De acuerdo con el Artículo 104 de nuestra Constitución Política, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecido en la ley autoritativa. En ese contexto, el 3 de mayo pasado, el Gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, mediante el cual solicita la delegación para legislar en 10  áreas, por el plazo de 90 días calendario que se empezarían a contar desde que entre en vigor la referida ley.

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En líneas generales, somos de la opinión de que la delegación de facultades para legislar –sobre cualquier materia– debe tener carácter excepcional y debe concederse solo en casos en los que se requiera la dación de normas con urgencia y especialidad comprobadas.

De otro lado, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto Legislativo 1565 que aprueba la “Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria”, la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR) es obligatorio para todos los proyectos de disposiciones normativas de carácter general de las entidades del Poder Ejecutivo, lo cual incluye anteproyectos de ley,  proyectos de decretos legislativos, proyectos de decretos supremos, así como otros de disposiciones normativas de carácter general propuestas o emitidas por las entidades públicas del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus facultades normativas.

La delegación de facultades no es una excepción a la obligación del análisis de impacto regulatorio en el Ejecutivo, lo que implica la transparencia y la publicación previa de las normas que proponen, para una real participación de los ciudadanos interesados.

Con la precisión anotada, a continuación, se detallan los principales temas considerados dentro de la solicitud de delegación de facultades:

1. En materia de fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público–privada y gestión de servicios:

• Silencio administrativo positivo para procedimientos administrativos relacionados con las actividades productivas y la generación de empleo.
• Medidas de impulso para el avance de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada.
• Modificar el DL N.° 1071, a efectos de fortalecer el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (Renace).
• Masificación del gas natural en las regiones que no son parte de una concesión, para que más hogares puedan acceder al gas natural.
• Unificar los requisitos para que las empresas accedan y permanezcan en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype).

 

2. En materia de mejora de la calidad de la inversión pública:

• En inversión pública y de contratación pública, solicitó ampliar el plazo de:
  • Las disposiciones especiales sobre las licencias de habilitación urbana o de edificación, hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • Las disposiciones sobre elaboración de estudios ambientales para proyectos de inversión pública, hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • La elaboración y aprobación de las metodologías específicas aplicables a las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, hasta el 31 de agosto de 2025.
• Medidas para agilizar la reactivación de obras públicas paralizadas (Ley N.° 31589, que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas).
• Modificar el Decreto Legislativo N.º 1274, para la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento del sistema de aguas y saneamiento en el ámbito rural.
• Autorizar a la Autoridad Nacional de Infraestructura para que identifique, formule y ejecute inversiones ubicadas en las zonas de influencia del hub portuario de Chancay, (generación de cartera de inversiones estratégicas que incluyan inversiones con montos menores a S/ 200 000 000).

 

3. En materia de fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado:

• Fortalecimiento de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) (facilitar ingreso de nuevos accionistas, mejora de gobierno corporativo).
• Eficiencia de empresas públicas: fortalecer el rol rector del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) (unificar el marco legal de la actividad empresarial del Estado).

 

4. En materia de reducción de costos de transacción:

• Protección al tercero registral: modificar el artículo 2014 del Código Civil.
• Simplificar los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos en las oficinas registrales a nivel nacional: modificar los artículos 2033, 2037, 2038, 2040 y 2042 del Código Civil.

 

5. En materia de acceso y competencia en servicios financieros:

• Reducir el capital mínimo para empresas de transporte, custodia y administración de numerario (transporte de valores).
• Fortalecer la regulación de fondos de inversión.
• Regulación de interoperabilidad de pagos inmediatos.
• Fortalecer el Fondo Agroperú.

 

6. En materia de equilibrio fiscal:

• Modificar la Ley N.° 31541 para reducir gradualmente el déficit fiscal y la deuda pública.
• Modificar los Decretos N.° 1275 y N.° 955 para mejorar la gestión fiscal subnacional y distribución de recursos.
• Integrar y centralizar la administración financiera pública modificando el Decreto N.° 1436.
• Fortalecer la gestión fiscal de recursos humanos y regular la asignación eficiente de fondos públicos.
• Establecer normas de negociación colectiva que consideren la capacidad financiera del Estado.
• Implementar el régimen del servicio civil con coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
• Actualizar los Decretos N.° 1441 y N.° 1437 para mejorar la gestión de tesorería y recuperación de créditos impagos.

 

7. En materia tributaria:

• Tributación de modelos de negocio de la economía digital:
• Modificar la Ley del IGV e ISC:
• • Para implementar un mecanismo para recaudar el Impuesto General a las Ventas (IGV) de operaciones con proveedores no domiciliados (servicios digitales de streaming y otros).
  • Para incluir juegos a distancia y apuestas deportivas en el ámbito del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
• Modificar la Ley N.° 31557, relativa a juegos a distancia y apuestas deportivas, para regular adecuadamente la aplicación del impuesto.
• Modificar la Ley N.° 29774: reducir el monto aplicable a la importación de bienes de bajo valor y mejorar su control (envíos de entrega rápida, actualmente inafecto hasta US$ 200).

