Las reglas fiscales desempeñan un papel fundamental en la salud financiera de un país.  Su objetivo principal es corregir incentivos distorsionadores y evitar gastos excesivos, especialmente en momentos de bonanza económica, con el fin de garantizar el compromiso con la estabilidad fiscal y la sostenibilidad de la deuda, restringiendo la discrecionalidad fiscal. Además, funcionan como una estrategia de señalización que revela las preferencias del Gobierno a los mercados financieros.

Entre los beneficios que ofrecen las reglas fiscales se encuentran:

– Fortalecimiento de la credibilidad de la política fiscal.

– Reducción del riesgo percibido por los mercados financieros.

– Mejora de la transparencia y la institucionalidad de la política fiscal.

– Generación de predictibilidad en las cuentas fiscales, lo cual es altamente valorado por los mercados de deuda.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en 2019, señala que existen varios tipos de reglas fiscales, como la regla de equilibrio presupuestario, que fija topes al déficit y que son fáciles de evaluar; la regla de deuda, que establece límites a la deuda expresada como un porcentaje del PBI; la regla del gasto primario o corriente, fijándole una tasa máxima de crecimiento; y las reglas de ingreso, que buscan potenciar la recaudación fijando máximos y mínimos.

Según el BID, en América Latina catorce países han implementado algún tipo de regla fiscal para corregir incentivos distorsionados y evitar expansiones de gasto ligadas a ciclos electorales. Cabe señalar que, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace un seguimiento de las reglas fiscales desde 1985 para 106 economías del mundo. En el caso del Perú, las reglas fiscales han sido discutidas para mejorar la gestión de la política fiscal y evitar la prociclicidad.

En resumen, las reglas fiscales son herramientas claves para mantener la disciplina fiscal y promover una gestión económica responsable y predecible.

El MMM 2024-2027

En el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y publicado en abril pasado, se indica que el shock negativo del año 2023 afectó las finanzas públicas generando una disminución en los ingresos fiscales, lo que provocó no cumplir con la regla fiscal de déficit de 2,4 % del PBI, llegando a un 2,8 %.

Si tomamos en cuenta que para 2024, la regla es de 2 % del PBI, eso implicaría un ajuste de 0,8 puntos porcentuales del PBI en el déficit, lo que exigiría un fuerte ajuste fiscal en partidas, como la inversión pública, con consecuencias negativas para el crecimiento económico.

Por ello, el Poder Ejecutivo, a través del MEF, plantea en el MMM 2024-20027 un escenario de consolidación fiscal más gradual, modificando las reglas para 2024, de 2 % a 2,5 % del PBI; para 2025, de 1,5 % a 2,2 %; para 2026, de 1,0 % a 1,8 %; para 2027, de 1 % a 1,4% del PBI; y para 2028, de 1 % del PBI. Con ello, se busca evitar un ajuste fiscal radical que pueda comprometer la recuperación de la economía y, por ende, el bienestar de los ciudadanos. Esta propuesta está aún pendiente, pues el Gobierno enviará al Congreso de la República la solicitud de delegación de facultades legislativas en materia económica.

Sin duda, la flexibilización de las reglas fiscales requiere una estricta evaluación. Hay que tener presente las ventajas de su cumplimiento, pues permiten una mayor confianza en los mercados financieros y ofrece una mayor predictibilidad a los agentes económicos, lo que contribuye a fomentar la inversión. En cambio, su modificación se suele realizar para facilitar la aplicación de políticas contracíclicas, posibilitar la inversión pública o para a adaptarse a shocks imprevistos; pero afecta la credibilidad y el precedente que se podrá cambiar nuevamente en el futuro.

La modificación de las reglas fiscales en el Perú no es una novedad. Se han cambiado frecuentemente, estableciendo límites transitorios o modificándolas explícitamente. También, se han establecido cláusulas de escape ante situaciones de emergencia nacional o crisis internacional.

