Inseguridad ciudadana en las ollas comunes y comedores populares

La inseguridad ciudadana sigue afectando de forma grave a las ollas comunes y los comedores populares en 2024. Jennifer Jiménez y Rosa Castillo, representantes de estos sectores, expresaron su preocupación por la falta de acción de las autoridades frente a las amenazas constantes de organizaciones criminales que se han infiltrado en estas redes de apoyo comunitario.

La inseguridad en las ollas comunes: una amenaza creciente

Jennifer Jiménez describió la precaria situación que enfrentan los barrios marginales, donde el crimen organizado se aprovecha de la vulnerabilidad de las comunidades. Las ollas comunes, fundamentales para brindar apoyo a los sectores más necesitados, han sido blanco de estas bandas, que buscan controlar estos espacios.

¿Cómo apoyar a las ollas comunes frente a la inseguridad?

Jiménez destacó que las ollas comunes poseen información valiosa sobre las pandillas y bandas criminales que operan en las zonas. Sin embargo, esta información no ha sido utilizada de manera efectiva por las autoridades.

Hizo un llamado urgente a que la Policía Nacional colabore directamente con las organizaciones barriales. Según la representante, muchos ciudadanos temen acudir a las comisarías debido al riesgo de represalias, lo que dificulta la lucha contra la delincuencia.

Comedores populares: blanco de extorsiones

Por su parte, Rosa Castillo señaló que los comedores populares, al estar ubicados en las zonas más desatendidas del país, son objetivos frecuentes de la delincuencia. La falta de presencia policial ha permitido que los extorsionadores actúen sin restricciones, poniendo en peligro tanto a los voluntarios como a las familias que dependen de estos servicios.

Llamado a las autoridades

Castillo instó a la Policía Nacional y a los gobiernos locales a proporcionar protección adecuada a los comedores populares. Destacó que estos espacios desempeñan un papel crucial en garantizar la seguridad alimentaria, especialmente en tiempos de crisis.

Ambas representantes coincidieron en la necesidad de una respuesta real y comprometida de las autoridades para salvaguardar la integridad de quienes dependen de las ollas comunes y los comedores populares, así como para frenar el avance del crimen organizado en las comunidades vulnerables.

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