El Artículo 25 de nuestra Constitución Política establece que la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, como máximo. Así, dentro de ese marco, el empleador está facultado para establecer turnos fijos o rotativos, dentro de los criterios de razonabilidad, teniendo en cuenta las necesidades del centro laboral. Sin embargo, recientemente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó un dictamen que propone modificaciones sustantivas a esta regulación, generando una serie de preocupaciones en el mundo empresarial. A continuación, informaremos por qué.

Lo que dice la ley actual

Antes de analizar el texto propuesto por el Legislativo, explicaremos lo que dice la norma actual. El Texto Único Ordenado de la “Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo” (Decreto Supremo 007-2002-TR) señala que en los centros de trabajo en que las labores se organicen por turnos -que comprendan horarios nocturnos- estas jornadas deberán, en lo posible, ser rotativas.

Asimismo, se establece que el trabajador que labora en horario nocturno no podrá percibir una remuneración semanal, quincenal o mensual inferior a la remuneración mínima vital (RMV) mensual vigente a la fecha de pago y que su salario deberá tener una sobretasa del 35 % de la RMV.

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Se considera jornada nocturna la que se realiza entre las 10 p.m. y las 6 a.m. del día siguiente, horario que, como se señala, en lo posible, debe ser rotativo.

Siendo que, a la fecha, la remuneración mínima vital equivale a S/ 1025, aplicando el 35 % adicional indicado, la remuneración por la jornada por trabajo nocturno es, como mínimo, equivalente a S/ 1 383,75.

Cabe señalar que, cuando la jornada del trabajador se desarrolle tanto en horario diurno como nocturno, la sobretasa, para determinar esta remuneración mínima nocturna, se aplica en forma proporcional al tiempo laborado en horario nocturno.

Téngase presente que la sobretasa del 35 % por jornada nocturna, no aplica sobre la remuneración del trabajador, sino sobre la remuneración mínima vital, es decir, que ningún trabajador que labora dentro del rango nocturno (entre las 10 p.m. y 6 a.m.) puede percibir menos de S/ 1 383,75. En consecuencia, si un trabajador percibe, por ejemplo, S/ 2 000 y debe laborar en jornada nocturna, su remuneración seguirá siendo la misma, no aplicándose sobretasa alguna.

Los cambios que propone el Congreso

Recientemente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó un Dictamen sobre los Proyectos de Ley 1192/2021-CR y 2306/2021-CR, que plantea modificaciones sustantivas a la “Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo”.

El dictamen en referencia propone, entre otros, lo siguiente:

– Que el horario nocturno sea rotativo, salvo restricción relativa a seguridad y salud en el trabajo.

– Que el trabajador no pueda realizar dos turnos consecutivos a tiempo completo en trabajo nocturno; y que deba garantizarse un período de descanso de, por lo menos, once horas antes de que se inicie el siguiente turno.

– Que la sobretasa por trabajo nocturno sea el 35 % del valor diario de la remuneración básica de cada jornada laborada en horario diurno, la que no podrá ser menor del 35 % de la remuneración mínima vital.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha expresado su opinión contraria respecto de esta iniciativa legislativa por carecer de soporte fáctico y legal. En efecto, estimamos que disponer que el horario nocturno sea rotativo y/o que el trabajador no pueda realizar dos turnos consecutivos a tiempo completo en trabajo nocturno, carece a nuestro juicio de sentido y lógica.

Conforme con la exposición de motivos de los autores de la propuesta, esta disposición se sustenta en “lo establecido” por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre labores nocturnas; cuando lo cierto es que se trata de la Recomendación OIT 178, que, obviamente contiene solo recomendaciones, sin carácter obligatorio que por lo demás, no se están interpretando adecuadamente. La diferencia entre una recomendación, en el sentido de que el horario nocturno sea rotativo, y una obligación al respecto, es que la segunda ignora la posibilidad de que el trabajador solo pueda estar disponible, por preferencia o necesidad, únicamente en determinado horario, diurno o nocturno.

