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Diálogo y entendimiento

El voto de confianza otorgado por el Congreso de la República al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, significa –confiamos por el bien de nuestro país- el restablecimiento del diálogo y el entendimiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, indispensables para enfrentar las graves secuelas que deja la pandemia del coronavirus en la vida y salud de los peruanos, así como la aguda crisis económica que enfrenta el país.

 

Las cifras oficiales anunciadas este fin de semana, que revelan que el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú se desplomó 18,06% en junio de este año -con lo cual muchos consideran que nuestro país está en recesión- y que entre abril y junio el desempleo aumentó a 8,8%, deben ser motivo más que suficiente para que se deje de lado enfrentamientos estériles, búsquedas de protagonismo o cálculos político-electorales que a nada bueno conducen.

 

Lo crítico de la situación se confirma en el hecho que, de acuerdo con las cifras mencionadas, al menos 994.300 de nuestros compatriotas, a los que se suman los inmigrantes, buscaron empleo durante abril, mayo y junio.

 

El consenso entre las máximas autoridades del país es imprescindible para adoptar las medidas urgentes que se necesitan en materia de salud pública y economía, para evitar que la desocupación y la recesión se agudicen, llegando a un punto de no retorno.

 

Por lo pronto, las nuevas decisiones a nivel gubernamental evidencian un nuevo enfoque que apunta a la aplicación de acciones específicas y de corto plazo con el objetivo de frenar la ola de contagios que ha recrudecido en las últimas semanas, así como de evitar que más empresas de todo tamaño y sector sigan cerrando a nivel nacional, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo formales, menor recaudación por parte del Estado y aumento de actividades informales.

 

Como lo hemos mencionado anteriormente en estas páginas, a la administración del presidente Martín Vizcarra le quedan menos de 11 meses de gestión, por lo que es irreal trazar estrategias de largo plazo. Lo que corresponde es ejecutar acciones muy puntuales de corto plazo que permitan frenar las pérdidas de vidas y contagios por el coronavirus y encaminar al país hacia su recuperación económica, y ello no puede hacerse solo desde la perspectiva pública, sino siempre de la mano con un aliado – invisible a veces –: el sector privado.

 

El 28 de julio del 2021, un nuevo gobierno deberá indefectiblemente asumir la conducción del país, y es tarea de todos contribuir para que las condiciones en ese momento de sucesión sean las mejores posibles dentro de lo que el escenario actual nos permita. Nadie debe seguir siendo parte del problema; todos tenemos un compromiso moral, social y nacional para que el Perú pueda encaminarse nuevamente en la senda del crecimiento y el desarrollo.

 

No me cansaré de repetir que los puestos de trabajo formales, así como el consumo interno, solo se podrán crear o recuperar, a través de la inversión privada nacional y extranjera, que arriesga siempre su capital apostando por el país. Lo único que se pide es predictibilidad, transparencia, y reglas claras y coherentes, de la mano con la eliminación de barreras burocráticas, que tanto daño le hacen a la reactivación económica.

 

Ello llevará a que el Estado pueda recaudar –a través de los impuestos- los recursos que necesita para brindar servicios básicos a la población más vulnerable.

 

El Perú vive desde hace cinco meses uno de los episodios más dramáticos de su historia. En todo este tiempo trabajadores, empresarios, emprendedores, profesionales, estudiantes, niños, jóvenes y adultos mayores, todos en general, hemos hechos grandes sacrificios y estamos dispuestos a seguir esforzándonos.

 

Abriguemos la confianza de que, en los días, semanas y meses siguientes, Dios (cualquiera sea la idea que cada uno tenga de él) o la providencia, permitan a nuestras autoridades tomar las mejores decisiones que lleven al Perú a superar esta hora tan difícil.