Hay 19 proyectos para construir cárceles valorizados en S/ 1.682 millones
Según el Sistema de Información de Estadísticas Penitenciarias (SIEP) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a diciembre de 2021 la población penitenciaria asciende a 87.245 personas, de los cuales el 95% son varones y el 31% se encuentra en Lima.
De acuerdo a su situación jurídica, el 63% de personas encarceladas están sentenciadas, mientras que el 37% restante están siendo procesadas. En cuanto a su edad, la población penal juvenil de entre 18 y 29 años representa el 29,2%.
La población adulta, desde 30 hasta 59 años de edad, representa el 65,1%; y los adultos mayores, por encima de los 60 años, el 5,6% restante.
En relación a su nivel educativo, el 1,6% son analfabetos y el 26,8% cuenta con educación primaria, mientras que el 62,7% tiene instrucción secundaria y el 8,8% con superior.
Tipos de delitos y extranjeros
De otro lado, el 25,4% de la población penal cometió el delito de robo agravado, el 11,5% violación sexual de menor de edad, el 7,5% tráfico ilícito de drogas, el 5,8% tentativa de robo agravado, el 5,5% promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, el 4,7% violación sexual, el 3,5% formas agravadas de tráfico ilícito de drogas, el 3,4% asesinato, el 3% actos contra el pudor en menores de 14 años, el 2,5% hurto agravado, el 2,3% tenencia ilegal de armas y el 24,8% restante otros delitos.
Los extranjeros en la población penitenciaria ascienden a 2.564 personas (3,2% de la población penal) concentrándose principalmente en los delitos de robo agravado (645 personas), donde el 84% son venezolanos; tráfico ilícito de drogas (441), donde el 44% son colombianos; tentativa de robo agravado (326), donde el 90% son venezolanos; promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (278), donde el 32,7% son colombianos; y formas agravadas de tráfico ilícito de drogas (216), donde el 32,9% también son colombianos.
Situación jurídica
Como se mencionó, el 37% de la población penitenciaria no dispone de sentencia. Las tasas más altas se registran en la población penal acusada de delitos como organización criminal (98%), promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (47%), incumplimiento de la obligación alimentaria (46%) y tráfico ilícito de drogas (41%).
En esta materia, el IEDEP considera importante la implementación de los proyectos “Mejoramiento de los servicios de administración de justicia penal a través del expediente judicial electrónico a nivel nacional”, valorizado en S/ 152 millones; y el “Mejoramiento de los servicios de información del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la interoperabilidad en materia penal”, valorizado en S/ 71 millones.
Establecimientos penitenciarios
En el país existen 69 establecimientos penitenciarios (EP) ubicados en Lima (12); Junín (7); Cajamarca, Cusco y San Martín (4 c/u); Arequipa, La Libertad, Loreto, Puno, Tacna (3 c/u); Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Callao, Ica, Pasco, Piura (2 c/u); y Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, Ucayali (1 c/u).
La capacidad de albergue de estos establecimientos asciende a 41.123 personas, con lo cual, considerando la actual población penitenciaria de 87.246 personas, se tiene una sobrepoblación del 112%.
En ese marco, se define como hacinamiento a aquel EP cuya sobrepoblación supera el 20%. Por tanto, en el país existen 47 EP bajo esa condición.
Los casos más graves son los EP de Chanchamayo, con 471% de sobrepoblación; Callao, con 466%; Quillabamba, con 375%; Abancay, con 362%; Camaná, con 361%; Miguel Castro Castro, con 325%; y Pucallpa, con 309%.
Cabe recordar que, en el año 2014, el Tribunal Constitucional dispuso que si en el año 2025 no se consigue superar dicho hacinamiento se deberán cerrar los EP que al vencimiento de dicho plazo tengan los mayores niveles de este indicador (20%).
Asimismo, agrega que las cárceles deben ser pobladas preferentemente por personas que hayan cometido delitos graves que impliquen peligro social.
Proyectos de inversión
Con base en información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualizada al 11 de abril de 2022, se identifica que el INPE tiene un portafolio de 18 proyectos con los que se espera beneficiar a 16.584 personas.
