Mario Pasco: “Aumento del sueldo mínimo debe ser revisado de manera técnica y no por deseo del Estado”

El MEF anunció la semana pasada que se podría incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV) para el próximo año. ¿Es factible? ¿Cuál es la postura de la CCL?

La postura de la CCL siempre ha sido que cualquier revisión de las remuneraciones mínimas se tiene que dar con cumplimiento de la Constitución. Esto es, con intervención de las partes interesadas que son los gremios de trabajadores y de empresarios y, específicamente, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), que tiene toda una organización dedicada a ver estos asuntos y en el cual hace muchos años las partes han ido poniéndose de acuerdo en los factores que se deben tomar en cuenta para la revisión de las remuneraciones mínimas, como son la pérdida del valor adquisitivo de los salarios, pero también factores de productividad que aún no están del todo definidos, pero resultan de pertinencia innegable.

 

No pareciera que los indicadores de productividad del país, comparados no con el bajón que hemos tenido por la pandemia y después con la coyuntura política, sino con los niveles previos a todo eso, denoten aún un crecimiento o progreso real de la economía del país. No resulta claro que en estos momentos dichos indicadores den valores positivos, que son los que querríamos todos, para permitir una elevación inmediata de las remuneraciones mínimas.

 

Entonces, ¿no sería factible dada la coyuntura?

Precisamente eso es lo que tienen que discutir las partes en el CNTPE, bajo criterios técnicos, y en función a los factores señalados anteriormente y mediante datos ciertos.

 

De darse un aumento de RMV, ¿qué efectos tendría sobre los empleadores y trabajadores?

Hay múltiples empresas que no tienen los rendimientos en productividad suficientes para mejorar esas remuneraciones. En otras palabras, empresas que no generan dinero suficiente para pagar sus costos, ese sueldo mínimo y, además, generar una ganancia que haga sostenible ese emprendimiento económico.

 

Entonces, cuando las RMV se elevan por encima de ese umbral que tienen las empresas, que son muchas, se pone a estas en la perspectiva de perder dinero progresivamente y eventualmente quebrar, es decir, salir de la actividad económica, o incumplir la ley y pasar a la informalidad.

 

Ese es el temor y de ahí la necesidad de que esto sea visto de manera técnica y escuchado por todos, tomando en cuenta las realidades de las empresas pequeñas frente a las grandes, como también las realidades de algunas regiones frente a otras.

 

Los niveles de las remuneraciones que tenemos reflejan que no somos un país que genere la suficiente productividad para tener remuneraciones mucho mejores, las que todo el mundo querría.

 

Lo que tenemos que buscar todos es que haya un ambiente económico estable por el cual la actividad de la economía lleve para arriba el rendimiento de la productividad de las empresas, lo que, a su vez, genere más puestos de trabajo, competencia entre empresas por los trabajadores, y eso, eventualmente, eleve las remuneraciones, no solo las mínimas, que siempre van a tener que existir porque hay mandato de la Constitución.

 

Pero lo ideal es que no solo la RMV, sino todas, suban y eso solo lo puede lograr la economía real y no simplemente el deseo o decisión del Estado.

 

¿Cuál es la propuesta de la CCL para promover mayores puestos de trabajo?

La CCL siempre ha planteado que es necesaria una política económica que cree un entorno favorable a los negocios y, específicamente en el tema laboral, que impulse la creación de puestos de trabajo formales.

 

Pero con medidas que pueden ser bien intencionadas y sonar muy bien, como la elevación de las exigencias a los empleadores, la restricción de los empleadores en los contratos de trabajo, la elevación de las remuneraciones, sea por vía de la RMV o mediante intervenciones estatales sobre la negociación colectiva, etc., no se logra eso.

 

Por el contrario, se termina dificultando que los empresarios arriesguen capital y creen nuevos puestos de trabajo formales, y más bien se decanten por no invertir y llevarse su capital a otros países, o por hacer negocios, pero de forma informal. Ninguna de las dos es buena para el país.

 

Lo que siempre hemos planteado es que la ley debe ponerse en una línea adecuada, sin permitir situaciones de vulnerabilidad o de afectación a los trabajadores, pero cautelando que la actividad económica y la celebración de contratos de trabajo se lleven a cabo de manera fácil y predecible. Eso no ha ocurrido en los últimos años y menos ahora, pero siempre va a ser oportuno que haya una rectificación y redireccionamiento de estos esfuerzos.

 

¿Cómo combatir concretamente la informalidad laboral?

Hace pocos años, la CCL desarrolló a través de Macroconsult un estudio de las causas y situación de la informalidad en ese momento, con propuestas muy concretas sobre como empezar a hacer que el sistema legal no castigue la formalidad y premie la informalidad, sino que, más bien, impulse la creación de empleo formal.

 

La idea no es quitar beneficios o derechos, sino más bien ajustar mecanismos para que sea mejor contratar formalmente que hacerlo en la informalidad. Propuestas concretas tenemos, las hemos presentado a los gobiernos en repetidas oportunidades y las seguiremos planteando.

 

Desde el Ejecutivo y Congreso se han ido promoviendo en los últimos años diversas iniciativas en materia laboral, ¿cuáles son las más preocupantes?

En efecto hay iniciativas abiertamente peligrosas, como, por ejemplo, las propuestas en materia de tercerización que buscan terminar con la figura, prohibirla o reducirla a un mínimo, cuando la tercerización es un elemento importantísimo, insustituible de toda la organización comercial y productiva en la mayor parte de las economías modernas.

 

Es simplemente la libertad que debe tener todo empresario para decidir qué hace directamente él y qué compra o encarga a otras empresas o terceros. Uno no puede ser especialista en todo.

 

Está bien que el Estado cuide que la existencia de esas figuras no afecte derechos mínimos o indisponibles, pero debe permitirlas e incluso facilitarlas para que haya más actividad económica, que es lo único que va a crear puestos de trabajo.

 

Nosotros estamos convencidos de que puede significar un riesgo importante si fueran adelante esas iniciativas, pero esperamos que no sea así.