Un país que quiere atraer inversiones para lograr mayor crecimiento, como el Perú, necesita un escenario estable en términos políticos y económicos. En el aspecto económico, el país tiene más de tres décadas con una estabilidad macroeconómica comprobada, que nos ha permitido sortear los shocks financieros nacionales e internacionales. Una baja inflación, un tipo de cambio estable y un buen respaldo de reservas internacionales forman parte de nuestra carta de presentación.

Sin embargo, el entorno político se ha deteriorado con el transcurrir de los años. Lo que los analistas políticos denominaban “cuerdas separadas”, es decir, que lo político no afectaba la economía del país, terminó, y hoy somos testigos de que sí afecta sustancialmente, al tener un crecimiento insuficiente de 2,1 % en la última década. Las iniciativas populistas y “leyes hechas a la medida” emitidas por los congresistas de la República afectan la eficiencia y son una mala señal para los que quieren invertir en el país.

La liberación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), los fondos de las AFP, en el tema económico; así como las modificaciones a las leyes de colaboración eficaz, de lucha contra el crimen organizado, la amnistía que prescribe delitos de lesa humanidad y la reducción de los plazos de prescripción de delitos a solo un año, en el aspecto político, son nocivas para el país.

En vista que el Congreso no aprobó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pese a que fueron incorporadas en el sistema electoral por la Ley 30998 de agosto de 2019, su aplicación fue suspendida hasta en dos oportunidades y se regresó a los sistemas de elección interna de candidatos en los partidos: abiertas a los ciudadanos con inscripción previa para votar, un militante un voto, y la elección por delegados. En ese sentido, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) propone aplicar algunas propuestas de emergencia, para aliviar de alguna manera la situación complicada en la que nos encontramos.

La propuesta integral que presentó la CCL ante el Congreso de la República en 2022 plantea elevar la valla del 10 % al 25 %, con el objetivo de que los candidatos tengan mayor representatividad. Aumentar este porcentaje impedirá que muchas listas no obtengan la votación mínima que les permita postular. Por ende, habría menos candidatos y el ganador tendría mayor legitimidad, a diferencia de lo que ocurrió en las últimas elecciones de 2021. El fin de esta propuesta es buscar mayor y mejor representatividad de las autoridades durante su periodo de gestión.

Recordemos que participaron 18 candidatos y Perú Libre y Fuerza Popular pasaron a segunda vuelta con el 19 % y 13 %, respectivamente. En las elecciones generales de 2011, en las que se presentaron 11 candidatos, los dos primeros obtuvieron el 28 % y 21 %, mientras que, en 2016, captaron el 33 % y 17 %. Es decir, en la medida en que aumentó el número de candidatos a la presidencia del país, también hubo mayor atomización de los votos.

A nivel regional, el Perú es el país que posee más candidatos a la presidencia. A la fecha, existen 35 agrupaciones que se alistan a postular y otras 23 esperando ser autorizadas para participar en las próximas elecciones. Es una cifra excesiva en comparación con las últimas elecciones en los países vecinos: Chile tuvo 7 candidatos, Ecuador, 6; Colombia, 6; Bolivia, 5, y Argentina, 5.

Otra medida para facilitar la formación de alianzas electorales es dejar sin efecto la exigencia de requerir el 1 % adicional de votos a las organizaciones políticas que decidan ir en alianzas en las próximas elecciones presidenciales.

Esto nos permitirá evitar la dispersión de candidatos, la confusión ciudadana y, en consecuencia, que las agrupaciones con bajo respaldo popular pasen a la segunda vuelta, como ha ocurrido en las últimas elecciones, por lo que la gran mayoría de ciudadanos no se sienten representados por las autoridades electas.

Asimismo, la CCL expresa su rechazo al proyecto de ley recientemente presentado que busca habilitar a personas con sentencias por delitos de corrupción para postular a la Presidencia de la República en el próximo proceso electoral. La CCL exhorta a los actores políticos y a la sociedad en su conjunto a exigir al Congreso de la República aprobar las reformas que vayan en línea con la idoneidad y representatividad, porque las actuales van en contra de los principios democráticos, la integridad y la lucha contra la corrupción que nuestro país requiere para seguir avanzando por la senda del crecimiento y desarrollo de todos sus ciudadanos.

El fortalecimiento de nuestra democracia es esencial para construir un país justo y equitativo, en el que se respete el Estado de derecho y sus líderes representen valores éticos y de integridad.

