Una mayor pobreza y desigualdad serán quizá las principales consecuencias sociales de la crisis sanitaria que hoy vivimos. En ese sentido, una vez superada la etapa de aislamiento social, la política económica y la interacción del sector privado y público deberán cumplir su función de reactivación económica. No obstante, será necesario considerar otros aspectos para que la recuperación del producto, empleo e ingresos llegue a los sectores más desfavorecidos y así superar las brechas sociales que serán más profundas debido a la actual crisis.

 

En este contexto, la inclusión financiera tiene un rol importante. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inclusión financiera es el proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado de hogares y empresas a una amplia gama de productos y servicios financieros regulados con el fin de promover la inclusión económica, social y el bienestar económico.

 

Así, mientras más elevado sea este grado de inclusión se podrán aprovechar mejor las oportunidades de una futura reactivación económica. Estudios publicados por el Banco Mundial (BM) muestran que un aumento del 10% en el acceso a los servicios financieros genera una reducción de 0,6 puntos en el coeficiente de desigualdad de Gini, mientras que un aumento del 10% en el crédito privado reduciría la pobreza en cerca de 3%. Además, en esta coyuntura contribuye en una mayor eficiencia en la entrega de las transferencias monetarias.

 

Inclusión en hogares

 

La tenencia de productos financieros sea una cuenta de ahorros o crédito avanzó en los últimos años. Estimaciones del Iedep de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), a partir de la información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019, muestran que la tasa de la población ocupada mayor de 18 años con acceso a algún servicio financiero alcanzó el 44,9% en el año 2019, por encima del 38,7% de 2015. Pese a estos avances, aún predominan brechas que la política de inclusión financiera no ha logrado superar. Esto se evidencia en que apenas el 23,5% de los ocupados en situación de pobreza puede acceder a los beneficios que otorga el sistema financiero formal. En contraparte el 49,2% de los ocupados no pobres sí accede a estas facilidades. El nivel de instrucción y la inclusión financiera guardan una relación directa. Las personas con nivel de educación primaria y secundaria poseen una baja inclusión financiera de 24% y 35%, respectivamente. En tanto, aquellas con educación superior técnica y universitaria superan fácilmente la franja del 60%, con valores de 62% y 79%, respectivamente.

 

A su vez, el área de residencia parece estar fuertemente relacionada con la inclusión financiera tan igual como la pobreza. Así, mientras que el 73% de la población rural no posee alguna cuenta o acceso al crédito, el 50% de la zona urbana disfruta de al menos a una de estas facilidades.

 

El Iedep estimó que cuatro regiones superan el 50% de su población ocupada mayor a 18 años con acceso a algún servicio financiero. Estas son Callao (60,5%), Lima (55,7%), Ica (53,2%) y Moquegua (51,5%).

 

Otro bloque de cinco regiones supera el 40%, Arequipa (48,5%), Amazonas (47,8%), Loreto (43,3%), La Libertad (43,1%) y San Martín (41,9%). Se identifican también tres regiones con un bajo ratio de inclusión financiera: Cajamarca (32,6%), Apurímac (31,3%) y Puno (28,8%).

 

 

Financiamiento para empresas

 

El universo empresarial peruano está conformado por alrededor de 2,8 millones de empresas de las cuales el 94% son microempresas y 5%, pequeñas empresas. El crédito hacia las Mypes es cubierto en un 46% por la banca múltiple y en un 54% por el resto del sistema financiero, primordialmente microfinancieras.

 

A pesar de la importante participación de la banca múltiple, las Mypes apenas significan menos del 10% del total de sus colocaciones. Esto se explica porque el crédito a una gran empresa equivale en promedio al préstamo de 3.900 microempresas y, en el caso de las medianas empresas, la proporción llega a 218. Solo el 5,7% de micro, pequeñas y medianas empresas accede al financiamiento formal.

 

Asimismo, las microempresas han vuelto a enfrentar estas restricciones en el marco de los préstamos garantizados del programa Reactiva Perú por S/ 30.000 millones en una primera etapa, que ha otorgado el Gobierno. Según Cofide, al 25 de mayo de 2020, 63.884 empresas (menos del 3% del total en el Perú) fueron beneficiadas, de las cuales el 99,3% lo hizo a través de la banca múltiple cuyos filtros internos son difíciles de cumplir para una microempresa que lleva contabilidad básica y en muchos casos no cuenta con historial crediticio.

