Alejandro Jiménez: “Organismos reguladores deben tener total autonomía”

¿Cuál es el objetivo de los organismos reguladores?

Los reguladores económicos como el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) –que están directamente involucrados con las inversiones, por más que Sunass esté más por el lado público–, generan condiciones de competencia de la adjudicación que hacen sobre los servicios que brinda el concesionario, garantizando la calidad de dichos servicios.

 

En esta época de pandemia, los servicios que brindan estos reguladores han funcionado bien, en especial el de las telecomunicaciones. Por ejemplo, los servicios de internet, que fueron los de mayor demanda para el teletrabajo, cumplieron con su objetivo.

 

¿Cree que los reguladores están cumpliendo con su función?

Sí, porque dada a la coyuntura, en el caso de Osiptel, prohibió que se suspendieran las líneas telefónicas por falta de pago durante el confinamiento que duró casi cuatro meses.

 

Por el lado de las tarifas eléctricas y el agua, si bien las empresas tuvieron problemas de cálculos acumulados por mes de estos servicios, se tiene que reconocer que las familias incrementaron su consumo por la cuarentena obligatoria y esto se vio reflejado en sus recibos.

 

Sin embargo, estas compañías sí presentaron problemas de atención al público, a través de sus medios digitales, que aumentaron en esta etapa de crisis sanitaria.

 

¿Cómo considera que va el proceso de digitalización de las empresas supervisadas por los reguladores?

Ahí hay un tema pendiente. Más que la digitalización, porque esta es posible siempre y cuando haya cobertura y conectividad, no podemos perder la oportunidad de tomar conciencia de que, a raíz de la emergencia, hemos encontrado que –en el caso de las telecomunicaciones– hay gran cantidad de peruanos que no tienen conectividad y, por ende, no cuentan con acceso a la telemedicina, teletrabajo y teleeducación.

 

Hay mucho por hacer por la inversión digital y, para ello tiene que haber una agenda nacional, por lo menos de las telecomunicaciones, donde participen el sector público, privado y la academia, para ver de qué manera se amplía la cobertura a todo el país.

 

Ahora que el estado está funcionando digitalmente, cómo hace una persona que no tiene acceso a las telecomunicaciones para saber cómo está su expediente, su pedido o reclamo. (Esta falta de cobertura y acceso a internet) trae como resultado que la brecha digital se agrande en lugar de reducirse.

 

 

El Congreso investigará presuntas irregularidades cometidas por los organismos reguladores. ¿Qué opinión tiene sobre el tema?

La iniciativa partió, primero, para investigar los sobrecostos de las medicinas y de las clínicas durante la emergencia. No obstante, el Pleno del Congreso aprobó una moción que que otorgó facultades de comisión investigadora a la Comisión de Defensa del Consumidor, por hasta 180 días, con el fin de indagar en torno a la actuación de los organismos reguladores del Estado durante los últimos cinco años.

 

Existe un prejuicio establecido en la misma moción que dice que los reguladores han estado por encima de las empresas y del consumidor. Entonces, si parten de ese precepto, ya hay un sesgo que los descalifica.

 

 

¿Se agrava más porque estamos ad portas de las elecciones presidenciales?

Lógicamente que sí, porque van a investigar a los organismos reguladores durante 180 días. Ello vence en febrero, a dos meses de la elección presidencial.

 

Y no solamente es eso, sino que van a recomendar cambios en la normatividad de los operadores para favorecer al usuario, pero el regulador tiene que mantener un equilibrio y no dejarse copar por el Estado –llámese poder político– Poder Ejecutivo o Poder Legislativo.

 

Aquí, el regulador tiene la difícil tarea de ver el equilibrio entre la inversión y el usuario. Pero, si el Congreso se pone en uno de los lados de la balanza, va a romper esta igualdad ocasionando el alejamiento de las inversiones.

 

 

¿Existen “vacíos legales” en las reguladoras que no les permite cumplir su función?

Quizá el vació más grande es la falta de autonomía. En vez de estar pensando en recortarles dicha facultad, deberían darles total autonomía como tienen los entes constitucionales como la Defensoría del Pueblo o el Banco Central de Reserva (BCR).

 

De esa manera evitaríamos el manejo político también del gobierno de turno o de la mayoría del Congreso. Pero sí, los reguladores tienen que hacer su propio esfuerzo transparentando su gestión de cara a la sociedad y mejorar los sistemas de reclamos.

 

¿Qué medidas correctivas tendrían que tomar los reguladores?

Trabajar más en las resoluciones de reclamos de los usuarios de forma más cercana, llegando a ellos con una mayor información de sus quejas y pedidos que generan diariamente.