Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, expresó su indignación por el aumento de la inseguridad ciudadana, que se ha extendido a sectores como el transporte, las farmacias y las panadería, así como por la escasa acción de las autoridades para restablecer el orden en el país

El representante de los bodegueros estuvo presente en el foro “Comprometidos por la seguridad ciudadana: Enfrentando juntos los retos y desafíos”, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde le recordó a los demás expositores que su sector enfrenta la extorsión de los delincuentes desde 2021, y siempre se ha manifestado como una de las primeras víctimas de esta modalidad criminal.

Al igual que otros gremios, Choy consideró fundamental que las autoridades y diferentes entidades se reúnan para trabajar en conjunto y evitar que se sigan «pasando la responsabilidad» sin asumir un compromiso efectivo.

Además, reveló que algunos bodegueros han accedido al cobro de cupos para seguir operando, ya que los delincuentes no exigen dinero por “seguridad”, sino para garantizar al empresario que pueda trabajar sin amenazas. “Sabemos que son bandas organizadas por zonas; los de Lima Norte tienen su territorio y los de Lima Sur, el suyo. Observamos una división territorial de los delincuentes, quienes se reparten la ciudad por sectores”, explicó.

Por otro lado, lamentó que algunos fiscales y jueces no cumplan eficazmente su labor al aplicar penas justas, lo que ha desmotivado a la población a seguir denunciando actos delictivos. “Uno presenta su denuncia, pasan tres meses y ya caducó. ¿De qué estamos hablando? Por eso la gente no quiere denunciar”, aseveró Choy.

Extorsión: ¿Qué propone la Asociación de Bodegueros del Perú ante la delincuencia?

La principal propuesta es implementar un sistema de denuncia digital para evitar que el ciudadano se exponga al ir a la comisaría y, luego de unas horas, reciba una llamada del delincuente que cometió la extorsión, amenazándolo por haber acudido a las autoridades. Choy también cuestionó la propuesta del alcalde de Lima de otorgar licencias de funcionamiento solo a negocios que cuenten con dos cámaras de seguridad.

“Como si fuera fácil invertir dinero para comprarlas, cuando el tema de la seguridad debería ser responsabilidad de las autoridades que elegimos”, expresó. Según Choy, en la actualidad existen 535 000 bodegas a nivel nacional, de las cuales 22 000 pertenecen a su gremio.

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En el evento “Comprometidos por la seguridad ciudadana: Enfrentando juntos los retos y desafíos”, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Carlos Tarazona, presidente de la Cámara Ferretera del Perú, solicitó a las autoridades que los gremios sean integrados al Consejo de Estado y a la Defensoría de la Policía para encontrar alternativas en la lucha contra la criminalidad.

Con firmeza, el representante del gremio expresó su preocupación por la situación que enfrenta su sector, así como otras organizaciones. Recordó con pesar el caso de un colega suyo, empresario ferretero, que sufrió la amputación de sus dedos a manos de extorsionadores, así como el fallecimiento de la regidora de Huanchaco, Gladys Baltodano Rodríguez, quien murió tras resistirse a un robo. “Eran mis colegas, tenían empresas ferreteras, y han muerto a mansalva”, señaló Tarazona con indignación.

Por otro lado, mencionó que los gremios empresariales no son tomados en cuenta por el Ejecutivo, a pesar de que son ellos quienes resultan extorsionados y no las entidades públicas: “Al Congreso no lo extorsionan, salvo en contados casos de congresistas. Al Poder Ejecutivo tampoco, y a nosotros nos obvian en el Consejo de Estado. Se reúnen las cabezas del Poder Judicial, Fiscalía, Poder Ejecutivo. ¿Y nosotros?”

Asimismo, cuestionó las cifras sobre extorsión compartidas por Federico Llaque, presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE: “El señor Llaque afirma que no han aumentado las extorsiones, pero hace un par de años no era común encontrar dos granadas en la puerta de mi casa ni recibir dos disparos en mi puerta”.

Propuestas de la Cámara Ferretera del Perú contra la criminalidad

Tarazona fue claro en sus propuestas al pedir al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, que integren a los gremios en el Consejo de Estado. El representante de la Cámara Ferretera del Perú considera que los gremios pueden organizarse para elegir a un representante.

Además, expresó su apoyo a la policía y subrayó la importancia de brindarles más respaldo, por lo que sugirió que los principales sectores empresariales se unan a la defensoría de las autoridades.

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El evento “Comprometidos por la seguridad ciudadana: Enfrentando juntos los retos y desafíos”, organizado por La Cámara de Comercio de Lima (CCL), reunió a representantes de diversos gremios para presentar propuestas sobre cómo enfrentar la criminalidad que hoy amenaza a distintos sectores en el Perú. Una de las intervenciones más destacadas fue la de Jennifer Jiménez, representante de las Ollas Comunes.

Durante su participación, Jiménez informó que en Lima Metropolitana existen más de 2 500 ollas comunes, mientras que a nivel nacional hay más de 4 000. La delincuencia ha logrado infiltrarse en este sector mediante extorsiones que exigen pagos para operar con «tranquilidad«, un problema que ha alcanzado niveles preocupantes.

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, mencionó en una entrevista para un medio local que tanto las ollas comunes como los comedores populares son objetivos recurrentes de los delincuentes. Ante esta realidad, Jiménez solicitó a las autoridades mayor atención hacia su sector, destacando que poseen información valiosa sobre sus comunidades: “Somos quienes atendemos a la población más vulnerable y quienes visibilizamos las pandillas y bandas presentes en nuestros barrios”.

Propuesta de las Ollas Comunes para combatir la inseguridad ciudadana

Para la representante del sector, es esencial un trabajo coordinado con la policía y otros actores de diversas organizaciones. Señaló que deben ser las autoridades quienes se acerquen a ellos, y no esperar que los sectores afectados busquen apoyo. “Hay mujeres, madres y hombres que viven con temor y no pueden acercarse a una comisaría porque, en ocasiones, los mismos delincuentes están ahí”, expresó Jiménez.

Agradeció a la Cámara de Comercio de Lima por brindarles un espacio para exponer sus preocupaciones sobre la inseguridad ciudadana y expresó su esperanza de convertirse en “parte activa de este esfuerzo conjunto”, ya que consideran que sin una acción articulada, el cambio positivo en el Perú será difícil de lograr.

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