Perú continúa descendiendo en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado por Transparencia Internacional. La corrupción en Latinoamérica es un problema que viene extendiéndose, y nadie parece encontrar una solución.

De acuerdo al informe, más de dos tercios de países evaluados obtuvieron menos de 50 puntos sobre 100, evidenciando la fragilidad de los esfuerzos anticorrupción. Para el informe del presente año, se ha hecho énfasis en la relación entre la corrupción y la crisis climática, indicando que los altos niveles de corrupción son un obstáculo en la adopción de políticas efectivas y permiten el mal uso de fondos destinados a combatir el cambio climático.

Perú baja su puntaje en el IPC

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, mencionan que Perú registró su mayor caída en el ranking desde 2012, descendiendo del puesto 101 al 127. La puntuación se redujo de 33 a 31 en el último año y ha perdido cinco puntos en los últimos dos años, pasando de 36 en 2022 a 31 en 2024.

Precisan que entre los factores que han provocado este descenso se encuentra la desactivación de equipos especializados en la lucha anticorrupción y la aprobación de leyes que favorecen la impunidad y han debilitado los esfuerzos para combatir este problema.

Crisis climática

Los altos índices de corrupción han provocado que la crisis climática no se combata con los recursos necesarios, en especial cuando se trata de la gestión de los recursos destinados a la protección ambiental.

Un registro alarmante es que, desde 2019, ocurrieron 1,013 asesinatos de activistas ambientales en países con puntuaciones del IPC inferiores a 50, como fue el caso de Brasil. En cuanto a Perú, obtiene 31 puntos y está dentro del grupo de alto riesgo.

¿Qué es el Índice de Percepción de Corrupción?

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es el principal indicador mundial que mide la percepción de la corrupción en el sector público. Creado en 1995, su metodología fue ajustada en 2012 para garantizar una comparación anual más precisa entre países.

Su cálculo se basa en la estandarización de datos provenientes de 13 fuentes externas, incluyendo instituciones multilaterales, fundaciones privadas y think tanks de prestigio, como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y The Economist Intelligence Unit.

El IPC se interpreta en una escala de 0 a 100, donde un puntaje más alto indica menor percepción de corrupción, mientras que un valor más bajo señala una corrupción más generalizada.

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De acuerdo a un estudio realizado por el portal Bumeran, el ámbito laboral se ha consolidado como un escenario propicio para el surgimiento de vínculos sentimentales entre los peruanos. Más de la mitad de los trabajadores en el país han experimentado sentimientos románticos en su entorno profesional, lo que en muchos casos ha derivado en relaciones sentimentales.

En el informe titulado “Match en el Trabajo”, señalan que el 58 % de los trabajadores peruanos han sentido atracción por un compañero de oficina. Asimismo, un 82 % afirmó que sus sentimientos fueron correspondidos.

Por otro lado, los datos revelan que más de la mitad de los encuestados lograron desarrollar una relación formal. Bumeran subraya que los centros laborales son los lugares ideales para el inicio de relaciones sentimentales, superando a encuentros facilitados por amigos o aplicaciones de citas.

¿Termina funcionando las parejas formadas en el trabajo?

En las estadísticas del informe destacan que el 52 % de los trabajadores experimentaron sentimientos románticos que establecieron una relación amorosa con su compañero. Un 23 % mantuvo salidas esporádicas sin formalizarse, mientras que un 10 % logró dar un paso adelante y formar una familia.

Adicionalmente, se indica que el 54 % de los encuestados mantienen pública su relación sentimental con sus compañeros, pero hay un 48 % que prefiere mantenerlo en secreto. Sobre el desempeño laboral, un 57 % de trabajadores encuestados afirmó que estar en una relación dentro del mismo campo laboral les ayudó a mejorar su rendimiento, gracias a factores como la motivación y el apoyo emocional.

Sin embargo, está un 43 % que reportó efectos negativos, argumentando que hay distracciones frecuentes y conflictos emocionales que afectaron su productividad. Asimismo, está un 33 % de encuestados indicando haber enfrentado dificultades en su relación laboral por culpa de rumores entre compañeros o discriminación.

56 % de empresas prohíbe los romances

El romance en los trabajos se vive constantemente, pero resulta que las empresas no toman las medidas necesarias para dejar en claro las normas sobre cómo pueden manejarse. Así, un 70 % de compañías en nuestro país no proporciona información adecuada.

