Enrique Yépez: Rol de las Juntas Vecinales en la reducción del delito
¿Que necesitan actualmente las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana para afianzar sus actividades y tareas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la violencia y el delito? Creo que existe una sola respuesta y es que las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana (JVSC) sean reconocidas por el Estado como la mejor alternativa que tienen la PNP y los Gobiernos locales para contribuir a la reducción del delito en las zonas urbanas del país.
Sin embargo, para alcanzar este objetivo, es necesario diseñar estrategias y desarrollar actividades operativas en los ámbitos del Ministerio del Interior (Mininter), PNP, Autoridades Judiciales y Gobiernos Locales, para fortalecer el accionar policial, como afianzar el trabajo de las JVSC.
Las principales estrategias y acciones que considero deberían ejecutarse a corto plazo para reducir el delito en el marco de los alcances del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), son las siguientes:
En el ámbito policial
1. Efectiva racionalización y asignación de recursos humanos y logísticos a la base de la organización política que son los distritos, derivando a las unidades preventivas y de investigación básica-Comisarias y Depincris-, personal policial y medios procedentes de las unidades administrativas, de asesoramiento, de apoyo y de seguridad de personalidades.
2. Mayor presupuesto para la seguridad ciudadana, que debería ser asignado a las Regiones Políticas para que sean distribuidas de inmediato a los órganos ejecutivos, con el fin de evitar casos de corrupción de funcionarios o mal uso de los recursos públicos, y sean adecuadamente utilizadas por los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana.
Sería necesario la conformación de Comités de Fiscalización con participación de líderes vecinales, para velar por el uso transparente y efectivo de los fondos, exigiendo rendición de cuentas.
3. Retomar la importancia de las Comisarías como la primera línea de contacto y atención de la Policía Nacional con la población, con infraestructuras amplias y bien equipadas que acojan con comodidad al personal policial y a los ciudadanos que acuden a dichas dependencias, fortaleciendo la política de Estado de mejorar la “Prevención Primaria de la Seguridad, la Salud y la Educación” mediante estrategias integrales en el marco de la “Seguridad Humana”.
Para este propósito es necesario impulsar políticas desde la base de la estructura social donde se ubican los sectores menos favorecidos, potenciando el accionar de las Comisarías, junto con el de las Postas Medicas y los centros educativos.
4. Intensa capacitación del personal policial y de los servicios de serenazgo en los alcances del concepto y praxis de la Policía Comunitaria, que en términos generales se refiere a una filosofía de trabajo. Es decir, una manera de pesar, sentir y de obrar que deben tener y practicar los policías que trabajan en unidades policiales cercanas a los ciudadanos, y que se manifiesta en el buen trato y en el eficiente servicio a las personas.
5. Selección de los Comisarios y Jefes de las Oficinas de Participación Ciudadana de las comisarias, que deben tener el perfil de Policías Comunitarios, interiorizando actitudes y conductas de apego al trabajo y atención a los ciudadanos, cualquiera sea el estrato socio económico de donde presten servicio.
6. Rápida respuesta de la Policía frente a los requerimientos ciudadanos. Para lograr este objetivo es necesario que las Comisarias tengan suficientes efectivos y medios debidamente distribuidos, para que acudan de inmediato al incidente, dividiendo la demarcación territorial por áreas, sectores y cuadrantes.
Esto permitará formular Mapas del Delito, y puedan contar con el apoyo de los servicios de Serenazgo en el marco del programa “Patrullaje Integrado”, comandados directamente por los comisarios (Ley 27933-SINASEC).
7. Uso de tecnologías para fortalecer la seguridad ciudadana. Sería necesario que la Central 105 se configure como un Centro de Comando Integrado, para concentrar información muy valiosa que proporcionen las cámaras de video vigilancia.
Los softwares instalados en este Centro posibilitarían visualizar mapas de patrullaje para hacer más eficiente la gestión de patrulleros y evaluar su desempeño. Asimismo, se haría viable la identificación automática de los días, horas y zonas de mayor incidencia delictiva.
Se tiene conocimiento de la próxima implementación de una “Proyecto 911- Creación de un sistema de atención de Emergencias, Urgencias e Información en Lima Metropolitana y Callao” mediante un numero único 911 a cargo de Pronatel del Ministerio de Transportes, que unificará las líneas del 105 de la Policía Nacional, el 106 de los Bomberos, el 116 de SAMU del Minsa, y la línea 100 de atención a la violencia contra las mujeres del MIMP.
Cualquiera sea el sector que lo desarrolle, lo importante es que se ejecute lo más pronto posible, para contrarrestar con eficacia la lucha contra el delito, en particular el ciberdelito, que ha tenido un notable incremento en estos últimos meses.