No obstante, hoy en día, lamentablemente, los agentes económicos tienen la percepción de que el Estado Peruano invierte en megaproyectos sin realizar evaluaciones exhaustivas de su rentabilidad a largo plazo. Esto se debe a falta de capacidad técnica, presiones políticas y a un despilfarro de recursos que pudieron ser asignados en áreas con mayor impacto económico y social.

Reglas fiscales en Europa y Estados Unidos

Recientemente, la Unión Europea (UE) actualizó su marco de reglas fiscales. En diciembre de 2023, los responsables de las políticas económicas de la UE acordaron implementar nuevas directrices para la gestión de la deuda y el déficit públicos. Estas normativas conservan los umbrales existentes del 3 % del PIB para el déficit y del 60 % del PIB para la deuda, e introducen planes fiscales personalizados de cuatro años para cada país miembro.

Las características destacadas de estas nuevas reglas incluyen:

1. Planes fiscales personalizados, donde cada nación establecerá su plan fiscal cuatrienal, siguiendo una «ruta técnica» sugerida por la Comisión Europea.

2. Se permite extender el plazo hasta siete años si se realizan reformas e inversiones que fomenten el crecimiento y atiendan objetivos como la transición ecológica y la digitalización.

3. Se establecen dos medidas de protección clave. La primera exige a los países con deuda sobre el 90 % del PBI reducirla en al menos un punto porcentual anual y para los que estén en el rango entre 60 % y 90 % la reducción será de medio punto porcentual. La segunda impone a los países con un déficit menor al 3 % continuar su ajuste hasta alcanzar el 1,5 %.

La Comisión Europea se encargará de monitorear el cumplimiento de los acuerdos y podrá iniciar procedimientos si algún país excede el límite de deuda establecido. Por ejemplo, en caso de incumplimiento se impondrán multas semestrales por importe de un 0,05 % del PBI hasta que el país tome medidas, sin que exista tope alguno para las multas acumuladas.

Estas reformas buscan mantener estándares mínimos de disciplina fiscal. El acuerdo necesita la aprobación del Parlamento y el Consejo Europeo y se prevé su entrada en vigor en 2024, con aplicación en la planificación presupuestaria a partir de 2025.

De otro lado, en el caso de Estados Unidos, las reglas fiscales se aplican principalmente a nivel estatal y local, ya que la Constitución no impone un límite de deuda o déficit a nivel federal. Por tanto, pueden variar significativamente entre los diferentes estados y municipios, y su aplicación depende de la legislación local y las decisiones políticas. Sin embargo, existen mecanismos y leyes que buscan promover la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas como la Ley de presupuesto equilibrado, los límites de deuda y las reglas que limitan el crecimiento de gasto público según la evolución de la inflación y el crecimiento económico.

¿Qué debería entonces hacer el Gobierno peruano?

En conclusión, las reglas fiscales son pilares fundamentales para garantizar la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Su implementación no solo fortalece la credibilidad de la política fiscal y reduce el riesgo percibido por los mercados financieros, sino que también mejora la transparencia y la institucionalidad del sistema fiscal. Por ello, es crucial que los países evalúen cuidadosamente cualquier modificación en estas reglas, considerando tanto sus beneficios como las posibles repercusiones en la confianza de los inversionistas y la predictibilidad económica.

En estas circunstancias, ¿qué debería entonces hacer el Gobierno peruano? El manual dicta que si un gobierno incurre en un déficit fiscal, esto implica que la deuda pública aumente. Este escenario implica que, en algún momento, dado que el déficit no puede ser permanente, el Ejecutivo deberá realizar un reajuste fiscal mediante recortes de gastos o aumentos de la recaudación.

Ambas medidas son factibles, pero no son tareas fáciles. En el primer caso, el gasto del Estado no ha dejado de crecer en los últimos años, sobre todo el gasto corriente, por lo que recortar lo necesario requiere de un acucioso y objetivo análisis. En el segundo caso, aumentar los impuestos a los que ya los pagan no es una opción en tiempos de crisis económica como el actual.

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