Formalización para la competitividad: camino clave hacia la OCDE
El proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) representa una oportunidad histórica para transformar el modelo de gobernanza, elevar la calidad institucional y fortalecer la competitividad del país. Esta meta, que trasciende a cualquier gobierno de turno, debe entenderse como una política de Estado, con impacto a largo plazo y con la capacidad de articular al sector público, privado, la academia y la ciudadanía.
Lecciones
En este contexto, la reciente visita a Lima del ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, y del embajador costarricense ante la OCDE, Elías Soley, ha sido una valiosa ocasión para conocer de primera mano la experiencia de este país, que culminó con éxito su proceso de incorporación en el 2021. Así ambos representantes compartieron las reformas claves que permitieron este logro: una ambiciosa reforma fiscal, la modernización del empleo público, el fortalecimiento de la autoridad de competencia, la unificación de los sistemas de compras públicas y la profesionalización del gobierno corporativo de las empresas estatales.
Los resultados fueron contundentes. En pocos años, Costa Rica logró reducir su informalidad a mínimos históricos, diversificar su matriz productiva, con un crecimiento sostenido del PIB per cápita (de US$ 11 000 a US$ 19 000) y un crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa. Sin embargo, también se reconoció que no todas las reformas fueron fáciles. Hubo resistencias importantes, especialmente desde sectores sindicales, bancarios y políticos. Una lección clara para el Perú: sin voluntad política sostenida ni articulación multisectorial, el proceso puede estancarse.
Uno de los pilares que explican el éxito costarricense fue la participación temprana del sector empresarial a través del BIAC (Business and Industry Advisory Committee), brazo privado ante la OCDE. El BIAC permite que los gremios y empresas influyan directamente en las políticas que se discuten en los comités técnicos de la organización. Costa Rica utilizó esta plataforma para dar voz al empresariado, evitar distorsiones y promover reformas legítimas. La experiencia demuestra que el peor error del sector privado es mirar el proceso desde la distancia o asumir que solo compete al Estado.
En esa línea, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha planteado la necesidad de integrarse activamente a este proceso como punto de contacto empresarial, con el fin de canalizar las preocupaciones y aportes del sector privado a los foros OCDE. Asimismo, se destacó una innovadora iniciativa promovida por la organización: la certificación de zonas francas bajo estándares de integridad y transparencia. Este esquema busca prevenir delitos como el contrabando o el comercio ilícito, y se proyecta como una herramienta que el Perú también podría adoptar para mejorar su imagen internacional y atraer inversiones responsables.
El testimonio costarricense resalta que la OCDE no exige perfección, pero sí compromiso sostenido y apertura a las reformas. No se trata de cumplir un listado de requisitos, sino de iniciar un camino de mejora continua, sustentado en evidencia y buenas prácticas internacionales. Para nuestro país, el momento es ahora por lo que debemos priorizar una agenda legislativa OCDE, incluyendo reformas tributarias, de competencia, de compras públicas, de gobernanza y lucha contra el cohecho.
Desde la Comisión de Competitividad estamos convencidos de que, en la medida que exista decisión política, este camino será exitoso; sin embargo, la comunidad empresarial tiene también un rol activo y por ello nuestra participación es trascendental. De todos los temas abordados en esta reunión y de la experiencia de Costa Rica, este camino no puede ser transitado con éxito si no enfrentamos de manera decidida la informalidad.
La informalidad laboral y tributaria afecta a una parte significativa de la población peruana. Limita el acceso a la protección social, reduce la productividad, incrementa la desigualdad y debilita las bases fiscales del Estado. Este fenómeno, además, crea una competencia desleal que perjudica a las empresas formales, encarece el cumplimiento normativo y deteriora la confianza en las instituciones.
Durante el Foro “Informalidad versus Competitividad: El Camino hacia el Progreso Sostenible”, que se llevó a cabo en noviembre 2024, organizado por la Comisión de Competitividad de la CCL, con la participación de la OCDE, se evidenció la urgencia de emprender reformas estructurales para revertir esta situación. Uno de los aspectos más destacados fue la necesidad de rediseñar el sistema tributario y laboral para hacerlo inclusivo, progresivo y atractivo para la formalización.
Sobre este tema encontramos mucha coincidencia con Capitalismo Consciente Perú y estamos uniendo esfuerzos para que desde el sector empresarial reafirmemos nuestro compromiso con la construcción de consensos para el bienestar colectivo y el desarrollo del país. Coincidimos plenamente que la informalidad es el mayor freno para un entorno de negocios sólido y justo. No se trata solo de números, sino de millones de peruanos sin acceso a la protección social y sin oportunidades de crecer con dignidad. Si el país logra asumir este reto con visión, consenso y participación activa del sector privado, el ingreso a la OCDE podrá ser un verdadero punto de inflexión en su camino hacia un desarrollo inclusivo, moderno y sostenible.
Integración
La adhesión a la OCDE no debe ser vista como una meta simbólica, sino como una palanca real para modernizar al país. Para lograrlo, es imprescindible institucionalizar una agenda de reformas estructurales donde la lucha contra la informalidad esté al centro. La CCL viene preparando un proyecto de ley que reformule los regímenes tributarios actuales bajo un enfoque de inclusión productiva, lo que es una necesidad impostergable.
La Cámara de Comercio de Lima, a través de su Comisión de Competitividad, reafirma su compromiso con este propósito y hace un llamado a los sectores público y privado para construir juntos un Perú competitivo, formal e integrado al más alto estándar de gobernanza global: la OCDE.