Estrategia integral contra el crimen

Mediante comunicados y pronunciamientos, hemos advertido, desde hace varios meses, el alarmante incremento de hechos delictivos en nuestro país. Ante ello, exigimos al Gobierno una estrategia integral para resolver el problema de la inseguridad ciudadana y solicitamos que se destine el presupuesto necesario a la lucha contra la criminalidad del país.

Consideramos que la declaración de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao no es suficiente. Esta estrategia integral debe estar liderada por la presidencia de la república, Dina Boluarte, con acciones concretas y articuladascon las autoridades regionales y locales, con el objetivo de desplegar una lucha frontal contra el crimen organizado, bandas criminales y la delincuencia que aqueja a nuestro país.

Algunas propuestas que debe desarrollar el Ejecutivo consiste en:

• Declarar en estado de emergencia la Policía Nacional del Perú (PNP), para dotarla de la infraestructura, el equipamiento y todos los recursos logísticos y operativos necesarios para la lucha contra la criminalidad.
• Reducir la brecha de déficit de personal judicial. Actualmente, se requieren alrededor de 50 000 efectivos policiales.
• Incorporar agentes de inteligencia y de investigación con amplia experiencia que están en situación de retiro.
• Tomar control de las 120 zonas vulnerables del país, que se encuentran debidamente identificadas, a través de acciones conjuntas entre la PNP y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), y articular sus respectivas oficinas de inteligencia mediante un sistema integrado dedicado a la lucha contra la criminalidad.

Por su parte, el Congreso de la República debe derogar o modificar algunas malas leyes, dadas en los últimos meses, como la Ley 32108, que modifica artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado.

Esta norma, que no fue observada por el Ejecutivo, pone graves trabas a la justicia en su lucha contra organizaciones criminales, como el capítulo que estipula como requisito que las organizaciones criminales deben contar con una «cadena de valor de un mercado cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y robo agravado, que tienen en zozobra a la población.

La ley considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, por lo que no considera a las organizaciones involucradas en actos de corrupción y deja sin efecto los allanamientos a las viviendas de los delincuentes sin presencia de los abogados defensores. La situación en la que nos encontramos es muy complicada. La paciencia de la población frente a la inacción de las autoridades ya está llegando al límite. Esto quedó reflejado en el respaldo al paro de transportistas del último 26 de septiembre.

Las cifras delincuenciales son alarmantes. A la fecha, cerca de 3 000 bodegas en Lima han cerrado como consecuencia de las extorsiones que sacuden el país. Además, la última encuesta de Ipsos muestra que el 63 % de los peruanos cree que la seguridad ciudadana ha empeorado en los últimos 12 meses, y un preocupante 87 % de los encuestados afirma sentirse inseguro cuando transita por las calles de noche y un 67 %, incluso durante el día.

Otros indicadores de la misma encuestadora señalan que el 78 % desaprueba la gestión del Gobierno actual en la lucha contra la delincuencia. Los valores son similares entre Lima (80 %) y el resto del país (77 %). Por su parte, el Instituto Peruano de Economía (IPE) proyectó que la criminalidad le cuesta al Perú 3 % del PBI, con base en la data del Banco Interamericano de Desarrollo a 2017 (cerca de US$ 8 000 millones).

En tanto, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, manifestó que, si es que se toman las medidas urgentes para combatir la inseguridad ciudadana, la economía podría crecer más de 3,1 % este año. Un análisis del BCR concluye que el crimen está estrechamente vinculado con la economía de forma directa e indirecta. Entre los efectos directos están la pérdida de recursos y producción como resultado de hurtos, robos, asesinatos, entre otros; y los recursos gastados en costos de seguridad tanto pública como privada. En tanto, los costos indirectos se ven reflejados en menores oportunidades de empleo, debilitamiento de las instituciones y corrupción del sistema, entre otros. En este contexto, exigimos a la presidenta de la república, Dina Boluarte, a asumir el liderazgo, porque no podemos retroceder ante la lucha contra el crimen organizado.

La propuesta de la Cámara de Comercio de Lima tiene por objetivo contribuir a ponerle freno a esta escalada delincuencial. Este es el momento de actuar; de lo contrario, las familias peruanas seguiremos viviendo en zozobra, las inversiones seguirán yéndose y habrá menos empleo para los peruanos.