CCL demanda al Gobierno enfrentar crisis de inseguridad que amenaza vida de ciudadanos

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) demandó al presidente Pedro Castillo enfrentar con firmeza la crisis de inseguridad que azota al país, lo cual pasa por designar hoy mismo un ministro del Interior con autoridad, liderazgo y conocimiento del sector, así como al nuevo Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), pues es urgente proteger la vida de millones de ciudadanos y empresarios que están a merced de la delincuencia.

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Teniente General (r) PNP Vicente Romero Fernández, advirtió que no se está tomando debida atención al hecho que el incremento de la incidencia delictiva en Lima, Callao y otras ciudades del país, “atenta contra la vida, la integridad y propiedad de personas y empresas, lo que dificulta el normal desarrollo de sus actividades”.

“Es muy grave lo que está ocurriendo. No ayuda en nada declarar en emergencia Lima y Callao sin un plan concreto de cómo las Fuerzas Armadas van a apoyar a la Policía Nacional. No conocemos si existe un planeamiento, metas ni protocolos y procedimientos de cómo se dará esta labor conjunta”, anotó Romero Fernández.

Añadió que hay formas de planificar la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, de modo que su presencia sea favorable en el combate al crimen y se evite posibles excesos.

Consideró que quien sea designado como nuevo ministro del Interior debe ser una persona que conozca la realidad del país y de preferencia que conozca también el sector, pues no hay que olvidar que la Policía Nacional no solo es quien lucha contra la inseguridad ciudadana, sino también la que articula acciones con las autoridades de otros sectores, gobiernos regionales y municipales en esta tarea.

Romero Fernández cuestionó que no se haya designado hasta el momento a los generales de la PNP en sus nuevos cargos para el 2022, una tarea que siempre se hacía a fines de cada año, de modo que estos oficiales asumían sus funciones desde el 1 de enero.

“Asimismo, hay que considerar que hasta el momento han fallecido 782 policías, como consecuencia de la COVID-19 y hay una cantidad aún contagiada que no ha sido tomada en cuenta por el Estado”, subrayó.