Nataly Ponce: “Los delitos podrían intensificarse por crisis sanitaria”

¿Cuál es su diagnóstico sobre la seguridad ciudadana en el Perú antes de la COVID-19?

Considerando los datos disponibles, antes del estado de emergencia nacional declarado por la COVID-19, la delincuencia venía incrementándose. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 2018 finalizó con una victimización de 25,7%, esta se elevó en el 2019 a 26,6% y en febrero de 2020 llegó a 27,3%. Este incremento fue transversal, tanto en los delitos menores como en los delitos de cierta complejidad o gravedad. Lo más preocupante fue el incremento de la victimización violenta; es decir, los delitos cometidos con armas de fuego pasó de 9% en 2018 a 12,8% en febrero de 2020.

¿Esta situación se ha detenido por la pandemia o se ha agravado?

Un primer impacto del estado de emergencia y las otras medidas adoptadas frente a la pandemia, como el toque de queda, fue la reducción de las denuncias de delitos. Los datos de la Policía dan cuenta de una fuerte disminución de las denuncias entre marzo y mayo pasado, debido principalmente a las restricciones de movilidad para todas las personas.

Sin embargo, lo anterior no significa que la delincuencia se detuvo. Solo se ha estacionado a raíz del contexto excepcional que atravesamos. Así, observamos que a partir de junio, la delincuencia está volviendo a operar y a manifestarse.

¿Qué delitos podrían incrementarse?

Hay dos fenómenos diferenciados que corren el riesgo de incrementarse. Por un lado, los delitos menores podrían aumentar debido a que nuevas personas se dediquen a este tipo de delitos, quienes antes no estaban involucrados con actividades delictivas, o que los cometían esporádicamente. Los delitos menores incluyen los robos en las calles de carteras, celulares, billeteras y otros bienes que, si bien individualmente no representan grandes sumas económicas, afectan a la mayoría de la población, lo cual es preocupante en el contexto de la crisis económica que atravesamos. Por ejemplo, robar a un pequeño comerciante el dinero de sus ventas del día, o a un repartidor, su vehículo de trabajo, generan un impacto económico y social relevante.

Por otro lado, están los delitos de mediana o alta complejidad que, entre otros aspectos, se caracterizan por ser cometidos por redes criminales estructuradas con experiencia en el uso de armas de fuego. Estos delitos presentaban un aumento antes de la pandemia y en los próximos meses podrían incrementarse debido a la intención de los criminales, de asegurar la efectividad de sus actividades delictivas mediante la violencia.

¿Hay un futuro escenario de inseguridad en el Perú?

La seguridad en los futuros meses depende, en gran medida, de las estrategias que de manera oportuna se diseñen e implementen en el sector público y privado, y de la capacidad de ambos para coordinar y articular mutuamente, sumado a la actitud de la población en general.

No hay un único escenario a futuro. Los escenarios pueden variar considerando el comportamiento de diferentes variables. Por un lado, están los incentivos y la operatoria de las redes criminales; pero, por otro lado, están las medidas que el Estado adopta, y que deben incluir un fuerte trabajo multisectorial, y una sólida coordinación con los gobiernos regionales y municipales. También influirán las medidas de prevención y autoprotección que adopte el sector privado, desde las grandes empresas, hasta en los pequeños negocios, así como las medidas de la propia población organizada para prevenir ser víctima de un delito.

En el webinar sobre seguridad pública y privada organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, se presentaron propuestas. ¿Podría señalar algunas de ellas?

Sí. En primer lugar, planteamos que la crisis originada por la COVID-19 exige un cambio transversal de los paradigmas tradicionales de cómo enfrentar la inseguridad, tanto en el sector público como el sector privado. Hoy se requiere impulsar esfuerzos de innovación, de maximización de los recursos públicos y privados disponibles y la priorización y focalización en los territorios más vulnerables, así como una fuerte articulación y apoyo colaborativo.

Para el sector público, propusimos que el Estado garantice la presencia policial en las calles, lo cual es difícil pues el personal policial está agotado debido a su labor de protección frente a la pandemia. No obstante, es necesario que la Policía atienda los focos territoriales con mayores riesgos al delito, y también articule con el serenazgo, con las juntas vecinales y con los recursos de la seguridad privada. Asimismo, consideramos que las capacidades de inteligencia operativa son una fortaleza de nuestra institución policial, y hoy es tiempo de capitalizar la experiencia y el conocimiento policial en este ámbito.

También, para el sector público, sugerimos instalar una mesa de trabajo conformada por las instituciones del sistema de justicia: Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y Defensa Pública con una agenda común de cara a la seguridad y administración de justicia derivada de la pandemia. Es fundamental implementar respuestas articuladas que diferencien los delitos menores y la delincuencia de mediana o alta complejidad.

Además, para el ámbito público, sugerimos impulsar la transformación digital en la Policía, de tal manera que la población cuente con mecanismos alternativos de denuncia y otros servicios policiales, sin la necesidad de acudir a las comisarías. En el 2018 se instaló una comisión multisectorial conformada por especialistas policiales y por miembros de la Secretaría de Gobierno Digital, Reniec, entre otras entidades. Es necesario retomar el rumbo para acelerar la digitalización de la Policía, no solo para reducir los riesgos de contagio de la COVID-19 en la población y en el personal policial, sino también aportará a reducir la carga de trabajo en las unidades policiales, los costos en dinero y el tiempo para la ciudadanía y el Estado.

¿Y por el lado del sector privado?

El papel del sector privado es crucial en los siguientes meses pues la reactivación económica es importante para el desarrollo del país. En ese marco, es fundamental que el sector empresarial invierta recursos en la prevención de riesgos de seguridad en sus cadenas productivas y comerciales. El reto es complejo pues son tiempos muy difíciles para la economía, pero por el mismo motivo, es necesario cuidar al personal y a los recursos involucrados en la reactivación económica. La articulación del sector privado con la Policía y el sistema de justicia es importante, pero también lo es la aplicación de medidas de autocuidado. Habrá empresas que cuenten con recursos para instalar sistemas de alarmas o contar con seguridad privada, pero también aquellas que no cuenten con esos recursos, pueden implementar acciones de prevención y respuesta rápida frente a los delitos.

¿Qué acciones realiza la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL?

Desde que asumimos la Presidencia de la Comisión en abril pasado, hemos presentado un conjunto de propuestas al Poder Ejecutivo, en primer término, para prevenir y controlar el contagio de riesgo en la Policía, y, en segundo término, para fortalecer la seguridad ciudadana y el orden interno en el contexto de la pandemia. Asimismo, en mayo, organizamos el webinar público Seguridad Pública y Privada en tiempos de COVID-19 – coronavirus, que contó con expertos nacionales e internacionales.

Asimismo, desde el año pasado, nuestra Comisión apoya el Patronato Barrio Seguro que brinda becas de estudio a jóvenes de territorios vulnerables.

Hoy estamos diseñando nuevas propuestas para el sector público y privado en materia de seguridad pública y privada, y esperamos aportar al diálogo constructivo. Consideramos que la gran tarea que todos tenemos es sumar y contribuir para que el país supere el complejo escenario que atravesamos.

¿Qué opinión tiene la comisión que dirige sobre la posible ampliación del toque de queda?

Sí. Consideramos que es pertinente ampliar el toque de queda hasta septiembre para prevenir y controlar el riesgo del contagio de COVID- 19 en los territorios más críticos. Respaldamos la continuación del toque de queda focalizado territorialmente a fin de preservar la salud pública, la cual aportará indirectamente a controlar los riesgos de inseguridad pública y privada.