 

Entretanto, FAE-Mype, un programa con similares características a Reactiva Perú, ha realizado tres subastas de préstamos alcanzando colocar S/ 440 millones, con tasas entre 3,74% y 4,42%, para que sean colocados en las mypes.

 

 

Medidas gubernamentales

 

Desde el gobierno se han adoptado distintas medidas como: (i) la creación del Mercado Alternativo de Valores (MAV), en 2013, con el objetivo de promover que medianas empresas accedan a financiamiento a través del mercado de valores; (ii) el financiamiento a través de facturas negociables; (iii) promoción de un nuevo régimen de garantías mobiliarias; (iv) el Fondo Crecer, lanzado en 2018 y ampliado recientemente; y (v) el financiamiento mediante el uso de órdenes de compra y/o servicio emitidas por el Estado, entre las más importantes.

 

En el 2019, el Gobierno publicó la Política Nacional de Inclusión Financiera donde se plantean mejorar indicadores como: porcentaje de población adulta con alguna cuenta en el sistema financiero, porcentaje de nuevos deudores MYPE, número promedio de transacciones por usuario de programas sociales y porcentaje de distritos con presencia del sistema financiero privado. Esta política está enmarcada en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

 

En paralelo al desarrollo descrito, las fintech irrumpieron con servicios financieros totalmente digitales captando un segmento desatendido por el sistema financiero tradicional. A inicios de año, se publicó el D.U. N° 013 que promueve el financiamiento de la Mipyme, emprendimientos y startups, donde se norma y regula la actividad del servicio participativo financiero (crowdfunding). En ese sentido, se requerirá por parte del sector público un acompañamiento a estas iniciativas para buscar un equilibrio entre su difusión masiva y el riesgo que conllevan.

 

Como puede verse pues, estas medidas han elevado el grado de inclusión financiera. No obstante, este aún es bajo. Por ello, se requiere un mayor impulso para que esta aumente y así se logre reducir más la brecha existente.

Para dar inicio a la Fase 2 de la reanudación de las actividades económicas, el Poder Ejecutivo ha dispuesto una serie de medidas para simplificar los trámites engorrosos y destrabar los cuellos de botella que, al momento de escribir estas líneas, impiden que la Fase 1 termine de implementarse al 100%.

 

El Ministerio de la Producción ha informado que ahora basta que las empresas comprendidas en la Fase 2 puedan reiniciar sus actividades de manera automática luego de registrar su plan para la vigilancia, prevención y control del coronavirus en el Sistema Integrado para el COVID-19.

 

Destacamos esta medida porque no hemos sido pocos los que reclamamos mayor celeridad en el proceso de autorizaciones. De la experiencia se aprende y esperamos que la aplicación de las nuevas normas contribuya a recuperar, cuanto antes, el tiempo perdido.

 

La decisión de simplificar pasa también por tener una mayor confianza en la empresa privada y en su capacidad de cuidar de sí, de sus trabajadores y de la salud pública en general. Una empresa seria y formal cuenta con protocolos sanitarios y de seguridad, no desde ahora sino desde mucho antes de la pandemia que hoy nos asola.

 

El sector privado de nuestro país ha iniciado su camino a la modernización, adquirido experiencia y trabaja de acuerdo a los estándares que hoy exigen los mercados internacionales y la globalización.

 

Por ello, es necesario que nuestras autoridades confíen en la empresa privada que –por su lado- ha dado probadas muestras de que siempre trabaja por el Perú. De que hay excepciones, no hay duda; pero son los menos y a ellos debe fiscalizar el Estado con todo rigor.

 

Pero –reitero- a las empresas privadas serias, formales y responsables nos toca seguir arriesgando, compitiendo y trabajando por el desarrollo de nuestra sociedad, porque no hacerlo sería suicida, pues se pondría en riesgo nuestro futuro, el de nuestros trabajadores, sus familias, el de nuestras propias familias y el del país en general. Es el momento de ser más responsables que nunca, muy estrictos en el cumplimiento de nuestros protocolos y de las normas establecidas para evitar una mayor propagación del coronavirus.

 

No hay tiempo que perder. La Fase 1 generó críticas por su rigidez, lentitud y burocratismo; la Fase 2 parece estar más en línea de lo que necesitamos para reactivar nuestra economía rápidamente, pero es también un reto para que esa flexibilidad que pedíamos sea asumida con sensatez, disciplina y compromiso. Debemos recuperar el tiempo perdido.

