Inversiones de Gobierno a Gobierno en Perú suman S/ 70 000 millones

En los últimos cincos años, el Perú ha acumulado S/ 70 000 millones en inversiones comprometidas en 7 proyectos de infraestructura bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G), mecanismo que asegura la ejecución de los proyectos con la celeridad de contratos y transferencia de conocimientos.

Así lo manifestó Alberto Valenzuela, presidente de la Comisión Nacional de Infraestructura durante su participación en la conferencia “Comprendiendo los Acuerdos de Gobierno a Gobierno: coyuntura y desafíos”, organizado por el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima y Latac Business.

Entre los proyectos más representativos figuran los Juegos Panamericanos y el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (hoy Autoridad Nacional de Infraestructura) a cargo del Reino Unido; el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (Corea del Sur); la nueva Carretera Central y los hospitales Sergio Bernales y Antonio Lorena (Francia), y la tercera etapa del proyecto Chavimochic (Canadá).

Alberto Valenzuela indicó que el monto de inversión de contratos G2G equivale al 50 % del presupuesto asignado al Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. No obstante, señaló que solo algunos de estos proyectos forman parte de este plan, tema que debería ser revisado por el Ejecutivo “a fin de generar una coherencia entre la planificación de largo plazo y las ejecuciones que se vienen dando por G2G, Asociaciones Público Privadas (APP) y obra pública tradicional”.

Añadió que, de concretarse una segunda generación de acuerdos G2G esta debería contar -además de asistencia técnica- financiamiento en el mercado internacional.

Por otro lado, para impulsar las Asociaciones Publico Privadas (APP), Valenzuela indicó que los G2G pueden ayudar con asistencia técnica a ministerios o entidades públicas concedentes (los que otorgan la concesión) de manera que estos proyectos y Obras por Impuestos puedan entregarse con celeridad. “En el caso de las APP, los proyectos se realizarían en un plazo de 2 años y no en 12 años como se da actualmente”, comentó.

Por su parte, Raúl Barrios, presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, aseguró que el sector privado tiene la capacidad para desarrollar proyectos de infraestructura de gran envergadura, pero lamentablemente en el sector público la rotación de sus funcionarios por la inestabilidad de los gobiernos, afecta el pleno desarrollo de los proyectos.

“Además tenemos funcionarios públicos que no tienen confianza ni respaldo para la toma de decisiones. Igualmente contamos con una Contraloría que considera que todos somos delincuentes que, a través de sus informes, recomienda al procurador crear un proceso penal contra todos los responsables del proyecto incluyendo a empresarios”, resaltó.

Por tanto, afirma que los convenios G2G al contar con buenas prácticas internacionales respalda a empresarios y funcionarios ante cualquier opinión de Contraloría que genere un proceso judicial.

 

 

Combinar contratos G2G y APP

Así también, para cerrar la brecha de infraestructura pública y reactivar la inversión en el corto plazo, Juan José Cárdenas, socio Damma Legal Advisors propuso combinar convenios G2G y APP con el fin de asegurar -en el largo plazo- mejores niveles de servicio.

En tanto, Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones precisó que combinar G2G y APP es una buena opción si se quiere contar con más proyectos de infraestructura en el menor plazo; no obstante, un problema que arrastra el Estado peruano es su incapacidad de elaborar acciones en materia de infraestructura relacionadas a mejorar procesos y competencias en el mercado, así como asegurar las finanzas públicas.

“Frente a la falta de visión para el desarrollo, los G2G permiten abrir caminos más eficientes en infraestructura y servicios”, comentó.

Por su parte, Amalia Moreno, GG de Integridad e Innovación Consultores S.A.C y exdirectora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, afirmó que, si bien se han logrado importantes proyectos en el país, no se había logrado adquirir una capacidad solida de gestión. Por tanto, consideró que hoy es oportuno apostar por una transferencia “real” de conocimiento, objetivo principal de esta modalidad de contratos.

En esa línea, Luis Alonso Robas, exvicecontralor de la Contraloría General de la Republica afirmó que, ante los escenarios de corrupción en años anteriores, como el Caso Lavajato y el Club de la Construcción, que generó un daño sistémico al país, los G2G han permitido generar transparencia y confianza debido a sus reconocidas prácticas internacionales.

