El VI Foro Internacional de Seguridad Ciudadana: “Seguridad, un compromiso de todos”, organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), reunió a expertos nacionales e internacionales en el campo de la seguridad.

En la inauguración, el presidente de la CCL, Roberto De La Tore, remarcó la necesidad de desarrollar un trabajo articulado entre el sector público, privado, la academia y la ciudadanía, para enfrentar la creciente ola de criminalidad que afecta a todo el país.

“La inseguridad es un enemigo directo de la recuperación económica y un obstáculo para la lucha contra la pobreza”, afirmó.

El presidente de la CCL también expresó su preocupación por el hecho de que, en lugar de trabajar en soluciones conjuntas, las instituciones se enfrenten en un intercambio estéril de agravios y denuncias.

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“Los peruanos queremos trabajar sin temor. Los empresarios y emprendedores desean seguir haciendo empresa, generar más empleo y no verse obligados a cerrar sus negocios. Queremos que nuestros hijos asistan a clases sin el miedo de que sus colegios sean blancos de ataques criminales. Queremos disfrutar de eventos y espectáculos sin la angustia de que artistas o asistentes sean víctimas de violencia”, remarcó De La Tore.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Vicente Romero, señaló que este foro, con la participación de la Policía Nacional, el Congreso de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial, contribuye de manera efectiva a generar ideas innovadoras y fortalecer alianzas entre los diferentes sectores para encarar los desafíos actuales que enfrentan la sociedad y las empresas en materia de seguridad ciudadana.

Falta de capacidad logística

En tanto, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, afirmó que el 40 % de las armas que utiliza la Policía Nacional tienen una antigüedad mayor a los 25 años, mientras que el 25 % del parque automotor policial está inutilizado en las puertas de las comisarías.

“Necesitamos darle mayor capacidad logística a la PNP para que continúe enfrentando al crimen”, anotó.

Salhuana anunció que, en la primera semana de abril, el Congreso de la República realizará el segundo pleno de seguridad ciudadana.

En esta sesión se debatirán proyectos de ley para crear unidades de flagrancia a nivel nacional, declarar en emergencia a la Policía Nacional, implementar denuncias digitales a través del sistema del Reniec, establecer el tipo penal de terrorismo urbano, y agravar las penas para delitos frecuentes como extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas, entre otras normas legales.

Impacto en el PBI

A su turno, el moderador del panel “Impacto del crimen organizado en la seguridad interna”, Jaime García, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, refirió que más del 60 % de la informalidad económica del país contribuye a la presencia de actividades ilícitas, como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas, la tala ilegal, entre otras.

“Diversos estudios económicos indican que estas actividades ilícitas tienen un impacto del 5 % en el PBI, lo que equivale a cerca de US$ 12 500 millones. De esta manera, generan los recursos que han permitido a las organizaciones criminales fortalecerse aún más en los últimos años”, advirtió.

En dicho panel también participaron Sonia Medina, exprocuradora especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas; el general PNP Marco Conde, director de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú; y Katherine Cáceres, fiscal provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Expertos Internacionales

En su intervención, Diego Schalper, diputado en Chile, detalló las acciones que, en ese país, se implementaron, como la  estrategia nacional contra el crimen organizado y la formación de un Consejo Asesor Autónomo para monitorear la evolución de la violencia.

Ignacio Uriarte, exdiputado de España, sostuvo que el crimen organizado no es solo un problema local, sino un desafío global que afecta a múltiples regiones. Explicó que fenómenos como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas son riesgos globales que afectan la estabilidad, la economía y las democracias en diversos países.

Subrayó la necesidad de una cooperación internacional efectiva para combatir este fenómeno, alianza entre la Unión Europea y los países latinoamericanos para fortalecer la justicia, la seguridad y la cooperación transnacional.