Luego, un 44 % de compañías ha definido una postura clara frente a estas relaciones. No obstante, un 56 % de empresas prohíbe los romances entre compañeros, mientras que un 31 % lo permite bajo ciertas condiciones.

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El Perú enfrenta un problema estructural que obstaculiza su desarrollo económico y social: la alta informalidad laboral y empresarial. Con un 73.6 % de su fuerza laboral fuera del sistema formal, el país pierde oportunidades de recaudación fiscal, reduciendo su capacidad de inversión en infraestructura, salud y educación.

Según el Banco Mundial, 8.2 millones de negocios operan en la informalidad, lo que impide un crecimiento equitativo y sostenible. Este fenómeno no solo afecta la economía, sino que también debilita la institucionalidad y erosiona la confianza en el Estado.

Sin una estrategia clara para combatir este problema, el Perú seguirá enfrentando desigualdades estructurales que limitan su competitividad global.

Uno de los factores que agravan esta situación es el exceso de regulaciones y la burocracia, que terminan fomentando la informalidad en lugar de reducirla. En vez de incentivar la formalización, el Estado impone cargas tributarias y laborales que desalientan la inversión y la generación de empleo formal. En este contexto, resulta fundamental promover un Estado más eficiente y transparente, capaz de brindar seguridad jurídica y simplificar los procesos administrativos. Solo así las empresas podrán crecer sin temor a la asfixia regulatoria, permitiendo una mayor integración de los trabajadores al sistema formal.

Pero la informalidad también tiene su origen en la falta de justicia y seguridad. La impunidad y la corrupción desincentivan la inversión y perpetúan la economía informal. Si el sistema judicial no garantiza un entorno estable y predecible, las empresas optan por operar fuera del marco legal. Es necesario, por lo tanto, una reforma integral del sistema judicial, que incluya la renovación de jueces y fiscales, así como una lucha frontal contra el crimen organizado. Garantizar estabilidad institucional es clave para fomentar un entorno favorable a la inversión y la generación de empleo formal.

Dentro de este escenario, el sector privado también juega un papel determinante. En lugar de financiar organizaciones que debilitan la propiedad privada y desincentivan la inversión, las empresas deben orientar sus esfuerzos hacia la mejora de la educación, la salud y la infraestructura. No se trata solo de responsabilidad social empresarial, sino de un compromiso real con la generación de empleo formal y el desarrollo en regiones afectadas por la informalidad. Solo con un sector privado comprometido, se podrá reducir la brecha social y garantizar un crecimiento económico inclusivo.

Por otra parte, el centralismo sigue siendo un freno para el desarrollo equitativo del país. Aunque se han implementado esfuerzos de descentralización, en la práctica, las regiones siguen dependiendo excesivamente de Lima, lo que limita su autonomía económica y su capacidad de gestión. Para cambiar esta situación, es necesario un modelo de autonomía fiscal bien estructurado, que permita que los impuestos recaudados sean gestionados localmente, facilitando una mejor asignación de recursos y fomentando la inversión regional. De esta manera, las regiones podrán definir su propio desarrollo y generar oportunidades de crecimiento sin depender de decisiones centralizadas.

Combatir la informalidad no significa aumentar los impuestos ni endurecer las regulaciones, sino modernizar el sistema tributario y laboral. Para ello, es fundamental eliminar las trabas burocráticas para la formalización, implementar un régimen tributario único y progresivo basado en utilidades reales, y ofrecer incentivos fiscales para nuevas empresas en sus primeros años de operación. Asimismo, la flexibilización del mercado laboral permitirá esquemas adaptados a distintos sectores económicos, facilitando la integración formal de una mayor cantidad de trabajadores y emprendedores.

En este contexto, el “Cambio de Ciclo” se presenta como una necesidad urgente. La informalidad no solo afecta la economía, sino que también erosiona la confianza en el país y en su futuro. El «qué» ya está definido: un Perú más libre, seguro y próspero. Ahora es momento de definir el «quién», es decir, los líderes capaces de impulsar esta transformación. La lucha por el “Cambio de Ciclo” no es solo política, sino estructural. Se trata de garantizar un futuro sostenible, en el que el crecimiento y la equidad sean accesibles para todos los peruanos.

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