Bajo el argumento de una “emergencia nacional económica”, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dispuesto la aplicación de aranceles recíprocos a productos provenientes de 135 países, entre ellos el Perú.

Esta decisión contempla un arancel básico de 10 % a diversos bienes, lo que genera preocupación respecto al impacto en las exportaciones nacionales hacia ese mercado.

Si bien algunos sectores peruanos podrían verse afectados indirectamente por esta medida —como los productos agroindustriales, alimentos procesados y ciertos minerales—, es indispensable subrayar que el Perú mantiene una relación comercial sólida y equilibrada con Estados Unidos. De hecho, durante los últimos 15 años, el comercio bilateral ha sido superavitario para el país norteamericano, lo que evidencia una relación mutuamente beneficiosa.

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En ese contexto, desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) consideramos que lo más importante en estos momentos es activar una estrategia de negociación basada en el diálogo técnico y diplomático.

Esta debe centrarse en presentar, ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) y otras entidades relevantes, un planteamiento claro que exponga la realidad del comercio bilateral y solicite la exclusión del Perú de la aplicación del arancel adicional del 10 %.

Es fundamental, además, reactivar con urgencia la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y Estados Unidos, como espacio institucional que permita fortalecer la relación bilateral, canalizar inquietudes de ambas partes y limar cualquier aspereza que pudiera estar detrás de esta decisión arancelaria. Esta comisión es el foro adecuado para revisar, corregir y acordar medidas dentro del marco del propio tratado, preservando la estabilidad y previsibilidad que ambos países necesitan.

Si bien Estados Unidos ha señalado preocupaciones respecto a ciertas medidas no arancelarias vigentes en nuestro país, estas deben ser atendidas con transparencia y disposición a corregir, en la medida en que así se justifique, priorizando el fortalecimiento del comercio bilateral y la confianza mutua. Corregir dichas medidas, cuando sea pertinente, no solo contribuirá a disipar tensiones, sino que también reforzará la imagen del Perú como un socio confiable.

Asimismo, se recomienda establecer un mecanismo de monitoreo en coordinación con gremios y asociaciones empresariales, para identificar de forma oportuna posibles impactos en sectores sensibles, así como oportunidades que podrían surgir para algunas cadenas exportadoras.

Desde la CCL nos ponemos a total disposición para trabajar de la mano con el Gobierno, con miras a liderar conjuntamente este proceso, cuya finalidad debe ser la eliminación de cualquier arancel adicional que permita mantener una relación recíproca y bilateral libre de barreras arancelarias, en beneficio de ambos países.

En momentos de incertidumbre global, el liderazgo responsable debe prevalecer para asegurar la continuidad de nuestras exportaciones y preservar lo que con tanto esfuerzo se ha construido en términos de integración comercial y generación de empleo formal.

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El VI Foro Internacional de Seguridad Ciudadana: “Seguridad, un compromiso de todos”, organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), reunió a expertos nacionales e internacionales en el campo de la seguridad.

En la inauguración, el presidente de la CCL, Roberto De La Tore, remarcó la necesidad de desarrollar un trabajo articulado entre el sector público, privado, la academia y la ciudadanía, para enfrentar la creciente ola de criminalidad que afecta a todo el país.

“La inseguridad es un enemigo directo de la recuperación económica y un obstáculo para la lucha contra la pobreza”, afirmó.

El presidente de la CCL también expresó su preocupación por el hecho de que, en lugar de trabajar en soluciones conjuntas, las instituciones se enfrenten en un intercambio estéril de agravios y denuncias.

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“Los peruanos queremos trabajar sin temor. Los empresarios y emprendedores desean seguir haciendo empresa, generar más empleo y no verse obligados a cerrar sus negocios. Queremos que nuestros hijos asistan a clases sin el miedo de que sus colegios sean blancos de ataques criminales. Queremos disfrutar de eventos y espectáculos sin la angustia de que artistas o asistentes sean víctimas de violencia”, remarcó De La Tore.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Vicente Romero, señaló que este foro, con la participación de la Policía Nacional, el Congreso de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial, contribuye de manera efectiva a generar ideas innovadoras y fortalecer alianzas entre los diferentes sectores para encarar los desafíos actuales que enfrentan la sociedad y las empresas en materia de seguridad ciudadana.

Falta de capacidad logística

En tanto, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, afirmó que el 40 % de las armas que utiliza la Policía Nacional tienen una antigüedad mayor a los 25 años, mientras que el 25 % del parque automotor policial está inutilizado en las puertas de las comisarías.

“Necesitamos darle mayor capacidad logística a la PNP para que continúe enfrentando al crimen”, anotó.

Salhuana anunció que, en la primera semana de abril, el Congreso de la República realizará el segundo pleno de seguridad ciudadana.

En esta sesión se debatirán proyectos de ley para crear unidades de flagrancia a nivel nacional, declarar en emergencia a la Policía Nacional, implementar denuncias digitales a través del sistema del Reniec, establecer el tipo penal de terrorismo urbano, y agravar las penas para delitos frecuentes como extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas, entre otras normas legales.

