Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL: El Estado peruano ha dado un mensaje erróneo a los inversionistas nacionales y extranjeros
La Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresa su profunda preocupación por las acciones iniciadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su procurador, al haber demandado la nulidad del artículo 2° de la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0008-2021-APN/DIR, del 10 de febrero de 2021, mediante la cual se otorgó a la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria.
Una acción como la que se ha iniciado ante el Poder Judicial es percibida como una declaración pública de que no existe seguridad jurídica alguna respecto a las decisiones que la propia administración pública peruana adopta, lo que afecta severamente el entorno de inversiones.
La Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL considera que el mensaje que el Estado peruano ha dado a los inversionistas, nacionales y extranjeros, es totalmente erróneo, lo que desalentará potenciales inversiones y traerá, consecuentemente, un estancamiento.
Basados en la resolución de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), los inversionistas han actuado bajo un esquema económico que preveía unas condiciones de operación automatizada en su mayor parte, lo que en la práctica hace muy difícil que puedan participar terceras empresas para realizar dichas labores. De acuerdo a lo manifestado por la propia empresa, de haberse conocido que no se tendría dicha exclusividad, se hubiera considerado un esquema operativo distinto con otro escenario económico.
Afirmar que la legislación no contempla adecuadamente la participación del sector privado en las actividades portuarias, que la entidad pública se excedió en sus facultades y pretender buscar su nulidad, tres años después de emitida la citada resolución y efectuadas las inversiones de la primera etapa, envía a los actuales y a potenciales inversionistas el mensaje totalmente negativo de que no hay certeza sobre las decisiones emitidas por las autoridades públicas en el país.
El Estado peruano debe promover las inversiones y está obligado a mantener el marco jurídico bajo el que se suscriben los compromisos adquiridos en su momento.
Con total transparencia se debe exponer oportunamente los problemas que hubiera para que se realicen las adaptaciones necesarias siempre dentro del marco jurídico para las inversiones nacionales y extranjeras, que son las que generan empleo, divisas, recaudación de impuestos y el desarrollo del país.
Ninguna institución del Estado debe entorpecer el crecimiento del Perú y de su infraestructura. Por ello, la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la CCL demanda una marcha atrás en el pedido de nuestras autoridades ante el Poder Judicial.