De otro lado, la restricción a que el trabajador realice dos turnos consecutivos está condicionada a que uno de ellos sea el nocturno, es decir, recomienda que en estos casos no se produzca el “reenganche”. En la forma en la que está redactado el dictamen, parecería que se niega la continuidad del trabajo en horario nocturno, exigiéndose que se intercale con el horario diurno, lo que exige una revisión de base.

Finalmente, en cuanto a la sobretasa del 35 % sobre la remuneración básica del trabajador que labora en horario nocturno, señalamos que esta propuesta carece de todo soporte y su aprobación resultaría abiertamente contraproducente, pues es la que más efecto pernicioso podría generar. No existe justificación para una sobretasa del 35 % sobre la remuneración básica del trabajador, siendo que esta ya supera el “mínimo nocturno”, como funciona en la actualidad, y ello se explica en que el trabajo nocturno no implica necesariamente un mayor esfuerzo del trabajador que requiera ser compensado.

En todo caso, dicha compensación se produce ya, con el establecimiento de la tasa adicional sobre la remuneración mínima, pero no tiene por qué incidir sobre la remuneración básica del trabajador. Lo contrario constituye, a nuestro criterio, una ostensible lesión de la libertad de contratación, consagrada en el artículo 62 de la Constitución Política, pues se pretende, con una norma, fijar remuneraciones en detrimento de la voluntad de las partes.

Debe tenerse presente, además, que el Estado, conforme con el artículo 24 de la propia Constitución, solo puede establecer remuneraciones mínimas; y no, como resultaría, en la práctica, de aprobarse la propuesta legislativa, fijar sueldos, al imponer un porcentaje adicional sobre las remuneraciones pactadas.

Por lo demás, consideramos que no se está calculando el daño que esta disposición ocasionaría, al incrementarse abruptamente los costos de toda actividad económica nocturna en más de un tercio sobre los sueldos vigentes, más aportes a la seguridad y beneficios sociales como Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, entre otros. Muchas no soportarían esta subida general de sueldos y simplemente cesarían de operar, y de emplear a los trabajadores actuales.

Tampoco se ha considerado que, contrariamente al objetivo que persigue esta propuesta legislativa, es muy posible que las nuevas contrataciones de trabajadores para el turno nocturno se reduzcan hasta alcanzar la remuneración mínima legal, a fin de paliar el efecto de esta disposición, resultando perjudicial, sin duda, para los propios trabajadores.

Por todo ello, nuestra institución ha expresado su posición contraria al dictamen en referencia, sugiriendo su archivo.

 

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A mediados de mayo de este año, Uruguay enfrentó su peor sequía en 74 años, lo que provocó la peor crisis de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de Montevideo y en varios centros urbanos de ese país. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre si el Perú está preparado para enfrentar una emergencia similar ante la amenaza latente del estrés hídrico.

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En los últimos años, Lima y otras regiones densamente pobladas en el país han enfrentado desafíos cada vez más urgentes en términos de suministro de agua. En ese sentido, el estrés hídrico se ha convertido en una preocupación primordial para los habitantes, ya que la demanda de agua supera con creces la capacidad de los recursos hídricos disponibles.

De acuerdo con el estudio «Crisis de agua: una amenaza silenciosa para el desarrollo económico -2020», desarrollado por Aquafondo, se proyecta una situación altamente probable de reducción significativa de la oferta hídrica en Lima y Callao, producto de los eventos climáticos. Ello implicaría una caída del 30 % en el agua provista por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

“Nuestro análisis arrojó que esta situación generaría una reducción del 2,2 % de la actividad económica. Esto equivaldría a una pérdida estimada de 35 mil empleos, siendo los sectores de servicios y manufacturas los de mayor riesgo. Además, los sectores intensivos en agua representan casi dos quintas partes del Producto Bruto Interno (PBI)”, señala Mariella Sánchez, directora ejecutiva de Aquafondo.