 

Nuestro país requiere de todos para salir adelante y evitar que esta pandemia se siga llevando a muchos de nuestros compatriotas y destruyendo nuestra economía.

 

De aquí en adelante nos queda trabajar bajo nuevos parámetros de distanciamiento social, de cuidado extremo para que volvamos al camino del desarrollo, justicia y bienestar para todos del que nunca nos debemos apartar. El Producto Bruto Interno de nuestro país, de la región y del mundo ha caído a niveles que han hecho que todo lo avanzado en la lucha contra la pobreza en los últimos 20 años se haya perdido.

 

El reto para recuperarnos es enorme, pero no es la primera vez que enfrentamos y superamos grandes desafíos y es una obligación volverlo a hacer.

 

Vamos a trabajar, sin bajar la guardia, con fe, optimismo y entusiasmo; es lo que sabemos hacer, es lo que siempre hemos hecho y es lo que los peruanos –empresarios y trabajadores- seguiremos haciendo…siempre. #TodosporelPerú

1. Covema S.A.C.

Covema (CCL: 017601.7) con más de 16 años de experiencia en el Retail de Acero, cuenta con una amplia gama de productos metálicos importados y nacionales, para cubrir las necesidades de los sectores de construcción, metalmecánica, minería, arquitectura, decoración y carpintería metálica, brindando asesoramiento adecuado para sus múltiples usos, contando para ello con un Centro de Distribución. Más información en: www.covema.pe

 

 

2. KashIO Perú

KashIO Perú (CCL: 00041605.1) es una empresa de tecnología financiera, que brinda soluciones de pago a distancia, cobranzas digitales y conciliación bancaria automatizada mediante una plataforma completa e integrable a cualquier sistema externo (CRM, ERP, e-commerce, etc).
Su solución opera de forma integrada a los principales bancos y red de agentes del Perú a nivel nacional. Conoce más de KashIO visitando www.kashio.net, informes@kashio.net, o llamando al +51 9473-01320.

 

 

3. Proem Pymes Consulting Sociedad Anónima Cerrada

Proem Pymes Consulting (CCL: 00049308.8) informa que PLAY Group sigue sumando premios internacionales. “Se suma un caso finalista en el World Independent Advertising Awards (WINA) a los tres trofeos logrados el 2019 en el FIP Festival de Argentina”, detalla Proem Pymes Consulting. PLAY Group es una agencia de publicidad digital especializada en Performance, Creatividad & Desarrollo de Innovaciones Tecnológicas. Para más información ingrese a: www.playgroup.pe

 

 

4. Wi Consultores y Asociados

Wi Consultores y Asociados (CCL: 00050345.4) brinda servicios de consultoría y asesoría empresarial en seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental de acuerdo con el giro de su empresa; formación teórico y práctico en manejo defensivo, seguridad vial; certificaciones para trabajos de alto riesgo en los sectores minero y construcción; auditorías de cumplimiento del sistema de gestión de SST y laboral según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Sunafil. Más información en https://www.wiconsultores.com, wizquierdo@wiconsultores.com – contacto@wiconsultores.com; o al teléfono 9874-92336.

 

 

5. Compass Group S.A.F.I. S.A.

Compass Group S.A.F.I. S.A. (CCL: 00048905.6) informa que PAGOALTOQUE es el sistema más eficiente para hacer líquidas sus cuentas por cobrar, de manera rápida y sencilla. “En este sistema, los proveedores de los grandes sectores pueden obtener liquidez inmediata, a cambio de la cesión de sus facturas por cobrar, recibiendo los abonos directos en sus cuentas de cualquier banco. Además, trabajamos con todos los sectores: Alimentos & Bebidas, Agropecuario, Construcción, Comercio, Minería, Servicios Varios entre otros”, detalló la empresa.

 

 

6. La Asociación de Ayuda al Niño Quemado – Aniquem

 

Aniquem (CCL: 00037240.6) presentó su servicio de Gestión de Residuos Sólidos. A través de su programa “Reciclar para Ayudar”, la ONG  brinda a las empresas una opción integral que monitorea todo el proceso de reciclaje: desde el recojo y transporte del residuo hasta su correcta destrucción en una empresa operadora debidamente autorizada. Para más información, puede visitar https://reciclar.aniquem.org/ o escribir a reciclayayuda@aniquem.org.