El consenso de los agentes y especialistas es que la economía peruana crecerá en alrededor del 2,8 % este año, tasa que es insuficiente para la generación de empleo y reducción de la pobreza, que afecta a cerca de 10 millones de peruanos, es decir, al 29 % de la población, de acuerdo con las cifras oficiales de 2023.
Después de un 2024 con una recuperación cercana al 3 %, las proyecciones para ese año estarán limitadas por la falta de motores de crecimiento robustos, como es el menor gasto fiscal y el consumo privado.
El imperioso cierre del déficit fiscal, que a noviembre alcanzó el 3,9 % del Producto Bruto Interno (PBI), significará que este año la inversión pública crezca solo 2,9 % en términos reales, en comparación con el 12,5 % que registró en 2024, con un nivel récord histórico de S/ 57 718 millones ejecutados.
Por otra parte, este año el consumo privado se verá afectado porque ya no contará con disponibilidad de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ni por la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
En ese sentido, reiteramos nuestro pedido al Gobierno Central para impulsar la inversión privada —el segundo componente más importante de la demanda interna— y darle las condiciones para atraer capitales, tanto nacionales como extranjeros. El Perú necesita con urgencia aumentar su PBI potencial, actualmente en 2,7 %, con el objetivo de retomar esa senda de crecimiento superior al 5 %, que nos permita tener la capacidad de absorber a las más de 350 000 personas que anualmente ingresan al mercado laboral, y eso solo se logra con inversión privada.
Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe definir y priorizar las acciones con mayor impacto en el PBI del ‘Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024-2030’ (PNCP), aprobado en octubre de 2024 y que cuenta con 75 medidas y 493 hitos referenciales. Según la ‘Cartera de Proyectos de Inversión- Edición 2024’, elaborado por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, se han identificado 1 652 megaproyectos con una inversión total de US$ 194 396 millones, que requieren ser impulsados.
En este estudio se consideran proyectos iguales o mayores a US$ 10 millones de inversión pendiente en sectores como Minería, Hidrocarburos, Electricidad, Transporte y otros que moverían la aguja de la inversión. Una segunda medida que debe adoptar el MEF este año es ejecutar al 100 % las diez obras de inversión pública de mayor presupuesto en cada departamento del país. Esto se estima que puede sumar hasta 0,5 puntos porcentuales al PBI de cada región, lo que significa mayor empleo y menor pobreza.
Los empresarios consideramos también que factores como la inestabilidad política, la inseguridad y la extorsión son otras causas principales del bajo crecimiento del PBI y en las que exhortamos al Gobierno a actuar con firmeza. El sector privado tiene un papel clave en la creación de empleo y de innovaciones tecnológicas. Sin embargo, para que la inversión privada tenga un impacto real, es necesario que se logren cambios significativos en la seguridad ciudadana, la simplificación de trámites burocráticos y la reducción de la informalidad laboral, que sigue siendo uno de los principales problemas del mercado laboral peruano.
El país enfrenta varios desafíos, sobre todo en un año preelectoral como lo es 2025. Las tensiones políticas internas, sumadas a la desconfianza en las instituciones, podrían generar incertidumbre que afecte las decisiones de inversión y el crecimiento económico.
El Perú tiene todas las herramientas para convertirse en una economía más diversificada, pero para ello es necesario que desde el Ejecutivo se adopten acciones políticas decididas y coordinadas. Se requiere un mayor liderazgo desde el Ejecutivo, que es un reclamo de los gremios empresariales, para poder colaborar en su implementación.
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