Además, la especialista en recursos hídricos remarca que estas cifras están alineadas a las estimaciones del Banco Mundial, dadas a conocer en su estudio, «Perú Acciones Estratégicas para la Seguridad Hídrica -2023», así se indica que las brechas de seguridad hídrica en el país podrían traducirse en una pérdida económica de entre 1,3 %  y 3,5 % del PBI.

Riesgo latente

Debido al peligro inminente por el déficit hídrico, como consecuencia del fenómeno de El Niño, en septiembre de este año, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 544 distritos de las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y Tacna.

No obstante, Fernando Chiok, especialista en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), sostiene que es importante diferenciar los términos estrés hídrico y déficit hídrico. En resumen, explica que el primero se presenta con el incremento del uso del agua de las fuentes para cubrir la demanda; mientras que el segundo es cuando el recurso en las fuentes no es suficiente.

“El estrés hídrico básicamente es una condición que se determina en función a cuánta agua usamos de una cuenca y en función a la cantidad que en promedio se considera como renovable todos los años. El principal factor que hace que el estrés hídrico aumente cada año, es principalmente, la cantidad de agua que utilizan las personas para uso doméstico de su vivienda y todas las actividades productivas como la agricultura, minería y la industria”, comenta el experto.

 

Asimismo, el representante de Sunass indica que este año se ha registrado deficiencia de lluvias, generando bajos caudales en muchos ríos del país, por lo cual muchas de las presas tienen menor cantidad de agua almacenada para cubrir las demandas.

“En esta situación, podríamos entrar en una situación de posible déficit hídrico”, añade.

En cuanto a las regiones más afectadas por el estrés hídrico, Chiok precisa que desde Sunass han observado que Tacna, Ica y Lima son las más vulnerables, debido a que la cantidad de agua demandada es muy alta respecto al volumen de recurso hídrico que se producen en las cuencas.

“En Lima, la cuenca del río Rímac probablemente no es suficiente para cubrir toda la demanda de la población; mientras que, en Ica y Tacna, que son zonas bastante áridas y de mucha actividad agrícola, también tienen altas condiciones de estrés hídrico”.

Sectores más afectados

Según la directora ejecutiva de Aquafondo, Mariella Sánchez, el estrés hídrico tiene efectos negativos en la salud, la agricultura, la industria y el medio ambiente, generando numerosos desafíos en el impacto del bienestar de las comunidades, la estabilidad económica y la preservación de nuestros recursos naturales.

En tanto, el especialista de Sunass dijo que los más afectados por esta problemática son los pequeños agricultores que dependen probablemente de las condiciones climáticas para el riego.

“Ellos tienen menores posibilidades económicas para afrontar alguna situación de deficiencia de agua, así como las personas de menos recursos que no tienen un acceso seguro al agua potable”, agregó.

Del mismo modo, Iris Domínguez, especialista en políticas públicas en emergencias hídricas, drenaje urbano con enfoque sostenible, gestión sostenible de los recursos hídricos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), comenta que un escenario de estrés hídrico afecta a toda actividad económica.

“El agua es un ‘recurso transversal’ cuya cantidad y calidad son factores imprescindibles para la producción de bienes y servicios. En una condición de desbalance acentuado entre oferta y demanda, como es el escenario de estrés hídrico, no es posible sostener ni desarrollar la actividad económica”, advierte.

 

Principales causas

El crecimiento demográfico y la urbanización acelerada son algunas  de las principales causas del estrés hídrico, sustentó la directora ejecutiva de Aquafondo, quien añadió que una mayor población incide en el aumento de la demanda de agua.

“Esto impacta de manera significativa en áreas urbanas y costeras densamente pobladas, como Lima, en donde se concentra la mayor actividad productiva y poblacional de nuestro país. Y de cara al futuro, este número está proyectado a crecer. Por ejemplo, se estima que al año 2050 llegaríamos a los 40 millones de habitantes”.

Otra de las causas es el cambio climático, que viene generando una mayor variabilidad en el ciclo hidrológico del agua, generando situaciones de estrés hídrico en distintos lugares y momentos de forma inusitada.