Empero, consideró que el Estado no ha resuelto temas sustanciales para aprovechar los beneficios que conlleva estos convenios como el tema de gobernanza (para retener capital humano), el desarrollo de plataformas para una verdadera transferencia de conocimiento, etc.

 

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El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y Latac Business realizarán este jueves 8 la conferencia “Comprendiendo los Acuerdos de Gobierno a Gobierno: Coyuntura y Desafíos”.

El evento, a desarrollarse en las instalaciones de la CCL, contará con la participación de empresarios y delegados diplomáticos nacionales e internacionales y tendrá como invitado especial al embajador de Canadá, Louis Marcotte y como panelistas a líderes del sector de infraestructura como Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones; Amalia Moreno, exdirectora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; Alberto Valenzuela, exdirector general de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.

Hasta el momento, se han gestionado más de US$ 17 000 millones en 6 grandes proyectos a través de acuerdos G2G. Asimismo, hay tres proyectos por empezar bajo la misma modalidad. Son 5 los países socios que asesoran en estos proyectos de envergadura en sectores clave como Transporte, Educación, Salud, Eventos Deportivos, Agricultura y Prevención de Desastres.

Estas iniciativas han proporcionado lecciones que son vitales para la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura como, por ejemplo, los futuros megaproyectos ferroviarios y el anunciado Ministerio de Infraestructura.

La exministra de Transportes y Comunicaciones Paola Lazarte manifestó que uno de los mayores desafíos es la capacidad de las instituciones públicas para la ejecución contractual y la alineación con las mejores prácticas internacionales, generando conocimiento para futuros proyectos.

La conferencia abordará temas clave como la planificación de inversiones, capacidades de los organismos públicos, asistencia técnica y oportunidades de transferencia de conocimientos.

Además de presentaciones y debates, incluirá una sesión de networking para conectar con expertos y profesionales del sector. “Este evento ofrece una plataforma para adquirir conocimientos sobre acuerdos G2G y establecer conexiones valiosas, esenciales para avanzar en proyectos que beneficien al país”, destacó el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, Raúl Barrios.

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Gremios y asociaciones atentos a la nueva Ley del Agente Inmobiliario

Diversos gremios y asociaciones del sector inmobiliario se dieron cita para abordar la propuesta legislativa que modifica la Ley N.° 29080, cuyo objetivo es fortalecer las funciones del agente inmobiliario, mediante la regulación de sus funciones, y garantizar la seguridad jurídica de la propiedad inmueble.

En efecto, el Proyecto de Ley 04927/2022-CR, con texto sustitutorio, plantea modificar la Ley 29080, Ley de creación del registro del agente inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En esta reunión participaron la Cámara de Comercio de Lima (CCL); Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios (ASPAI); Cámara de Agentes Inmobiliarios Registrados del Perú (CAIRP); Colegio de Agentes inmobiliarios del Perú (CAIP); Cámara Inmobiliaria Peruana (CIP); Net4House; Asociación de Agentes y Brokers Inmobiliarios del Perú (ADAIN- Perú).

La cita se llevó a cabo en la sede de la CCL, donde el grupo de trabajo, denominado Coordinadora Inmobiliaria, consideró que la iniciativa del Congreso debería recoger la opinión técnica del sector privado; y sostener una reunión con la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, autora del proyecto de ley.

La presidenta del Sector Bienes Raíces del Gremio de Servicios de la CCL, Lucy Mier y Terán manifestó que, en relación al proyecto en mención, la CCL coincide en la necesidad de establecer propuestas que impidan las prácticas fraudulentas y otros actos ilícitos en el mercado inmobiliario; no obstante, pese a la buena intención de la iniciativa legislativa, “las disposiciones planteadas se traducen -en la práctica- en barreras para la aplicación de la Ley del Registro del Agente Inmobiliario”.

“Ello resulta insuficiente para solucionar el problema de fondo: la informalidad en las actividades de intermediación o servicios en el ámbito de las operaciones inmobiliarias”, comentó.

Así también, otros temas abordados en la reunión están enfocados a la profesionalización del agente inmobiliario, impuestos (3ra o 4ta categoría), seguridad jurídica, control por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), entre otros.

“Lo que buscamos es proponer alternativas y, de ser necesario, proponer una regulación con aportes de los gremios inmobiliarios”, comentó.

 

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