocables”, que documentó prácticas de extorsión sistemática en Chicago. Capone, por ejemplo, exigía pagos regulares a comerciantes y empresarios a cambio de «protección», y respondía con atentados cuando alguien se negaba. Este modelo se replicó luego en otras ciudades y se convirtió en un pilar financiero del crimen organizado en América.
Hoy, variantes de ese mismo esquema operan en países de América Latina, con métodos similares: cobros semanales, amenazas constantes y violencia como mecanismo de control. La diferencia es que ahora las bandas usan también celulares, redes sociales y extorsión virtual. Pero en el fondo, la lógica es la misma que hace cien años en Chicago: “paga o atente a las consecuencias”.
El auge de la extorsión en el Perú
En nuestro país, la extorsión comenzó a tomar forma a fines de los noventa, siguiendo patrones similares a los del crimen organizado en otros países. Uno de los primeros focos fue la ciudad de Trujillo (La Libertad), donde bandas locales comenzaron a exigir pagos a pequeñas empresas y obras de construcción. A diferencia del sicariato, las organizaciones buscaban ingresos sostenidos a través de cobros periódicos bajo amenaza. La construcción civil fue su primer objetivo: los delincuentes se presentaban en obras y exigían dinero a los ingenieros o contratistas para “permitirles trabajar en paz”.
Exreclusos y cabecillas criminales peruanos que habían conocido las estructuras de mafias en países vecinos, como Colombia y México, lo adaptaron al contexto nacional. También influyó la debilidad del Estado en zonas periféricas, donde la policía tenía poca presencia y los sindicatos eran fácilmente infiltrables. Así se consolidaron bandas como: Los Pulpos, Los Malditos de Río Seco y La Jauría, que dominaron distritos enteros de Trujillo y luego expandieron su control a Lambayeque, Piura y Lima.
En la década del 2000, la extorsión dejó de ser un fenómeno regional para convertirse en una economía criminal nacional. A medida que el Estado permitía vacíos de autoridad, estas bandas diversificaron sus métodos, pasando de cobrar en obras a extorsionar a comerciantes, transportistas, profesionales independientes e incluso familias.
El crimen encontró en la informalidad del mercado peruano el terreno perfecto para crecer sin ser detectado. Y lo más grave, muchas de las amenazas no venían de la calle, sino desde las cárceles. Reos con acceso a celulares organizaban redes enteras de extorsión por teléfono, replicando, con nuevos medios, el mismo esquema que usaban las mafias de Chicago un siglo antes.
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Estadísticas alarmantes
Según el Observatorio del Crimen y la Violencia en el Perú (2025), elaborado por el BCP y el Banco de Ideas Credicorp, en alianza con Capital Humano y Social (CHS), tres de cada diez limeños han sido víctimas de extorsión o conocen directamente a alguien que lo ha sido.
A nivel nacional, el 21 % de la población ha recibido alguna comunicación extorsiva o conoce a alguien que la ha sufrido, porcentaje que se eleva al 27 % en Lima. Esto representa aproximadamente 5 000 000 de personas afectadas en todo el país y más de 1 700 000 solo en la capital. En las regiones del norte, la incidencia es aún mayor, se estima que el 24 % de los habitantes ha sido víctima de extorsión, frente al 10 % registrado en el sur del Perú.
Este flagelo nacional ha obligado al cierre de cientos de microempresas, paralizando rutas de transporte público y encareciendo obras civiles. Además, ha provocado una caída en la confianza de la ciudadanía en las autoridades: el 87 % de los peruanos no confía en los jueces, y un porcentaje similar (86 %) muestra desconfianza hacia los fiscales del Ministerio Público (Datum Internacional, 2024). Esta desconfianza se extiende a la Policía Nacional del Perú (PNP), con un 66 % de los ciudadanos manifestando falta de confianza en los efectivos policiales.
En esta misma línea, según datos oficiales del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) del Ministerio del Interior (Mininter), los casos reportados de extorsión aumentaron en 438 % entre el 2019 y el 2024, pasando de una tasa de 12 denuncias por cada 100 000 habitantes en el 2019 a 64, 7 por 100 000 en el 2024.
Pese a la magnitud del problema, existe un alto subregistro derivado del temor a denunciar. Muchas víctimas optan por no acudir a la policía, bien por desconfianza en la efectividad policial, o por estar involucradas en la informalidad y temer repercusiones legales. Esta falta de denuncias podría explicar por qué, a pesar de darse decenas de miles de casos anuales, solo 1 233 extorsionadores estaban presos en noviembre 2024, una cifra prácticamente igual a la de nueve años atrás (1 166 presos por este delito en noviembre del 2015).
Extorsión al comercio y pequeñas empresas
Uno de los sectores más golpeados por la ola extorsiva es el de pequeños comercios y emprendedores. Las bodegas de barrio, puestos de mercado, restaurantes modestos y microempresas enfrentan a diario las amenazas de bandas que les exigen pagos periódicos a cambio de “seguridad”.
Entre el 2023 y el 2024, cerca de 3 000 bodegas tuvieron que cerrar en el país bajo la presión de las bandas criminales. Tan solo en Lima Metropolitana, la Asociación de Bodegueros reportó que 2 600 tiendas de abarrotes cerraron en el 2023 tras sufrir robos, amenazas o atentados vinculados a extorsiones. En total, más de 13 000 microempresarios denunciaron actos delictivos contra sus negocios durante ese año.