“Los efectos del cambio climático generan eventos extremos como sequías y lluvias torrenciales, entre otros. Y casi la mitad del Perú (46 %) es muy vulnerable a los desastres naturales asociados con el fenómeno de El Niño, según el Banco Mundial”, explica Mariella Sánchez.

También, la contaminación producida por distintos sectores productivos impacta al estrés hídrico.

“La cuenca del Rímac es la que cuenta con el mayor número de fuentes contaminantes, principalmente tuberías conectadas directamente al cauce, residuos sólidos y vertimientos de aguas residuales”, afirma la representante de Aquafondo.

Retos y desafíos

En relación con los retos y desafíos de esta problemática, Alejandro Conza, miembro de Comisión de Sostenibilidad Ambiental de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), precisa que el gremio empresarial tiene en claro los desafíos hídricos que hay que atender desde el sector privado. Para ello, cuenta con un grupo de trabajo específico en temas de agua.

“La Comisión de Sostenibilidad de la CCL se ha propuesto promover con mayor énfasis dos mecanismos que permiten al sector privado involucrarse e impactar en el cierre de brechas hídricas. Estos son el Certificado Azul de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y Obras por Impuestos en proyectos de agua. Ambos mecanismos son público-privados y tienen la capacidad de escalar los esfuerzos privados a nivel nacional”, comenta el representante de la CCL.

Agrega que, recientemente, la Comisión de Sostenibilidad de la CCL inició conversaciones con Global Water Partnerships para la creación de una alianza entre varias cámaras de comercio de Sudamérica, que tengan el objetivo de promover la gestión corporativa del agua, buscando sobre todo la participación de las pequeñas y medianas empresas.

“Sabemos que el Perú enfrenta en simultáneo varios desafíos urgentes en cuanto al suministro de agua. Sufrimos de estrés hídrico en nuestras principales ciudades, muchos de nuestros ríos están contaminados, falta acceso al agua potable en las poblaciones más vulnerables, la gobernanza de los recursos hídricos es débil y tenemos alta vulnerabilidad al cambio climático”, sostiene Conza.

En ese sentido, el especialista en sostenibilidad afirma que el rol del sector privado es clave.

“El involucramiento del sector privado en la agenda pública para el cierre de brechas hídricas ha pasado de ser una alternativa a una necesidad. La estadística y la realidad nos han demostrado que repetir las mismas estrategias para resolver el problema del agua no será suficiente para afrontar la crisis hídrica del país”, anota.

También, el representante de la Comisión de Sostenibilidad Ambiental de la CCL señala que el sector privado está llamado a ser el gran promotor de la sostenibilidad de los recursos hídricos. Para ello, debe desarrollar estrategias específicas que respondan a los principales desafíos hídricos.

“Los tomadores de decisión en la empresa deben tener respuestas claras a preguntas como: ¿mi unidad de producción está una zona de estrés hídrico?, ¿cómo lo mitigo?, ¿estoy monitoreando mis descargas de aguas residuales y me aseguro de que las de otros no me impacten?, ¿mis trabajadores y vecinos tienen acceso a agua segura?, ¿participo en la gobernanza de los recursos hídricos de mi cuenca, o tengo información de su desempeño? ¿estoy preparado para los efectos del fenómeno de El Niño?”, enfatiza Conza.

Finalmente, el representante de la CCL sostuvo que el sector privado tiene la ventaja de ir más rápido y en diferentes direcciones, ya que es capaz de buscar alternativas innovadoras que logren impacto.

“Cuando una empresa privada involucra en su core business la sostenibilidad, debe tener claro que el aspecto más visible de ello será su estrategia en agua”, puntualiza.

 

 

Datos y cifras

– Según el Banco Mundial, en las últimas tres décadas, la extracción de agua se ha duplicado en el Perú. El sector agrícola (específicamente la agricultura de regadío) utiliza la mayor parte del agua y representa el 89 % de las extracciones (superior al promedio regional, del 70 %). Le siguen los retiros para uso doméstico, con 9%, y para la industria, minería y otros sectores, que suman 2,3%.