A su turno, Andrés Erazo Marín, teniente coronel de Estado Mayor Agregado Policial del Ecuador acreditado en el Perú, explicó que en su país se han implementado unidades de flagrancia con éxito, que operan 24/7, reuniendo a jueces, fiscales, defensores públicos, policías y peritos, lo que ha permitido un procesamiento más rápido y efectivo de los delitos flagrantes.

También participaron los congresistas Isaac Mita, presidente de las Comisión de Justicia, y Lady Camones, presidenta de la Comisión de Presupuesto, así como los parlamentarios Miguel Ángel Ciccia, María del Carmen Alva y José Williams.

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El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó el esperado shock desregulatorio, un conjunto de medidas destinadas a impulsar las inversiones y el crecimiento económico del Perú.

Se trata de 402 medidas que son fruto del esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado, desarrollado en por lo menos cinco mesas de trabajo realizadas cada 15 días durante los últimos meses.

El shock incluye acciones en materia de desregulación, simplificación tributaria y de trámites administrativos, financiamiento, desarrollo productivo y modernización del Estado, que contribuirán significativamente al fortalecimiento del entorno económico y empresarial, pues permitirán mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.

Tenemos el convencimiento de que este shock desregulatorio representa un paso muy importante, que impactará de manera efectiva en la inversión, el empleo y la competitividad.

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Por ello, consideramos muy positivo que el ministro de Economía, José Salardi, haya reconocido que en el Perú existe muy baja productividad y una carga regulatoria excesiva, por lo que desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) postulamos que se continúen promoviendo medidas que generen estabilidad y confianza en el sector privado, lo que facilita un entorno propicio para el desarrollo de las empresas y el bienestar de nuestros compatriotas.

Tal como sostuvo el titular del MEF, las trabas burocráticas nos llevan a un bajo desarrollo, pese al gran potencial que tiene nuestro país para lograr un crecimiento sostenido y acortar las brechas sociales y los niveles de pobreza.

Quedamos a la espera de que, tal como lo anunció el ministro Salardi, en los próximos días se emita un decreto supremo para eliminar 186 barreras burocráticas, pues el reto es mejorar la calidad regulatoria para, insisto, ganar productividad y competitividad.

Lo que necesitamos es un Estado promotor de la generación de empleo y bienestar, por lo que es fundamental avanzar, de manera decidida y sostenida, en la simplificación de trámites administrativos y la eliminación de barreras burocráticas que hoy desincentivan la inversión, limitan la competitividad y, en muchos casos, propician la corrupción.

Se espera que para después de julio se presente un segundo paquete de medidas desregulatorias, pues –citando al ministro Salardi– la idea es avanzar por etapas hacia un apagón normativo. Se trata de una labor multisectorial en la que se debe explicar a todos los sectores por qué algunas regulaciones entorpecen las inversiones.

La CCL, junto con los principales gremios empresariales del país, se ha comprometido a seguir alcanzando propuestas para continuar contribuyendo con el desarrollo y crecimiento económico del país. Esa es nuestra tarea.

En el expediente Casación Laboral 3497-2021-Lima, la Corte Suprema resolvió un caso que evidencia la necesidad de diferenciar con claridad entre el despido por una falta grave y el retiro de confianza, especialmente en cargos de dirección o confianza. La controversia se centró en una exgerente de operaciones cesada por supuestas deficiencias en su gestión, sin que se demostraran hechos concretos ni se siguiera el procedimiento correspondiente. En el presente artículo analizamos la sentencia de la Corte Suprema.

 

¿Qué es un cargo de confianza?

En el ámbito privado, un cargo de confianza implica acceso a información reservada y responsabilidad en decisiones estratégicas. Pueden desempeñarlo directores ejecutivos, gerentes generales, gerentes de área, asesores de dirección, jefes de departamentos, responsables de seguridad de la información, entre otros. La característica central es la cercanía con la dirección empresarial y el grado de responsabilidad adquirida.