 

• Tratamiento tributario de empresas de menor tamaño
  • Crear el Régimen Emprendedor: simplificar el Impuesto a la Renta para pequeñas empresas, con declaraciones de ingresos y egresos mensuales, pagos a cuenta y regularización anual. Permitir deducciones de egresos.
  • Modificar en Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS): ajustar reglas de acogimiento, categorización, cuotas mensuales, y eliminar el Régimen Especial de Renta y el Régimen Mype Tributario (RMT).
  • Regular la deducción adicional temporal por la contratación de nuevos trabajadores.
  • Modificar la Ley N.° 31940 que amplió los plazos de declaración y pago del Impuesto a la Renta para pymes y personas naturales.

 

• Perfeccionamiento del sistema tributario:
  • Modificar la Ley del IGV e ISC:
    • Incluir soluciones líquidas para vaporizadores en el ISC y ajustar tasas impositivas.
    • Mejorar el Registro de Compras con herramientas tecnológicas.

 

• Hacer obligatoria la metodología de determinación de costos en procedimientos administrativos y servicios exclusivos de las entidades del Poder Ejecutivo (que las tasas se cobren por el costo del servicio).

 

• Modificar la Ley N.°31903: limitar la libre disposición de fondos de cuentas de detracciones a pequeñas empresas y establecer condiciones mínimas para su acceso (retroceder en la norma vigente).

 

• Modificar el Código Tributario:

 

• Para regular intereses de devoluciones y multas tributarias. (retroceder en el aumento que se dio por ley de las tasas aplicadas a las devoluciones a los contribuyentes).
• Para regular el alcance de la reserva tributaria para análisis de datos y formular políticas tributarias.
• Para agilizar el cobro de deudas tributarias a través de:
  • Procedimiento para atribuir responsabilidad solidaria en el cobro de deudas tributarias.
  • Regulares criterios para dictar medidas cautelares previas si la cobranza parece infructuosa.
  • Excepciones a la reserva tributaria: Permitir que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) publique información según el nivel y estado de la deuda.
  • Requisitos de apelación: adecuar los requisitos para apelar en función del riesgo del deudor.
  • Cambiar reglas de contracautela en procesos judiciales tributarios.
  • Procedimientos contenciosos: modificar plazos y reglas para estos procedimientos.
  • Tribunal Fiscal: modificar su conformación y funcionamiento.
  • Sentencias casatorias: definir los alcances de las sentencias casatorias de la Corte Suprema.

• Perfeccionar las Tablas de Infracciones y Sanciones, según el principio de proporcionalidad.

 

• Modificar la Ley del Impuesto a la Renta:
  • Cambiar la regla de deducciones de gastos de directores.
  • Cambiar las reglas de pagos a cuenta de Cuarta categoría.
  • Cambiar las condiciones de habitualidad en enajenación de inmuebles.
  • Establecer las obligaciones de pagos a cuenta para enajenaciones indirectas de rentas de segunda categoría.
  • Regular los intereses de deuda y deducción de gastos vinculados a financiamiento.
  • Perfeccionar los acuerdos anticipados de precios de transferencia.

 

• Regular acceso a información financiera: modificar la Ley N.° 26702 para facilitar el acceso a información financiera por parte de la Sunat.

• Regular intercambio automático de información: incorporar normas antielusivas y sanciones para declaraciones falsas de residencia fiscal.

• Simplificar inscripción en el RUC: facilitar la inscripción de personas jurídicas extranjeras con establecimientos permanentes en el país.

• Aprobar fraccionamiento especial de deudas: incentivar el pago de deudas administradas por la Sunat con un bono de descuento condicionado al cumplimiento del pago.

 

8. En materia de política criminológica y penitenciaria:

• Código Penal: optimizar la tipificación de difusión de contenido y chantaje sexuales con tecnología digital.
• Seguridad penitenciaria: regular obligaciones y sanciones para concesionarios de telecomunicaciones en prisiones.
• Ley contra el crimen organizado: ampliar alcance y establecer agravantes especiales para la delincuencia organizada.
• Derecho de autor: aumentar la protección contra la reproducción, distribución y difusión no autorizada de obras.

 

9. Desarrollo urbano y acceso a vivienda en el ámbito e influencia del terminal portuario de Chancay

• Ley N.° 31313: modificar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para mejorar la planificación de ciudades y centros poblados.
• Terminal Portuario de Chancay: autorizar disposiciones especiales para la intervención estratégica en su ámbito de influencia, facilitando proyectos priorizados.

 

10. En materia de seguridad y defensa nacional en inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital:

• Intervención de Fuerzas Armadas: modificar el Decreto Legislativo N.° 1095 para regular su intervención excepcional en orden interno.
• Interoperabilidad migratoria: establecer el marco normativo para la interoperabilidad entre entidades migratorias.
• Intangibilidad de predios para Defensa: garantizar la protección de inmuebles destinados a fines de Defensa Nacional.
• Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena): crear la Sedena para gestionar y coordinar el Sistema de Defensa Nacional.
• Ciberdefensa en Fuerzas Armadas: incluir la competencia en ciberdefensa en la organización de las Fuerzas Armadas.
• Uso de redes de telecomunicaciones: establecer reglas para evitar comunicaciones fraudulentas en telecomunicaciones.
• Gestión de Riesgos de Activos Críticos: regular la identificación, evaluación y gestión de riesgos de Activos Críticos Nacionales.
• Uso de datos de telecomunicaciones: modificar el Decreto Legislativo N.° 1182 para regular el uso de datos en la lucha contra el crimen.

 

 

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