8. Contar con un eficaz sistema de inteligencia para la seguridad ciudadana que actúe antes que se produzca el hecho delictivo. Este objetivo se puede lograr contando con una eficiente producción de inteligencia predictiva que se adelante a los hechos logrando la captura de los implicados, con personal especializado, y sobre todo, fortaleciendo la “Red de Información Comunitaria”, capacitando en esta materia a los líderes de las JVSC en aspectos de búsqueda de información y la forma cómo canalizarla al sistema de inteligencia policial.
En el ámbito de las Juntas Vecinales
1. Promover la organización y participación de la mayor parte de los vecinos en seguridad ciudadana, para lo cual es necesario que los promotores de la OPC de las Comisarias desarrollen una intensa campaña para que los ciudadanos se organicen en Juntas Vecinales.
2. Estandarizar la comunicación a distancia, entre vecinos, Comisarías y Serenazgo, como:
- Uso de redes sociales mediante aplicativos como WhatsApp;
- Empleo de “Celulares RPM” para comunicaciones reservadas con la Policía y el Serenazgo;
- Uso del silbato entre los vecinos ante cualquier emergencia, mediante señales claramente establecidas tocando simultáneamente sus silbatos, para evitar se produzca el delito;
- Afianzar el programa “Botón de pánico”, del MP, para que las mujeres víctimas de violencia física puedan pedir auxilio accionando desde sus celulares con solo una pulsión;
- Uso de la “Alerta Amber” para casos de niños y adolescentes extraviados;
- Uso del programa “Alerta Roja”, previo convenio con las operadoras de celulares, para que el 105 comunique hechos delictivos graves y puedan ser conocidos en tiempo real por los subscriptores, para su ubicación y captura por la Policía Nacional;
- Puesta en ejecución de medidas de autoprotección (cercos, sistemas de v/vigilancia, etc.);
- Instalación en puntos críticos de su cuadra o manzana de cámaras de video/vigilancia y/o alarmas vecinales, con apoyo de los municipios y la empresa privada, debidamente enlazadas con las comisarias, municipios y la central de video vigilancia 105.
3. Establecer en todas las Comisarías el “Servicio de Denuncia Policial Digital”, que permite a los ciudadanos denunciar a través de internet sobre la pérdida de sus documentos. Sería fundamental ampliar este servicio para todas las denuncias por delitos menores, a fin de que los agraviados presenten sus denuncias por internet sin necesidad de apersonarse a las Comisarías, con lo que se lograría reducir la “cifra negra” de delitos no denunciados.
4. En todas estas acciones de seguridad ciudadana a nivel local, la responsabilidad política es del Alcalde como Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana; y, la responsabilidad operativa del Comisario, como representante del poder de policía del Estado.
“Mano firme” para sancionar a delincuentes de la calle
La “Mano Firme” es la aplicación de la Ley con energía y decisión en el marco de la Ley y respeto a los DD.HH. En el ámbito de la delincuencia común significa una lucha sostenida contra la impunidad del delito menor enfatizando las acciones preventivas y correctivas.
Todo ello dentro de una política de reinserción, evitando que algunos Fiscales y Jueces liberen con rapidez a delincuentes autores de delitos comunes, aduciendo “falta de pruebas”, o escasa capacidad de los Centros Penales y Centros Juveniles para albergar a delincuentes de la calle.
Sería crucial una reunión al más alto nivel para evitar estas decisiones judiciales y buscar alternativas para reducir el hacinamiento en los establecimientos penales y centros juveniles.
Preservar el Estado de Derecho
Mediante el fortalecimiento del Principio de Autoridad del Estado para cuyo efecto es necesario otorgar plena validez y vigencia a la “Ley de Protección Policial”, promulgada por la Ley 31012, que tiene por objeto otorgar defensa legal al personal de la Policía Nacional, que al ejercer el derecho a su legítima defensa y de la sociedad hace uso de sus armas en forma reglamentaria.
En estas circunstancias, el principio de razonabilidad o proporcionalidad de medios será interpretado a favor del personal policial interviniente, en razón de que, en el derecho de legítima defensa, el policía tiene que hacer uso de su arma de fuego en forma reglamentaria, cuando su vida o de la potencial víctima se encuentre en peligro inminente, dentro del marco de la ley y los derechos humanos.
Trabajo integrado
Los Alcaldes, Comisarios, Autoridades Judiciales y del Ministerio Publico y los integrantes de las JVSC, deben trabajar todos en forma integrada y sin criterios personales, políticos, ni institucionales.
Es conveniente que el Ministro del Interior y el Presidente del AMPE formen Equipos de Trabajo para que, se formulen Protocolos y Guías de Procedimientos sobre las actividades y tareas específicas que tienen que cumplir en forma integral y estandarizada las Municipalidades, la PNP, los sectores integrantes de los Comités Locales de Seguridad Ciudadana y la Comunidad organizada en JVSC.