Asimismo, las modalidades de extorsión varían. Algunos delincuentes practican el “chalequeo”, enviando matones a merodear el local para “cuidarlo” y obligar al dueño a pagarles una cuota semanal. Otros recurren al “escopetazo”, disparando o arrojando explosivos contra el negocio como advertencia para que paguen. También proliferan las extorsiones digitales, llamadas o mensajes de desconocidos exigiendo dinero bajo amenazas, muchas veces realizadas desde cárceles usando celulares ilegales.
Por otro lado, una tendencia reciente es la expansión de la modalidad “gota a gota”, que combina préstamos informales con extorsión. Las bandas ofrecen préstamos rápidos y, cuando el deudor no puede enfrentar los intereses usureros, lo intimidan con amenazas violentas para cobrar.
Como se muestra en el gráfico, hasta noviembre del 2024 se reportaron 16 204 casos de extorsión a nivel nacional, siendo la modalidad más frecuente la extorsión típica u ordinaria, con más de 14 000 registros. Le siguen casos asociados al sistema “gota a gota”, cobro de cupos y chalequeo.
En cuanto a las víctimas, los comerciantes son el grupo más afectado, con 3 639 denuncias, seguidos por profesionales independientes, amas de casa y transportistas.
Amenazas al transporte público y privado
Por su lado, el sector Transporte ha vivido igualmente una escalada de violencia vinculada a las extorsiones, con consecuencias fatales y paralización de servicios. En Lima y Callao, por ejemplo, más de 10 empresas de transporte público estuvieron bajo amenaza constante de bandas extorsivas durante el 2023.
Estas organizaciones criminales “marcan” rutas de transporte, especialmente aquellas de gran afluencia de pasajeros, y exigen pagos mensuales a los dueños de las líneas o a los mismos conductores para permitirles trabajar. Cuando sus demandas no son atendidas, cumplen sus amenazas: vehículos baleados o incendiados, e incluso asesinatos selectivos de choferes o cobradores. A fines de agosto del 2024, la situación llegó a un punto crítico, ya que en solo una semana cuatro choferes de transporte público fueron asesinados en Lima por presuntos extorsionadores, como represalia por negarse a pagar cupos.
Las extorsiones en el sector Transporte adoptan formas particulares. En Lima, ha proliferado el control extorsivo de rutas. Se calcula que los extorsionadores ya controlan más de 300 kilómetros de rutas de transporte solo en Lima (mediante amenazas a transportistas). También está la variante del “rescate de vehículos”, donde delincuentes roban ómnibus, camiones o mototaxis y luego piden dinero a cambio de devolverlos a sus dueños
Extorsión en el sector Construcción
Asimismo, el sector Construcción lleva dos décadas bajo el acecho de mafias que cobran cupos y amenazan a ingenieros, contratistas y obreros. Desde fines de los 90, las primeras bandas en Trujillo comenzaron a extorsionar a empresas constructoras y sindicatos de obreros, y desde entonces el fenómeno se extendió geográficamente. En los últimos años, con el auge inmobiliario, las organizaciones criminales han diversificado sus métodos, ya no solo cobran por permitir trabajar en obras, sino que también incursionan en el tráfico de terrenos y la infiltración de sindicatos para controlar puestos de trabajo.
Las modalidades clásicas en este rubro incluyen el cobro de cupos en obra, donde la banda exige un porcentaje del presupuesto de la obra o un pago semanal para no sabotearla; la venta obligada de puestos de trabajo, que solo permite que obreros afiliados a sus sindicatos controlados trabajen, a cambio de un pago; y el secuestro de maquinaria, en la que roban equipos o materiales y piden rescate.
Un dirigente de la Federación de Construcción Civil explicó que muchas bandas se autodenominan como antiguas organizaciones temidas, por ejemplo, “Los Pulpos” o el “Tren de Aragua”, para aprovechar el pánico que esos nombres generan.
La respuesta de las autoridades ante el azote a la Construcción ha sido limitada. La policía ha conformado el “Escuadrón Antiextorsiones” en Lima y Trujillo, y realiza operativos como “Impacto 2024” en regiones, logrando detenciones puntuales. Asimismo, se han impulsado iniciativas legales, así en el 2022 se aprobó una ley para facilitar la localización y bloqueo de celulares utilizados para extorsionar, dado que muchas órdenes salen de penales. No obstante, la criminalidad sigue extendiéndose a otros rubros por falta de medidas eficaces.
Respuesta del Estado y desafíos pendientes
El sistema de justicia enfrenta el reto de procesar eficazmente los casos. Aunque las capturas de extorsionadores han aumentado, es común que muchos salgan en libertad por faltas procesales o intimidación a testigos. Para el 2024, con más de 50 000 denuncias acumuladas en tres años, tener apenas alrededor de 1 200 encarcelados por extorsión indica posibles fallas en investigaciones y sentencias. Asimismo, los recursos son limitados, dado que se observan brechas en la asignación de efectivos policiales. La ONU recomienda contar con un policía por cada 300 habitantes (equivalente a 3 por cada 1 000), pero en distritos críticos como El Porvenir (Trujillo) apenas se registra 0,18 policías por cada 300 habitantes, lo que refleja una fuerte brecha de efectivos en diversas zonas del país.
En general, la expansión tecnológica del delito (extorsiones virtuales y uso de las redes sociales para elegir víctimas) obliga a actualizar tácticas de inteligencia digital. Por otro lado, la transnacionalización de las bandas criminales exige una cooperación más estrecha con países vecinos y organismos como Interpol, para desarticular redes que operan más allá de las fronteras peruanas. Sin embargo, el reto más urgente es reconstruir la confianza ciudadana. Sin el respaldo de la población, a través de denuncias e información clave, la labor policial se vuelve limitada y, en muchos casos, ineficaz.
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