Recuperemos la senda de crecimiento

En el país se estima que el 22 % de los trabajadores peruanos (formales e informales) cuentan con una segunda ocupación que se suma a su trabajo principal, según estudio del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Así, unos 3 954 969   trabajadores contarían con una segunda ocupación fija (“segunda chamba”) o eventual (“cachuelo”). De este total, el 82,7 % (3 271 928) tiene una “segunda chamba” y el 17,3 % (683 041) un “cachuelo”.

Esta necesidad de una segunda ocupación surge tanto entre trabajadores formales como informales. En el primer caso, el 13,5 % de los trabajadores formales tienen una segunda chamba (627 548 trabajadores) y el 2,9 % un cachuelo (134 080 trabajadores). En cambio, el 20,2 % de los trabajadores informales tiene una segunda chamba (2 644 379 trabajadores) y el 4,2 % un cachuelo (548 962 trabajadores).

“Hay diversas razones por las que una persona buscaría una ocupación secundaria. Esto puede ser por una insuficiencia de ingresos para cubrir el presupuesto familiar o porque no le alcanza para el pago de deudas. Pero estas no vendrían a ser las únicas razones. Algunas personas buscarían generar ingresos adicionales, sea para ahorrar, invertir, financiar estudios o futuros emprendimientos”, señala el jefe del IEDEP, Óscar Chávez.

Tras agregar, que la ocupación secundaria también puede otorgar cierta estabilidad financiera si es que el ingreso principal familiar es inestable o temporal.

Las actividades económicas de otros servicios y agropecuario son las que concentran el mayor número de trabajadores con una segunda ocupación. En otros servicios se consideran servicios empresariales, servicios personales, agencias de viajes y operadores turísticos, educación, salud. El 33,6 % con una segunda ocupación fija y el 25,4 % con ocupación secundaria eventual se desempeñan en el sector agropecuario. En Otros servicios se encuentra el 30 % y 31,2 % de los trabajadores con ocupación secundaria fija y eventual.

El análisis del IEDEP se realiza en función a las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares 2023 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Ingresos

Los trabajadores que optan por un segundo empleo equiparan el ingreso promedio de los que tienen un solo empleo. Los trabajadores con un solo empleo tienen un ingreso promedio de S/ 1 532. Los trabajadores con una segunda ocupación reciben en promedio un ingreso por su ocupación principal S/ 1 093 y con su segunda chamba S/ 551 con lo cual llegan a un ingreso total de S/ 1 644. Hay otro segmento de trabajadores con un ingreso promedio de S/ 1 051 los que reciben S/ 317 por cachuelos y alcanzan un ingreso promedio de S/ 1 367.

Por género

Es mayor el número de hombres con segunda ocupación fija y temporal. En el primer caso representan el 56,7 % y en el segundo el 53,4 %. Sin embargo, hay actividades en donde la participación de mujeres es mucho mayor como es el caso de Alojamiento y restaurantes (85,5 %), Comercio (71,6 %) y Otros servicios (59,9 %).

Por departamentos

Finalmente, un análisis por departamentos muestra que en Lima y en La Libertad el número de mujeres con una segunda ocupación supera al de hombres. En el resto del país la participación de los hombres es mayor.

En Lima, 677 930 tienen un segundo trabajo, mientras que, en Piura, 339 805, seguida de Cajamarca con 313 628.

Con el inicio del presente siglo, el Perú ingresó en un periodo denominado “bono demográfico”, caracterizado por tener pobladores dependientes (0 a 5 años y mayores de 65 años), que representan casi la mitad de la población joven y en edad para trabajar (15 a 65 años). Este concepto, aceptado por organismos internacionales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas, define la proporción de dependencia como la relación entre la población dependiente y la de en edad de trabajar. Cuando esta proporción es inferior al 66,7 % (dos tercios), se considera que el país goza de un bono demográfico, lo cual tiene implicaciones significativas para su economía.

Este fenómeno ofrece la posibilidad de aumentar la producción debido al mayor porcentaje de fuerza laboral o población económicamente activa. Al reducirse la población dependiente, las necesidades financieras tanto de las familias como del Gobierno también disminuyen. Según cifras del Banco Mundial y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú cuenta con bono demográfico desde el 2000 y alcanzaría su nivel óptimo en el presente año, con una proporción de dependencia del 50,9 %.