El costo de estas obras asciende a S/ 1.254 millones para los cuales se registra un avance financiero acumulado de 57%. Con la finalidad de atender la ejecución de la mencionada cartera en el presente año se asignó un presupuesto de S/ 118 millones del cual se ha ejecutado el 7,6%.
En la jurisdicción del Altiplano figuran la “Rehabilitación integral y ampliación de la capacidad de albergue del EP Puno”, valorizado en S/ 768 millones y con un avance acumulado del 94%; así como la “Rehabilitación y ampliación del EP de Lampa (Puno)”, valorizado en S/ 47,4 millones y con un avance del 22%.
En la jurisdicción Centro se tiene el proyecto de “Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales en el EP de Huancayo”, valorizado en S/ 1,6 millones y con un avance de 2%. En tanto, en la jurisdicción Nororiente está el “Reacondicionamiento y ampliación de la capacidad de albergue del EP de Iquitos”, valorizado en S/ 20,2 millones y con un avance de 79%.
En la jurisdicción Lima se tiene el proyecto “Ampliación de la capacidad de albergue del EP de Chimbote”, valorizado en S/ 41,6 millones y con un avance de 56%. También se tienen el mejoramiento de los servicios de readaptación social en los EP de “Chincha” e “Ica”. El primero de ellos está valorizado en S/ 92,1 millones y con un avance de 67%; y el segundo está valuado en S/ 76,7 millones y tiene un avance del 1%.
En la misma jurisdicción figuran el “Mejoramiento del servicio de readaptación social de liberados y sentenciados de la Dirección de Medio Libre – INPE”, ubicado en el distrito de Surquillo, valorizado en S/ 6,1 millones y con un avance de 4%; y la “Construcción de cobertura en el EP Ancón I”, valorizada en S/ 2,6 millones y con avance de 2%; así como también la “Construcción del sistema de aguas residuales en el EP Huaral”, valorizada en S/ 0,6 millones y sin avance alguno.
De otro lado, en la jurisdicción Norte se dispone de los proyectos “Mejoramiento y ampliación del servicio de readaptación social en el EP de Cajamarca”, valorizado en S/ 74 millones y con un avance de 28%; la “Ampliación de la capacidad de albergue y mejoramiento del EP de Piura”, valorizada en S/ 82,3 millones y con avance de 2%; la “Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales en el EP Piura”, valorizada en S/ 3,5 millones y sin avance; y la “Rehabilitación y ampliación del EP de mujeres de Trujillo”, con un costo de S/ 28,7 millones y avance del 73%.
Por su parte, en la jurisdicción Oriente se dispone de la “Rehabilitación y ampliación integral del EP de Pucallpa”, valorizada en S/ 234,7 millones y con un avance del 77%; y la “Ampliación y mejoramiento del servicio de internamiento penitenciario en la jurisdicción de la oficina regional oriente Pucallpa”, valorizada en S/ 156,7 millones y con un avance del 98%.
Asimismo, en la jurisdicción Sur está la “Ampliación de la capacidad de albergue y construcción de áreas complementarias en complejo penitenciario de Arequipa”, valorizada en S/ 224 7 millones y con un avance del 65%; mientras que, en la jurisdicción Sur Oriente, figura el “Mejoramiento y ampliación del servicio de readaptación social del EP de Abancay”, valorizado en S/ 82,6 millones y con un avance del 1%.
Adicionalmente, a cargo del Ministerio de Justicia, se identifica el proyecto “Instalación del servicio de readaptación social en el nuevo EP de Ica”, valorizado en S/ 428 millones y con un avance del 48%.
Como puede verse, a pesar de los proyectos en camino, el sistema penitenciario peruano adolece de una gran sobrepoblación. Por ello, se necesitan recursos financieros para ampliar, modernizar y mejorar la infraestructura carcelaria.
En este contexto, existe la alternativa de concesionar cárceles bajo alguna modalidad, como, por ejemplo, asignando al sector privado el diseño, construcción y equipamiento de la cárcel y manteniendo al sector público la parte operativa.
Frente a la crítica situación que vive la población penitenciaria es importante tener en claro cuáles son los objetivos que se buscan: eliminar el hacinamiento, mejorar las condiciones en aspectos de salud y alimentación, atender el tema de capacitación, propender a bajar la reincidencia y elevar la reinserción del interno al mercado laboral.