– Una de cada tres escuelas no tiene instalaciones sanitarias adecuadas, y solo una de cada cinco tiene acceso a agua de calidad (Banco Mundial).

– Uno de cada cuatro peruanos vive de la agricultura, y depende de la lluvia y el riego para subsistir y generar ingresos (Banco Mundial).

– El agua se emplea para generar más de la mitad de la electricidad que se consume en el Perú (Banco Mundial).

– En el Perú, 9 de 10 personas acceden al servicio de agua potable. Sin embargo, 3.5 millones de peruanos aún no cuentan con dicho servicio, lo que representa al 9 % de la población, señala Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Del total de personas sin conexión de agua potable, cerca de 2 millones se ubican en Lima, Loreto, Puno y Piura, y 904.7 mil son niños menores de 12 años.

– En el caso de Lima hay más de 635 mil personas (6 % de la población) que no tiene agua potable- Del mismo modo, un 8 % de las personas que viven en Lima no cuenta con el servicio de alcantarillado y saneamiento en sus casas. Además, hay distritos que no tienen servicio de agua potable 24 horas, sino solo 6, 4 y hasta 2 horas al día, explica Alberto Cairampoma Arroyo, profesor de la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y autor del libro Los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Perú.

– Según Sunass, lograr que más peruanos accedan al agua potable y alcantarillado requiere de, aproximadamente, 95 mil millones de soles de inversión, a nivel nacional.

 

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En el primer mes del 2023, la exportación del sector Textil y Confecciones presentó un crecimiento de 17,9 % respecto a similar periodo de 2022, llegando a mover US$ 144 millones, la cifra más representativa desde 2012. Sin embargo, en los meses posteriores el panorama no fue tan positivo. Así, a pesar de las complicaciones en el plano nacional e internacional, la industria sigue luchando por sobresalir, ya que tenemos factores que juegan a nuestro favor como es la preferencia por algunas de nuestras materias primas.

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La industria textil y de confecciones peruanas tiene una rica historia que pasa por muchas generaciones y culturas. Es altamente valorada internacionalmente, principalmente en destinos como Estados Unidos, Europa y Asia, por los materiales que utiliza, tales como el algodón pima y las fibras de alpaca. Por ello, los empresarios de dichos países requieren importarlos de manera recurrente. Entre las categorías que destacan se encuentran los t-shirts de algodón para hombres y mujeres, los t-shirts de algodón de color uniforme para ambos sexos; y los t-shirts y camisetas de punto, de las demás materias textiles y el pelo fino peinado de alpaca o de llama. Cabe recalcar que los países de Latinoamérica que actualmente demandan más dichas prendas son Chile, Brasil y Ecuador.

No obstante lo señalado, la industria textil y de confecciones del país puede lograr un mayor desarrollo y posicionamiento internacional. Para ello, se podrían implementar cuatro líneas de acción, sugeridas por Javier del Carpio, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ESAN. Primero, se debe tener en cuenta que más de un 90 % de las empresas de confecciones peruanas son pequeñas, las cuales tienen muchas debilidades como la falta de acceso a fuentes de financiamiento, capacitación y gestión. Segundo, es necesario que la micro y pequeñas empresas (mypes) se asocien con fábricas y talleres de mayor tamaño que puedan cubrir altas demandas por parte de compañías extranjeras, pero considerando que se debe estandarizar la confección de sus productos.

Tercero, una mayor relación e interacción entre las instituciones técnicas y universidades con las empresas del sector es necesaria para agilizar los proyectos de transferencia tecnológica, así como para desarrollar la línea de productos orgánicos. Y, por último, se debe fomentar la creación de escuelas de moda y diseño de prendas de vestir orientadas a mercados de exportación que nos permitan generar productos que estén acordes a las tendencias internacionales de los mercados más exigentes.

 

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