Impacto en el PBI

A su turno, el moderador del panel “Impacto del crimen organizado en la seguridad interna”, Jaime García, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, refirió que más del 60 % de la informalidad económica del país contribuye a la presencia de actividades ilícitas, como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas, la tala ilegal, entre otras.

“Diversos estudios económicos indican que estas actividades ilícitas tienen un impacto del 5 % en el PBI, lo que equivale a cerca de US$ 12 500 millones. De esta manera, generan los recursos que han permitido a las organizaciones criminales fortalecerse aún más en los últimos años”, advirtió.

Foro de Seguridad- CCL

En dicho panel también participaron Sonia Medina, exprocuradora especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas; el general PNP Marco Conde, director de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú; y Katherine Cáceres, fiscal provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Expertos Internacionales

En su intervención, Diego Schalper, diputado en Chile, detalló las acciones que, en ese país, se implementaron, como la  estrategia nacional contra el crimen organizado y la formación de un Consejo Asesor Autónomo para monitorear la evolución de la violencia.

Ignacio Uriarte, exdiputado de España, sostuvo que el crimen organizado no es solo un problema local, sino un desafío global que afecta a múltiples regiones. Explicó que fenómenos como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas son riesgos globales que afectan la estabilidad, la economía y las democracias en diversos países.

Subrayó la necesidad de una cooperación internacional efectiva para combatir este fenómeno, alianza entre la Unión Europea y los países latinoamericanos para fortalecer la justicia, la seguridad y la cooperación transnacional.

Foro de Seguridad- CCL

A su turno, Andrés Erazo Marín, teniente coronel de Estado Mayor Agregado Policial del Ecuador acreditado en el Perú, explicó que en su país se han implementado unidades de flagrancia con éxito, que operan 24/7, reuniendo a jueces, fiscales, defensores públicos, policías y peritos, lo que ha permitido un procesamiento más rápido y efectivo de los delitos flagrantes.

También participaron los congresistas Isaac Mita, presidente de las Comisión de Justicia, y Lady Camones, presidenta de la Comisión de Presupuesto, así como los parlamentarios Miguel Ángel Ciccia, María del Carmen Alva y José Williams.

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El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó el esperado shock desregulatorio, un conjunto de medidas destinadas a impulsar las inversiones y el crecimiento económico del Perú.

Se trata de 402 medidas que son fruto del esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado, desarrollado en por lo menos cinco mesas de trabajo realizadas cada 15 días durante los últimos meses.

El shock incluye acciones en materia de desregulación, simplificación tributaria y de trámites administrativos, financiamiento, desarrollo productivo y modernización del Estado, que contribuirán significativamente al fortalecimiento del entorno económico y empresarial, pues permitirán mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.

Tenemos el convencimiento de que este shock desregulatorio representa un paso muy importante, que impactará de manera efectiva en la inversión, el empleo y la competitividad.

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Por ello, consideramos muy positivo que el ministro de Economía, José Salardi, haya reconocido que en el Perú existe muy baja productividad y una carga regulatoria excesiva, por lo que desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) postulamos que se continúen promoviendo medidas que generen estabilidad y confianza en el sector privado, lo que facilita un entorno propicio para el desarrollo de las empresas y el bienestar de nuestros compatriotas.

Tal como sostuvo el titular del MEF, las trabas burocráticas nos llevan a un bajo desarrollo, pese al gran potencial que tiene nuestro país para lograr un crecimiento sostenido y acortar las brechas sociales y los niveles de pobreza.

Quedamos a la espera de que, tal como lo anunció el ministro Salardi, en los próximos días se emita un decreto supremo para eliminar 186 barreras burocráticas, pues el reto es mejorar la calidad regulatoria para, insisto, ganar productividad y competitividad.

Lo que necesitamos es un Estado promotor de la generación de empleo y bienestar, por lo que es fundamental avanzar, de manera decidida y sostenida, en la simplificación de trámites administrativos y la eliminación de barreras burocráticas que hoy desincentivan la inversión, limitan la competitividad y, en muchos casos, propician la corrupción.

Se espera que para después de julio se presente un segundo paquete de medidas desregulatorias, pues –citando al ministro Salardi– la idea es avanzar por etapas hacia un apagón normativo. Se trata de una labor multisectorial en la que se debe explicar a todos los sectores por qué algunas regulaciones entorpecen las inversiones.

La CCL, junto con los principales gremios empresariales del país, se ha comprometido a seguir alcanzando propuestas para continuar contribuyendo con el desarrollo y crecimiento económico del país. Esa es nuestra tarea.

Aportes de la CCL al shock desregulatorio para el crecimiento económico

Conoce los aportes de la CCL

Medidas de la CCL ante el shock regulatorio. Foto: CCL.

Los impactos positivos:

Medidas de la CCL ante el shock regulatorio. Foto: CCL.

 

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