Sin embargo, se anticipa que esta tendencia se revertirá en los próximos 30 años debido a la disminución de la tasa de natalidad y al aumento de la esperanza de vida, lo que conducirá al envejecimiento de la población. La tasa de crecimiento poblacional ya ha disminuido, pasando de un promedio de 2,5 % en la década de 1970 a un 1,3 % anual en el último quinquenio.

Economía: Aprovechamiento del bono demográfico

Antes de enfrentar el envejecimiento poblacional, los países tienen una oportunidad única para crecer productivamente. Aprovechar el bono demográfico puede generar mayores ingresos para las familias, permitir el ahorro que financie una mayor inversión, y así, incrementar la productividad y el crecimiento de la economía. Estudios señalan que el “milagro económico” de Asia Oriental entre 1965 y 1990, se debe en parte a que su población en edad de trabajar era cuatro veces superior a la dependiente, lo que, junto con políticas de mejora en capital humano y reformas de liberalización, impulsó el crecimiento explosivo de sus economías.

Desafíos y oportunidades del bono bemográfico para el crecimiento económico

No obstante, no basta con tener un bono demográfico para beneficiarse de él; es crucial elevar la productividad, generar empleos de calidad y garantizar que la fuerza laboral tenga acceso a una educación de alto nivel. Por ejemplo, si se ajustara el cálculo de la tasa de dependencia para incluir a la población de 15 a 19 años como dependiente, pues a esa edad recién se está en el tránsito de la etapa del colegio a la educación superior. La tasa de dependencia de 2024 pasaría del 50,9 % al 71,3 %, lo que indicaría que Perú no contaría con el bono demográfico.

Bajo las condiciones actuales, de una educación deficiente y un mercado de trabajo con alta informalidad, estos jóvenes, que representan el 12 % de la población en edad de trabajar, no lograrán aportar significativamente a la economía. Algo similar podría ocurrir con el 11 % que se encuentra entre los 20 y 24 años.

En resumen, se estima que el 35 % la población en edad de trabajar tiene menos de 29 años y requiere una formación universitaria superior de calidad para que el país pueda beneficiarse del bono demográfico. Aunque el final de este ciclo está aún distante, cuando llegue es probable que Perú enfrente un crecimiento de la economía limitado y una población envejecida que demandará más servicios de salud y pensiones.

Resultados en la región

Los resultados obtenidos a partir de la información del Banco Mundial muestran que todos los países de la región cuentan con el bono demográfico.  Argentina y Uruguay lo tienen desde los años setenta; Chile, desde los ochenta; Brasil y Colombia, desde los noventa; Perú y Venezuela, a partir del 2000; Ecuador, desde 2005; y finalmente, Bolivia y Paraguay, desde 2010. Las menores tasas de dependencia las presentan Brasil (43,3 %), Colombia (43,9 %) y Chile (46,3 %), mientras que el resto de los países se encuentran por encima del 50 %.

La crisis del COVID en 2020 afectó los potenciales beneficios del bono demográfico, incrementando la deserción escolar, reduciendo las oportunidades laborales para los jóvenes y aumentando la población de Ninis (jóvenes que no estudian ni trabajan). Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la pandemia provocó en la región un aumento del 17 % en la exclusión educativa y una pérdida de más de la mitad de los avances logrados en la última década. Además, elevó en más de 2 700 000 el número de jóvenes entre 18 y 23 años que se sumaron a los casi 12 900 000 que ya antes de la pandemia ni estudiaban ni trabajaban de forma remunerada.

Finalmente, un análisis del bono demográfico entre los países miembros del G7 (Canadá, Francia, Italia, Japón, EE.UU., Reino Unido y Alemania) revela que solo Japón agotó su bono demográfico, a partir del 2015; y que Francia lo hará en los próximos años. El resto de los países aún disfruta de este dividendo.

Conclusión:

En conclusión, el bono demográfico representa una ventana de oportunidad para el Perú y otros países de la región, pero aprovecharlo plenamente requiere una planificación estratégica que incluya mejoras en educación, generación de empleo de calidad y fortalecimiento del capital humano. Sin estas acciones, el país corre el riesgo de no maximizar los beneficios de esta ventaja temporal y enfrentar, en cambio, un futuro con un crecimiento de la economía limitado y desafíos significativos asociados al envejecimiento poblacional. Ahora es el momento de invertir en el futuro y asegurar que el bono demográfico sea un catalizador de desarrollo sostenible y equitativo para las próximas generaciones.