 

El retiro de la confianza

Es una figura legal que permite a la empresa cesar a un trabajador que ingresó directamente a un puesto de confianza, sin que ello implique el pago de indemnización. Esto puede ocurrir por varias razones, como, por ejemplo, el incumplimiento de obligaciones laborales, la pérdida de confianza por actos de deslealtad o corrupción, cambios en la estrategia empresarial, reorganización interna, entre otras. No existe un procedimiento formal reglado, pero sí se exige que se documenten las razones y se comunique la decisión al trabajador.

 

El despido por falta grave

Requiere una imputación clara, prueba objetiva y respeto del debido proceso: preaviso, derecho al descargo dentro de un plazo razonable (que no puede ser menor a seis días calendario) y resolución final fundamentada. El incumplimiento de alguno de estos pasos convierte el cese en arbitrario, con obligación indemnizatoria para la empresa.

 

 

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La casación laboral

El recurso de casación es una herramienta extraordinaria que garantiza que las sentencias judiciales se ajusten a la ley. En este caso, la Corte Suprema confirmó lo resuelto por instancias inferiores: el empleador no justificó adecuadamente el despido e incurrió en arbitrariedad.

 

El caso específico

La empleadora alegó “deficiencias graves” en la gestión de una gerente de operaciones. Sin embargo, el problema radicó en que las imputaciones fueron vagas e imprecisas, sin hechos específicos ni pruebas objetivas. Tampoco se respetaron los requisitos formales del despido por falta grave. Ante eso, la Corte concluyó que se trató de un despido arbitrario y ordenó el pago de indemnización.

En este caso, el empleador optó por iniciar el procedimiento disciplinario, aun cuando sí tenía una herramienta legítima a su alcance: el retiro de confianza, aplicable a trabajadores que ingresaron directamente a un cargo de confianza o dirección. Esta figura, reconocida en el ordenamiento jurídico y respaldada por el VII Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional (2018), permite la terminación del vínculo sin que se genere obligación indemnizatoria.

Cabe precisar que el retiro de confianza es una causa subjetiva, inherente al tipo de relación que se tiene con un trabajador de confianza. Puede ser invocada de forma directa, siempre que el vínculo se haya originado en un cargo de esa naturaleza.

De otro lado, el despido por falta grave, en cambio, exige pruebas objetivas, imputaciones claras y respeto estricto del procedimiento. En este caso, el empleador optó erradamente por esta vía, sin poder acreditar con detalle las supuestas faltas.

 

Lecciones para el sector empresarial:

La sentencia deja lecciones valiosas para empleadores y áreas de recursos humanos:

Claridad desde el inicio: es esencial definir si el cargo corresponde efectivamente a uno de confianza. Esto no depende del nombre del cargo, sino de las funciones reales que desempeña el trabajador, conforme con el artículo 43 del Decreto Supremo 003-97-TR.

Elección adecuada del mecanismo de cese: cuando se decide prescindir de un trabajador de confianza o de dirección, es indispensable escoger adecuadamente la vía. En ese sentido, si hay una pérdida de confianza sin causales objetivas demostrables, lo adecuado es comunicar el retiro de confianza de forma directa. No obstante, si se opta por un procedimiento de despido por falta grave, debe seguirse estrictamente el debido proceso: carta de preaviso, descripción precisa de hechos, posibilidad de descargo con plazos adecuados, y decisión final debidamente sustentada.

Rigor en la carta de despido: la motivación del cese debe ser clara, detallada y documentada, especialmente si se alegan causales disciplinarias. En el caso de la sentencia, la empleadora usó frases como “su gestión adolece de graves deficiencias”, sin precisar actos concretos, lo cual motivó que judicialmente se determine la vulneración del derecho de defensa y, por tanto, el carácter arbitrario del despido.

Este fallo sirve como advertencia para las empresas sobre la importancia de manejar correctamente la desvinculación del personal de confianza. Usar mal la figura del despido disciplinario, cuando lo adecuado es el retiro de confianza, puede derivar en altos costos legales.

 

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