Corrupción en el sector público: Recomendaciones para combatirla

A propósito de las próximas Elecciones Municipales y Regionales 2022, un tema que se mantiene en la agenda es la lucha contra la corrupción, la que parece imposible erradicar en el sector público, pero necesita ser estudiada para conocer cómo atacarla.

Por ello, Lorena Elías, investigadora del Instituto de Ética y Desarrollo (IED) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), explica cómo se genera la corrupción en el Estado, los factores que predisponen a este fenómeno, y brinda algunas recomendaciones y los principales hallazgos en sus libros “Municipalidad y lucha contra la corrupción: el caso Lima Norte” y “Municipalidad y contrataciones públicas: el caso de las 8 UIT en Lima Sur”.

Según Lorena Elías, los factores que originan la corrupción son la falta de claridad en el propósito que persiguen las instituciones públicas, el bajo ejercicio de transparencia, la alta discrecionalidad de funcionarios y autoridades y la impunidad ante los delitos.

También resalta otros factores como los frágiles canales de denuncia, el desinterés de las autoridades electas por la promoción de la integridad, la poca eficiencia en la gestión pública, el desconocimiento de los procesos por parte de los servidores públicos y la reducida vigilancia ciudadana.

Otros factores

Asimismo, la experta asegura que la crisis de representación política y la fragmentación del tejido social colaboran a que las redes de corrupción se fortalezcan en las instituciones públicas porque a las autoridades no les interesa rendir cuentas a las organizaciones por las que fueron elegidas y estas últimas no tienen legitimidad para evaluar y sancionar el desempeño de ellas.

Además, señala, como segundo punto, el hecho de que los actores de la sociedad civil están situados en frentes distantes que les impide colaborar para vigilar y denunciar riesgos en las gestiones públicas.

Incluso, subraya que la perspectiva ética no es un elemento determinante en la gestión de las autoridades y de los servidores públicos.

¿Cómo luchar contra la corrupción en el corto tiempo?

Tras su importante diagnóstico, Lorena Elías brinda recomendaciones sobre cómo luchar contra la corrupción en el corto tiempo:

Implementar las oficinas de integridad para que articulen el proceso de integridad en las municipalidades.
Instalar las comisiones locales anticorrupción (promovidas por la CAN).
Incorporar el servicio civil (SERVIR) en las municipalidades.
Fortalecer las herramientas de los concejos municipales para una mejor fiscalización.
Mejorar la transparencia y el acceso a la información pública.
Publicar las declaraciones juradas de intereses actualizadas.
Fortalecer la relación entre el Órgano de Control Institucional (OCI), procuraduría y concejo municipal, así como animar las veedurías ciudadanas locales.
En el caso de las contrataciones menores o iguales a 8 UIT (S/ 36.800), se debe promover que las municipalidades cuenten con directivas para este tipo de contrataciones.

Elías advierte que, si bien existen mecanismos de control y supervisión, como la Contraloría de la República y la Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), estos no cuentan con los recursos suficientes para hacer un seguimiento detallado.

Por ello, recalca que es importante la vigilancia y la denuncia ciudadana para atender los riesgos específicos existentes en las contrataciones públicas.

De otro lado, recalca que se debe poner especial atención al hecho de que las municipalidades visibilicen su plan anual de contrataciones, actualicen la información de los procesos de contratación en los portales de transparencia de la municipalidad y del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), ejecuten los impedimentos para contratar con el Estado, y verifiquen la certificación de los técnicos y/o profesionales encargados de los procesos de contratación en la institución.

Cambios normativos recomendados

Si bien queda claro de que se necesitan cambios normativos para luchar contra la corrupción, Elías refiere que el problema no es la norma en sí, sino su implementación y ejecución, debido a que muchas leyes nacen “muertas” por falta de presupuesto y otras no se instituyen por falta de interés. Al respecto, recomienda algunas medidas:

Se debe dejar sin efecto que la designación y la remuneración de los procuradores públicos municipales estén a cargo del alcalde y la municipalidad, respectivamente. Lo mismo sucedía con los jefes de OCI que, actualmente, son responsabilidad de la Contraloría.
Se deberían determinar otras estrategias tecnológicas para cumplimentar la información de los supuestos excluidos en el Seace, como la descripción del contrato, el resultado, así como que las entidades puedan publicitar estas convocatorias a través de la misma plataforma para darle un alcance nacional (como con las licitaciones públicas).
Se pueden evaluar las capacidades y recursos con que cuentan los concejos municipales para realizar labores de legislación y fiscalización, y promover acuerdos internos.

Estudios

Sobre el estudio “Municipalidad y lucha contra la corrupción: el caso de Lima Norte”

En este libro, Lorena Elías identifica las situaciones adversas en la gestión municipal que pueden ser susceptibles de corrupción: mal uso de los recursos (pago a través de cheques, retención de dietas a los regidores para pagos partidarios), incumplimiento de las normas (vehículos municipales sin SOAT), contratación y ejecución de obras dirigidas, entre otros. Además, en el caso de los funcionarios públicos, en ocasiones, impera el desconocimiento y la falta de responsabilidad que terminan siendo observados y sancionados administrativa y penalmente.

Sobre el estudio Municipalidad y contrataciones públicas: el caso de las 8 UIT en Lima Sur

Lorena Elías explica que si bien las contrataciones menores o iguales a 8 UIT (supuesto excluido) expresan flexibilidad en una administración pública donde normalmente la flexibilidad escasea, las municipalidades de Lima Sur presentan “reiterancias” en las órdenes de compras y servicios por este tipo de contratación. Asimismo, la mayoría de los proveedores contratados por montos iguales o menores a 8 UIT brindan servicios y no bienes, que, en muchas ocasiones, son contrataciones de personal administrativo, en su mayoría, por períodos cortos que podrían indicar dificultades en la planificación y ejecución de los servicios municipales.