Eduardo Vega Luna: “La clase política todavía no ha hecho un mea culpa”
¿La sociedad es consciente de los efectos de la corrupción?
Sí lo es. Si nos guiamos por los sondeos de opinión y el referéndum del 2018, creo que la ciudadanía ha dado una señal clara de no tolerar más la corrupción. Hay un cambio que se está produciendo. En segundo lugar es necesario que la clase política y empresarial lideren la lucha contra corrupción y hagan un mea culpa. Creo que eso es lo que está faltando. Sin embargo, si hay muestras claras de cambios normativos que se están dando para tratar de romper los círculos de la corrupción que ha estado instalados en la política peruana y en la actuación de muchas personas, funcionarios públicos y autoridades.
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¿Cómo romper este círculo en el Estado?
Primero se debe cambiar la forma de hacer política en el país, es decir, la lógica de cómo se financian los partidos y organizaciones políticas. No puede haber más financiamiento privado y anónimo de campañas y todos los actores tienen que comprometerse a transparentar sus cuentas. Además, quienes ingresan a la política no deben tener antecedentes ni sentencias.
Un segundo nivel son las contrataciones públicas. Este es un sector altamente vulnerable a la corrupción donde se coluden algunos funcionarios y proveedores para robar dinero público. Se están haciendo algunos cambios interesantes para revertir esta situación. Un tercer elemento es la justicia que tiene que actuar de manera decidida para que no haya más impunidad. Y el cuarto elemento es la ciudadanía, que está trabajando y organizándose para no tolerar estos hechos y denunciarlos.
¿Qué se podría hacer desde el Congreso?
Es necesario que haya consenso en relación a completar la reforma política y la modificación de la inmunidad parlamentaria. Un segundo tema es la reforma de la justicia, pues si bien se eliminó el Consejo Nacional de la Magistratura y se ha creado una nueva Junta Nacional de Justicia, falta darle mayor transparencia al trabajo de la justicia y fortalecer el sistema especializado de lucha contra la corrupción (fiscalías y juzgados).
También está la labor para mejorar los arbitrajes en las contrataciones públicas. Se ha dictado una norma para fortalecer y transparentar este mecanismo para evitar las sobrevalorizaciones de obras públicas que deberá revisar el Congreso.
Por otro lado, hay que revisar el modelo asociación público-privada (APP) y dotarla de mejores condiciones, para que se convierta en un buen modelo de desarrollo de inversión.
¿Hay problemas con los modelos de contratación?
El problema no son los modelos. Estos existen porque hay distintos tipos de contrataciones. Pero hay funcionarios, contratistas y proveedores que pueden aprovechar pequeñas zonas grises para el fraude. Entonces hay que hacer ajustes a estos modelos pues así se dinamizará la gestión pública y evitará que surjan otras formas de corrupción.